El 78% del déficit habitacional en América Latina y el Caribe es cualitativo, según estudio del BID

El informe Metodología Integral para atender el déficit cualitativo de vivienda en América Latina y el Caribe señala que, de los 69.5 millones de viviendas que conforman el déficit habitacional en los 18 países analizados, 15.1 millones corresponden al déficit cuantitativo (DCT), equivalente al 22 %, mientras que 54,4 millones corresponden al déficit cualitativo (DCL), equivalente al 78 %.

La diferencia evidencia un cambio en la naturaleza del problema habitacional. "La crisis ya no consiste principalmente en producir nuevas unidades, sino también en mejorar las viviendas existentes y las condiciones urbanas en las que viven los hogares", señala el organismo internacional.

El déficit cualitativo comprende situaciones que van desde el deterioro físico de las viviendas hasta el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la inseguridad jurídica sobre la tierra. En algunos países, la proporción supera el 90 % del déficit habitacional, entre ellos Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

El problema está relacionado con la informalidad urbana. El estudio estima que alrededor de 86 millones de hogares de la región viven en barrios informales, equivalentes a aproximadamente una cuarta parte de la población urbana, con acceso limitado a servicios básicos y, en muchos casos, sin seguridad jurídica sobre la tierra.

Estas condiciones también reflejan problemas en la planificación urbana y la gestión del suelo. La fragmentación institucional entre los distintos niveles de gobierno y las debilidades de los marcos regulatorios dificultan la densificación de áreas consolidadas y favorecen la expansión de las ciudades hacia zonas periféricas.

El resultado es una mayor segregación socioespacial y una concentración de hogares en zonas con baja conectividad, infraestructura deficiente y menor acceso a oportunidades.

"La vivienda, en estos casos, deja de funcionar plenamente como un activo capaz de generar estabilidad económica y patrimonial para las familias", agrega el BID.

Frente a este escenario, el estudio plantea una estrategia centrada en el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción progresiva de viviendas, complementada con intervenciones en los tejidos urbanos existentes.

"El objetivo es atender las necesidades actuales de los hogares y, al mismo tiempo, evitar que nuevas familias terminen incorporándose a asentamientos informales", señala.

La seguridad de la tenencia ocupa un lugar central en esta estrategia. El fortalecimiento de los derechos sobre la propiedad y la aplicación de instrumentos de gestión del suelo pueden contribuir a estabilizar el valor de los inmuebles y proteger uno de los principales activos de los hogares.

El informe también plantea fortalecer el financiamiento municipal para infraestructura y servicios, mejorar el uso de instrumentos de gestión del suelo e incorporar la gestión de riesgos y desastres en las políticas habitacionales. En zonas donde el riesgo no pueda ser mitigado, los subsidios pueden utilizarse para facilitar procesos de reasentamiento voluntario.

El costo de atender la brecha es considerable. De acuerdo con estimaciones presentadas por el BID, mejorar las viviendas existentes y construir las unidades que necesita la región requeriría alrededor de US$ 1.4 billones, una magnitud que supera la capacidad de inversión de los gobiernos por sí solos.

El desafío, según el estudio, consiste en pasar de una política habitacional enfocada principalmente en construir viviendas a una estrategia más amplia que considere la calidad de las unidades existentes, el acceso a servicios, la seguridad de la tenencia, la integración urbana y la reducción de riesgos.

La discusión cobra relevancia en momentos en que los países de América Latina y el Caribe enfrentan transformaciones demográficas, laborales y urbanas que están modificando las necesidades de los hogares.

El déficit habitacional, por tanto, "no puede medirse únicamente por el número de viviendas que faltan, sino también por las condiciones de habitabilidad y de acceso a la ciudad que enfrentan quienes ya tienen una vivienda".