Los sectores populares en el Gran Santo Domingo

Como dirigente social que fui durante más de dos décadas, y actual asambleísta de Ciudad Alternativa, siempre me palpita la preocupación por el desarrollo territorial, sobre todo, del gran centro urbano del país. De ahí, la presente reflexión con ribetes de desahogo.

El siglo XX fue el siglo de la configuración urbana de lo que hoy llamamos Gran Santo Domingo. Desde luego que pudiéramos decir lo mismo de los distintos centros urbanos del territorio nacional. Intervención estatal, migraciones, esfuerzos mancomunados y autogestionarios han estado a la base de esta consolidación capitalina y su constante crecimiento periférico. Esto ha generado situaciones de hacinamiento, precariedad de servicios básicos y afectación de cuerpos de agua fundamentales para la vida.

Según el último censo nacional realizado en 2022, el número de personas que viven en el Gran Santo Domingo es de 3,798,698, es decir, el 35.2% de los habitantes de la República Dominicana. Esto representa un gran desbalance poblacional respecto a las 30 provincias restantes del país. El dato es preocupante porque también esta población creció cerca de millón y medio de habitantes en doce años, comparado con el censo de 2010 cuando era de 2,374,370. Sin dudas, es una situación generada por la reproducción y la migración. Más aún, entre las causas de esta problemática hay que agregar las siguientes:

La concentración de la inversión pública en la capital del país. Hay quienes la justifican por el número de habitantes, pero, a su vez, eso provoca que dicho centro urbano sea visto como el lugar de mayores oportunidades de trabajo, mientras el campo y los pequeños municipios sean percibidos como territorios con pocas posibilidades de mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, el trabajo rural y en los territorios empobrecidos alejados del gran centro económico del país queda desvalorizado. Asimismo, factores globales de cambio sociocultural y tecnológico impactan cada vez más en la juventud, no solo dominicana sino de todo el planeta. Una muestra de esto es que, en el caso de nuestro país, las últimas generaciones nacidas en el campo prefieren ser “motoconchistas” en centros urbanos, aunque ganen igual o menos que si trabajaran la tierra. Hoy, más que nunca, se prefiere lo urbano como opción de convivencia en un mundo globalizado marcado por el entretenimiento digital y fugaz. De manera que enfrentar esta problemática requiere trascender el ámbito meramente económico y reflexionar sobre la incidencia de los cambios globales en nuestra sociedad.

Lo cierto es que el Gran Santo Domingo no para de crecer poblacional, vertical y horizontalmente. Se trata de un dilatado proceso de construcción y ampliación de la ciudad que implica una gran cuota de autogestión por parte de las familias, el sector privado y luego, a partir de sus demandas, tímidamente va ocurriendo la intervención estatal de manera puntual, fragmentada y con zigzagueante regulación, a través del gobierno central y los débiles gobiernos locales.

Hay que agregar que en las últimas décadas las organizaciones que componen el tejido social comunitario se han ido debilitando o desapareciendo, mientras en sus respectivos ámbitos, los microtraficantes y los riferos, con sus consocios, se disputan el territorio en complicidad con policías y grupos políticos. Han sido los gobiernos los responsables de que en la actualidad haya más de treinta y cinco sorteos de lotería diarios sangrando a las familias más pobres, aunque algunos de ellos se realicen fuera del país. Jugar a la suerte ha sido incentivado por decisiones estatales llevando a la población a vivir en una “ludodemocracia”, pues la cantidad de sorteos va en camino a duplicar las horas del día.

A todo esto, se suma lo más esencial, cinco décadas de democracia en un país con políticos que al llegar a la administración pública colocan mayor esfuerzo en abordar procedimientos democráticos y generar beneficios corporativos y personales que en propiciar justicia y equidad social. Además, en términos generales, realizan una doble concentración de la inversión pública, pues no solo la ejecutan en los centros urbanos sino también en la zona central de dichos centros profundizando así la segregación social y económica mientras los sectores periféricos y populares quedan con algunas intervenciones.

Como resultado, tenemos un Gran Santo Domingo con centros urbanos y periferias de barrios donde se sobrevive a partir de una economía predominantemente informal. En estos sectores populares, familias son beneficiarias de políticas sociales asistenciales y sufren la limitada calidad de los servicios públicos.

Se trata de demarcaciones territoriales que no cuentan con políticas de gestión territorial eficiente y democrática, programas de educación ciudadana y de gestión de residuos sólidos, precariedad en acceso al agua potable y la energía eléctrica; igualmente, ausencia de regulación de los espacios públicos. Así se sobrevive en un contexto con alto grado de hacinamiento, familias desestructuradas, inseguridad ciudadana y problemas de deserción escolar, a pesar de los esfuerzos y avances realizados en las últimas décadas. 

Lo planteado anteriormente significa un cuestionamiento a los fundamentos de la democracia vigente, a la dirigencia política y sus proyectos societarios y también a la dirigencia social y su relación con las autoridades. En consecuencia, en este contexto cabe preguntarse, ¿cuáles son los principales desafíos de cara a la promoción de la justicia y equidad social? De ahí, la importancia de reiterar lineamientos como los siguientes: 

• Potenciar las estrategias de desarrollo regional y provincial, no solo en el Gran Santo Domingo, además de respaldar los planes de desarrollo municipal en todo el territorio nacional. Esto supone generar sinergia entre gobierno central, gobiernos locales, entidades sociales y actores productivos, para mejorar las economías locales y la calidad de vida, lo que puede incidir en la disminución de la migración hacia los centros urbanos.

• Diseñar y desarrollar planes de mejoramiento urbano integral desde el gobierno central y los gobiernos locales con el concurso del conjunto de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Hay propuestas y experiencias que avalan este enfoque, en América Latina y el nuestro país, como la de Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA.

• Desarrollar programas de mejora progresiva de servicios públicos esenciales, saneamientos de cañadas y recuperación de riberas de ríos y de los espacios públicos, a la vez que se regula su uso.

• Reenfocar las políticas sociales para trascender el asistencialismo, de manera que puedan ser orientadas en función de los derechos fundamentales y potenciar el desarrollo de las capacidades personales y de las organizaciones territoriales. Igualmente, fomentar el empleo de calidad, los programas de acceso a vivienda adecuada y la salud preventiva desde el ámbito comunitario.

• Impulsar iniciativas de fomento del cooperativismo, limitar y desincentivar el juego de lotería. Ese debería ser un compromiso ético de los gobernantes y las fuerzas políticas.

• Crear y desarrollar programas destinados a la juventud atendiendo a las necesidades del nuevo siglo, con formación orientada a la inserción productiva y desarrollo en el ámbito sociocultural y tecnológico.

• Desarrollar políticas educativas con énfasis en formación ciudadana. Esto como iniciativa del gobierno central y los gobiernos locales conjuntamente con la corresponsabilidad de las entidades que conforman el tejido social. Esta formación incluiría experiencias vitales en las cuencas de los ríos, las playas, los parques, las comunidades ubicadas en zonas de riesgo como cañadas, entre otras.

Abordar la problemática del Gran Santo Domingo implica una intervención coherente en todo el territorio nacional, un reenfoque de las políticas públicas y una corresponsabilidad de actores en el marco de una gobernanza democrática orientada hacia la justicia social más allá de los programas de gobierno y discursos de campaña.