El magistrado Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, finalmente emitió su decisión sobre el caso Jet Set y las personas imputadas como responsables de las muertes de 236 personas y 180 personas heridas o lesionadas.
Una decisión difícil, según el propio magistrado, pues teniendo la responsabilidad de decidir el envío o no a juicio de fondo de los imputados por el Ministerio Público, y determinar la calificación penal que aplicaría al juicio de fondo, estaba ante una decisión de trascendencia.
Tantas muertes, tantas familias lesionadas, mutiladas, tantos hijos huérfanos, tantas vidas productivas truncadas, decidir sobre el curso que debía tomar la justicia no era, ni puede ser, en ningún lugar del mundo, una tarea sencilla.
La responsabilidad penal de los propietarios del centro de diversión está clara, y por tanto Mejía Zorilla decidió mantener las medidas de coerción existentes, enviarlos a juicio de fondo, y acoger la solicitud del Ministerio Público de que se trató de homicidio involuntario. Sin importar la cantidad de personas muertas o lesionadas. La causa, según el magistrado, que una de las imputadas, Maribel Espaillat, encontraba en el lugar la noche de la tragedia el 8 de abril de 2025, y ella y algún pariente suyo resultados lesionados. Nadie puede decir que ella voluntariamente haya accionado para que el siniestro se produjera.
Los familiares de las víctimas han sido insistentes, y siguen haciéndolo, al reclamar una calificación más severa, como homicidio voluntario, alegando que los propietarios conocían del deterioro del local, de las filtraciones, del peso que tenía el techo, y del daño que podría ocasionar, y no actuaron en consecuencia para evitarlo.
El juez del Primer Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional decidió que la calificación del Ministerio Público era la correcta. Pero no se quedó sólo con esa calificación, informó que indagó sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que los abogados de la parte perjudicada presentaron como elementos probatorios de que ya la jurisprudencia dominicana había asumido posiciones sobre homicidios voluntario y no voluntario, y concluyó que eran casos que no aplicaban al de Jet Set.
El Ministerio Público ha quedado satisfecho con la decisión del juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, pero las familias que representan a las víctimas y sus abogados rechazan la calificación.
Y niegan que la justicia dominicana esté bien orientada, y que los tribunales están al servicio de las personas adineradas y con cierto poder. En este caso el poder del dinero y el poder de la propiedad de medios de comunicación. Alegan que las cárceles están repletas de pobres que no han tenido defensa en los tribunales.
Lo que vaticinan es que con esa calificación los hermanos Espaillat apenas tendrían posibilidad de ser condenados a dos años de prisión, y que eso es como si se tratara de una ganga, de un espectáculo de mal gusto, de un abuso de poder, porque la justicia se coloca al lado de los que tienen poder y dinero y que este caso no es la excepción.
Una cosa es notoria: Nunca antes ningún caso había tenido tanta repercusión social, tantas actividades masivas, tantas jornadas ni tantos reclamos de los familiares de las víctimas. Pese a la estrategia de negociación y convencimiento de los abogados de los hermanos Espaillat, para llegar a acuerdos con los familiares de las víctimas, hay familias y abogados que se niegan a acuerdos, de ningún tipo, para exculpar de responsabilidad a los propietarios del centro de diversión Jet Set.
Esta tragedia es demasiado dolorosa para que haya olvido, para que todos queden tranquilos en sus casas llorando la ausencia de sus seres queridos. La justicia no puede devolver las vidas de las víctimas, pero puede aplicar la racionalidad moral y humana para tomar sus decisiones. El rasero de la justicia puede llegar a consolar a las víctimas, pero sólo a eso, a un consuelo de que quienes fueron culpables, o ellos identifican como tales por la desaparición trágica de sus seres queridos, sean juzgados y sancionados como corresponde. Lo otro es que la razón o sin razón de la venganza no forma parte del concepto de justicia en ningún código.
Un dilema que aplica al juez del Primer Juzgado de Instrucción y al Tribunal Colegiado conozca el juicio de fondo por el caso Jet Set. Una difícil y compleja decisión, ahora facilitada por el magistrado Reymundo Antonio Mejía Zorrilla.
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