La aprobación del nuevo Código Penal ha encendido el debate sobre los límites entre la protección del honor y la garantía de la libertad de expresión. Mientras sus defensores sostienen que fortalece el marco jurídico del país, diversos sectores advierten que algunas de sus disposiciones podrían afectar el ejercicio del periodismo, la denuncia ciudadana y el derecho de la sociedad a estar informada.
Entre quienes han expresado preocupación figuran la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (Adecom), entre otros, aunque cada entidad ha planteado observaciones desde perspectivas distintas.
Persio Maldonado: "No se puede responder a la tecnología con un garrote"
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, considera que el Código Penal intenta ofrecer una respuesta equivocada al ecosistema digital y al auge de las plataformas virtuales.
A su juicio, la realidad tecnológica es irreversible y no puede enfrentarse mediante normas que, en la práctica, limiten la libertad de expresión.
"Los legisladores han tratado de dar una respuesta y posiblemente muchos del entorno político están convencidos de que esa es la vía: salir con un garrote y darle a todo el mundo para que se calle. Y eso no es posible", expresó durante una entrevista.
Maldonado sostuvo que toda democracia debe proteger simultáneamente derechos como el honor, la intimidad y la libertad de expresión, pero mediante normas objetivas y proporcionales.
En ese sentido, afirmó que el país mantiene una deuda legislativa en cuanto al desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, de manera que los tribunales cuenten con reglas claras para interpretar sus alcances.
El presidente de la SDD advirtió que el uso de sanciones penales podría generar miedo y afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
"La prisión es como un regreso al primitivismo. Eso no le luce a una democracia como la República Dominicana", sostuvo.
También diferenció el ejercicio periodístico de la denominada "difamación extorsiva", señalando que quienes utilizan la comunicación para chantajear cometen un delito que debe perseguirse penalmente, pero que esa conducta no puede confundirse con el trabajo legítimo de periodistas y ciudadanos.
"El extorsionador es un criminal. El que ejerce el periodismo y la libertad de expresarse es otra cosa. Ese es un derecho intrínseco de las personas", afirmó.
Un planteamiento reiterado en su editorial
Las declaraciones de Maldonado coinciden con las ideas expuestas recientemente en su editorial del miércoles 8 de julio, titulado "Acciones inaceptables", en el que sostuvo que el debate sobre la libertad de expresión debe abordarse desde la defensa de los derechos fundamentales y no mediante mecanismos que puedan generar censura o autocensura.
En ese texto insistió en que la democracia exige una ciudadanía con capacidad de cuestionar a quienes ejercen el poder y recordó que los funcionarios públicos, por la naturaleza de sus cargos, están sujetos a un mayor nivel de escrutinio que los ciudadanos particulares.
El CDP anuncia acciones para impulsar una revisión
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas, aseguró que el gremio asumirá una posición activa para procurar que sean revisadas las disposiciones del nuevo Código Penal que, a su juicio, afectan el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Durante una actividad celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pérez Novas afirmó que el CDP no permitirá que se vulneren los derechos consagrados en la Constitución y anunció que la organización trabajará junto a otros sectores para impulsar cambios a la legislación.
"El Colegio Dominicano de Periodistas está de pie y, con él, una serie de organismos que, sin lugar a dudas, haremos y lograremos que sea revisado este Código Penal, de manera tal que ningún compañero sienta que le han puesto un zipper para que pueda decir las cosas que debe decir", expresó.
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El dirigente gremial aclaró que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar prácticas alejadas de la ética profesional. En ese sentido, sostuvo que su llamado está dirigido a los periodistas comprometidos con los principios de la profesión y con el ejercicio responsable de informar.
"No nos referimos a las sandeces que algunos medios tienden a decir, ni a la incapacidad de aplicar la ética. Hablo para ustedes, los que abrazan la ética, los principios y el ejercicio responsable del periodismo", manifestó.
La academia advierte sobre una "involución"
La presidenta de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (Adecom), Cándida Díaz, también manifestó preocupación por los efectos que podría tener la legislación sobre el ejercicio periodístico.
A su juicio, si el Código Penal permanece tal como fue aprobado, República Dominicana "va a involucionar", al considerar que podría desalentar las investigaciones periodísticas y las denuncias de hechos de interés público.
"Con relación a la ley de expresión del pensamiento, para el periodista es un peligro, porque ya él no puede decir lo que ve. Esto se convierte en un peligro para la democracia", expresó.
Díaz cuestionó que determinadas disposiciones puedan interpretarse como una protección especial para funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano. Como ejemplo, planteó el caso de un servidor público que, tras asumir un cargo, exhiba un patrimonio incompatible con sus ingresos.
"Si un político de repente aparece con una gran mansión, vehículos de lujo y una cantidad de bienes que antes no tenía, ¿cómo el periodista no lo puede denunciar?", se cuestionó.
La académica recordó que numerosos casos de corrupción han comenzado gracias a denuncias periodísticas o ciudadanas, por lo que advirtió que cualquier norma que genere temor a publicar información podría afectar esos procesos.
"Muchos casos de corrupción se han comenzado a investigar por denuncia. Si el periodista siente que lo van a intimidar, dejará de denunciar", afirmó.
Asimismo, sostuvo que el nuevo marco legal podría incentivar la autocensura.
"Todo el mundo se va a sentir intimidado. El periodista siempre será el más vulnerable y eso pone en peligro la democracia", agregó.
Participación Ciudadana pide eliminar disposiciones que considera restrictivas
El movimiento cívico Participación Ciudadana también ha expresado reservas sobre varios artículos del Código Penal.
La organización considera que algunas disposiciones podrían restringir la libertad de expresión, limitar el acceso a información de interés público y afectar el trabajo de periodistas, comunicadores y ciudadanos que denuncian posibles actos de corrupción o irregularidades en la administración pública.
Por esa razón, ha solicitado revisar los artículos que, a su juicio, podrían producir un efecto inhibidor sobre el debate público y el control social que ejercen la prensa y la ciudadanía.
Finjus favorece ajustes para evitar conflictos constitucionales
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha mantenido una posición favorable a la modernización del Código Penal, pero ha planteado la necesidad de revisar algunos aspectos relacionados con derechos fundamentales.
Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, ha señalado que toda legislación debe armonizarse con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, evitando que se produzcan conflictos entre la tutela del honor y el derecho ciudadano a informar y ser informado.
La entidad entiende que cualquier norma penal debe preservar el equilibrio entre la protección de la dignidad de las personas y el libre ejercicio de las libertades públicas.
Poder Ejecutivo deposita proyecto para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal
En medio de los cuestionamientos sobre los posibles efectos del nuevo Código Penal en la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y otros derechos fundamentales, el Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone modificar 18 artículos de la Ley núm. 74-25.
La iniciativa fue remitida a una comisión bicameral para su estudio y surge luego de varios días de críticas, protestas y llamados de distintos sectores para revisar disposiciones consideradas restrictivas o ambiguas.
Tras conocerse el depósito del proyecto, diversos sectores de la sociedad se encuentran evaluando el alcance de las modificaciones planteadas y si estas responden a las preocupaciones expresadas en torno a la libertad de expresión, la difamación, la injuria, el ultraje y la protección del ejercicio periodístico.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (Adecom), Cándida Díaz, saludó la decisión del Ejecutivo de atender la insatisfacción expresada por la población y escuchar al pueblo dominicano.
Díaz manifestó que estaría de acuerdo con las modificaciones siempre que no atenten contra la democracia, la libertad de expresión ni el ejercicio del periodismo. A su juicio, cualquier ajuste debe preservar el derecho de los periodistas y ciudadanos a denunciar hechos de interés público sin temor a represalias desproporcionadas.
El depósito del proyecto introduce una nueva etapa en la discusión, pues los sectores que habían reclamado cambios deberán ahora determinar si las propuestas corrigen de manera suficiente los aspectos que consideran lesivos para la libertad de expresión y el derecho a la información.
Un debate que trasciende al periodismo
El debate generado por el nuevo Código Penal trasciende al sector periodístico y se inserta en una discusión más amplia sobre la calidad democrática, el acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar la gestión pública.
Mientras el Congreso y distintos sectores continúan analizando el alcance de la nueva legislación, organizaciones periodísticas, académicas y de la sociedad civil insisten en que cualquier reforma debe garantizar que la protección de derechos individuales no termine limitando la libertad de expresión, la investigación periodística y la denuncia de hechos de interés público.
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