El costo de una guerra que no es nuestra: cómo el conflicto Irán-Israel le quita US$ 900 millones al bolsillo dominicano

República Dominicana cerrará 2026 con una factura energética de US$ 5,400 millones, unos US$ 900 millones por encima de lo que el Gobierno presupuestó a inicios de año. La causa directa es el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que redujo a la mitad la producción de los principales países exportadores del Golfo Pérsico y disparó los precios del crudo. El país importa prácticamente el 100% del petróleo que consume, lo que convierte cada escalada en los mercados internacionales en un problema fiscal y de costo de vida inmediato.

La gasolina premium está en RD$ 323.10 por galón —precio que el Gobierno congeló en la fijación del 22 de mayo con un subsidio de RD$ 1,588.5 millones. La inflación interanual llegó a 5.11% en abril, por encima del límite superior de la meta del Banco Central. Y el 62.9% de los dominicanos califica la situación económica como mala o muy mala, según la más reciente encuesta Gallup.

Lo que dice el Banco Central

El Banco Central publicó esta semana su análisis oficial del choque petrolero bajo el título "República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta". El diagnóstico es técnicamente sólido y, en varios puntos, más revelador de lo que parece a primera vista.

El conflicto ha golpeado la oferta global de forma severa. Los ataques a infraestructura energética y la interrupción parcial del tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del consumo mundial de petróleo— redujeron la producción de Arabia Saudita, Irak, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos desde unos 22 millones de barriles diarios antes del conflicto hasta cerca de 11 millones al cierre de abril. Esos cinco países representan el 26% de la oferta global. La Agencia Internacional de Energía proyecta una demanda de 104 millones de barriles diarios frente a una oferta de apenas 95 millones: un déficit que presiona los precios hacia arriba.

En ese contexto, la factura energética de República Dominicana —el costo total de toda la energía que consume la economía: electricidad, combustibles, gas— se ubicará al cierre de 2026 en torno a los US$ 5,400 millones, unos US$ 900 millones por encima de lo presupuestado a inicios de año. Para un país que importa prácticamente el 100% del petróleo que consume, ese sobrecosto no es un dato macroeconómico abstracto: es una sangría de divisas que presiona el tipo de cambio, el presupuesto y, en última instancia, el costo de vida.

La inflación interanual ya llegó a 5.11% en abril, ubicándose por encima del límite superior del rango meta del BCRD (4.0% ± 1.0%). La institución proyecta que cerrará el año en torno al 4.5% —si el choque resulta transitorio, como espera— y que el déficit de cuenta corriente pasará del 1.1% del PIB inicialmente previsto a cerca del 2.0% del PIB.

El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% y califica el choque como "transitorio", apoyándose en que la curva de futuros del petróleo WTI muestra precios proyectados por debajo de US$ 80 por barril hacia diciembre de 2027. También pospuso hasta enero de 2027 el retorno de RD$ 46,000 millones en facilidades de liquidez que vencían en junio, para evitar una contracción abrupta del crédito.

La familia de clase media: más luz, más gas, más todo

Para un hogar de clase media en Santo Domingo —con aire acondicionado, nevera, lavadora y un vehículo— el impacto ya es perceptible en varios frentes simultáneos.

Gasolina. El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes congeló los precios de los combustibles en la fijación del 22 de mayo con un subsidio de RD$ 1,588.5 millones. La gasolina premium se mantiene en RD$ 323.10 por galón, la regular en RD$ 305.10, el gasoil óptimo en RD$ 275.10 y el regular en RD$ 221.10. El GLP y el gas natural también se mantienen sin variación. Sin ese subsidio, los precios serían significativamente más altos: el galón de premium habría subido hasta RD$ 9.00 en una sola semana a inicios de mayo, antes de que el Gobierno absorbiera el alza.

Electricidad. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, confirmó que el Estado destina entre RD$ 1,500 y RD$ 1,600 millones semanales en subsidios a combustibles. Esa cifra, proyectada al año, representa una presión fiscal de proporciones que el presupuesto original no contemplaba y que ya obligó al Gobierno a presentar un plan de recorte de RD$ 40,000 millones en al menos once partidas del gasto público.

Gas propano. El GLP se mantuvo sin variación en la última fijación de precios, pero los analistas advierten que esa estabilidad es frágil si el conflicto se prolonga. Para las familias que cocinan con gas —la mayoría de los hogares dominicanos— cualquier ajuste golpea directamente el presupuesto semanal.

El colmado, el transportista y la pyme: la cadena del dolor

El alza del petróleo no llega sola. Viaja dentro de cada camión de reparto, de cada factura de electricidad de un negocio, de cada flete que sube porque el gasoil es más caro.

Los transportistas son el eslabón más visible. El presidente Abinader convocó a una mesa permanente con el sector para evitar que el alza de combustibles se traslade al costo del pasaje. El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes estima una inversión adicional de RD$ 800 millones para sostener esa contención. Pero los choferes de concho y autobús saben que el subsidio tiene fecha de vencimiento, y que mientras tanto su margen de ganancia se reduce semana a semana.

Los colmados y pequeños negocios enfrentan una presión doble: sus costos de operación suben —electricidad, transporte de mercancía, refrigeración— mientras sus clientes tienen menos poder adquisitivo. La cadena de suministro de alimentos, que depende del diésel para mover productos desde las zonas de producción hasta los puntos de venta, ya registra encarecimientos que se trasladan al precio final.

Las pymes son quizás las más vulnerables. Sin capacidad de negociación con proveedores ni acceso a los subsidios que reciben los grandes consumidores industriales, muchas absorben el golpe reduciendo márgenes o trasladando costos al consumidor. El resultado, en ambos casos, es el mismo: menos actividad económica.

¿Por qué seguimos tan expuestos?

República Dominicana lleva décadas sabiendo que su dependencia del petróleo importado es una vulnerabilidad estructural. Cada crisis —la de los años 70, la de 2008, la de 2022 con Ucrania, la de hoy con Irán— lo confirma. Y cada vez, la respuesta es la misma: subsidios de emergencia, recortes presupuestarios y promesas de diversificación.

Los avances existen, pero son insuficientes frente a la magnitud del reto. Según datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), entre 2025 y 2026 el país incorpora más de 1,500 MW de nueva capacidad instalada, con la energía solar como protagonista. La participación de los derivados del petróleo en la generación eléctrica cayó del 45% en 2010 a aproximadamente el 10% en 2025. Son números que merecen reconocimiento.

Pero el gas natural —que hoy representa el 41.4% de la matriz eléctrica— también es importado y también está sujeto a la volatilidad de los mercados internacionales. Y el transporte, la industria y los hogares siguen dependiendo masivamente de combustibles fósiles para moverse y producir. Diversificar la generación eléctrica es necesario, pero no suficiente. El Gobierno impulsa una Política Energética Nacional 2050 que busca redefinir el sector.