Según la Policía Nacional, Zeneida Socorro Castillo preparó alimentos y jugos para personas que luego quedaron vinculadas a la investigación de su muerte. La hospitalidad precedió a la violencia. [3]
Zeneida murió en su vivienda de Santo Domingo Este; su esposo, el merenguero Julián Oro Duro, resultó herido. El 25 de septiembre, la Policía informó del apresamiento de cuatro personas presuntamente vinculadas al caso. Según la investigación preliminar, dos de ellas habían mantenido relaciones laborales o de confianza con la familia. Corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad de cada persona. [3] Entre sus familiares dicen que era una mujer amable y generosa, que escuchaba y atendía las necesidades de los demás: a veces como una hermana mayor y otras como una madre. Por eso, el alimento que preparó aquella vez adquiere, ante su muerte, un significado doloroso: ofreció un gesto de cuidado a quienes las autoridades investigan por la violencia que acabó con su vida.
Este caso invita a plantear una pregunta incómoda: ¿qué dice de una sociedad que el encierro pueda imaginarse como una fuente de estabilidad material? No hay una declaración verificable que permita atribuir a ninguno de los investigados la preferencia por la cárcel frente a la calle. Esta reflexión no justifica el crimen ni convierte la pobreza en explicación de la conducta de los implicados.
De ahí surgen dos exigencias. La primera es justicia para Zeneida. La segunda es construir una sociedad donde el alimento, el abrigo y las oportunidades no parezcan más seguros detrás de las rejas que fuera de ellas.
¿Por qué garantizar comida y alojamiento en prisión mientras hay personas libres que carecen de ambos? Porque el Estado, al privar a alguien de libertad, asume el deber de preservar su vida y su integridad. La pena no autoriza el hambre ni el trato degradante. La Constitución dominicana orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social; la Ley núm. 113-21 regula el sistema penitenciario y correccional. En el plano internacional, las Reglas Nelson Mandela establecen condiciones mínimas de alojamiento, higiene, alimentación, agua y atención sanitaria. Cumplir esas obligaciones no es premiar el delito. [4] [5]
La fe cristiana añade otra razón para preservar la dignidad humana: Mateo 25:35-36 reúne la atención a quien tiene hambre y la visita a quien está preso. Esa enseñanza no disminuye el daño sufrido por Zeneida ni exige perdón a su familia. En La palabra que sostiene he reflexionado sobre la necesidad de reconocer el daño y asumir sus consecuencias antes de hablar de reparación. En este caso, ese principio exige verdad y justicia para la víctima, junto con un trato humano para quienes permanezcan bajo custodia. [6] [7]
Quitarle la comida a una persona presa no pondría un plato en la mesa de quien pasa hambre fuera. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando el encierro parece ofrecer alimento y techo con una regularidad que algunas personas no encuentran en libertad? No sabemos cuántas personas piensan así. Pero esa posibilidad cuestiona las condiciones de vida que ofrecemos fuera de la cárcel. La respuesta es ampliar las oportunidades de vivir con dignidad en libertad.
Las cifras nacionales ofrecen contexto, no una explicación de este crimen. Según el Ministerio de Hacienda y Economía, la pobreza monetaria bajó de 19.0 % en 2024 a 17.3 % en 2025. Es una mejora, aunque todavía aproximadamente una de cada seis personas vive por debajo de la línea de pobreza. [1] En el primer trimestre de 2026, el Banco Central situó la informalidad laboral en 54.1 % de la población ocupada. Esa cifra señala la fragilidad que enfrentan muchos hogares para obtener ingresos y protección social estables. [2]
Tampoco conviene idealizar la prisión. Por dentro, es encierro, ruido, penumbra y miedo. Un reportaje publicado en febrero de 2025 indicó que más del 60 % de las aproximadamente 26,000 personas recluidas en el país se encontraban en prisión preventiva. Para esa fecha, La Victoria, concebida para unas 2,100 personas, alojaba a más de 7,000. En marzo de 2024, un incendio en ese penal dejó 13 muertos. Décadas de reportajes han documentado allí hacinamiento, enfermedades y violencia. [8] [9] Ese historial desmiente la imagen de La Victoria como un refugio. Ningún edificio cambia lo esencial del encarcelamiento: la pérdida de la libertad.
La libertad es uno de los bienes más preciados de la persona; después de la vida, quizá el mayor. Cervantes, que pasó cinco años cautivo en Argel, lo expresó por boca de don Quijote: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos […]; y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres». [10] Por eso conviene pensarlo bien antes de delinquir: perder la libertad es una consecuencia grave. Pero advertirlo no basta para prevenir el delito. La investigación criminológica señala que la certeza de ser descubierto suele disuadir más que la dureza del castigo; aumentar su severidad puede tener poco efecto preventivo y la prisión puede agravar la reincidencia. [11] Proteger la libertad exige investigar con eficacia y abrir caminos legítimos para sostener una vida.
Dentro de las prisiones, cumplir las obligaciones básicas es solo el comienzo. La reinserción requiere educación, formación laboral, atención psicológica, tratamiento de adicciones cuando corresponda y preparación para el retorno a la comunidad. Las víctimas, por su parte, necesitan atención y acceso a las vías de reparación previstas por la ley.
Fuera de ellas, prevenir significa llegar antes. Una escuela que advierte el abandono de un estudiante, unos servicios sociales que conocen las necesidades de un hogar y un programa de empleo capaz de ofrecer una oportunidad pueden actuar mejor si coordinan sus esfuerzos. La formación técnica y la atención de salud mental también abren caminos. Nada de esto autoriza a tratar a la niñez pobre como sospechosa: prevenir es una tarea pública; la responsabilidad por un delito corresponde a quien lo comete.
Zeneida merece una investigación rigurosa y justicia conforme al debido proceso. Todos merecemos, además, una sociedad en la que nadie llegue a imaginar la prisión como refugio material. Atender ambas exigencias es proteger la vida y la dignidad.
Fuentes
[1] Ministerio de Hacienda y Economía, «República Dominicana reduce la pobreza monetaria a 17.3 % en 2025», 5 de marzo de 2026.
[2] Banco Central de la República Dominicana, informe sobre empleo del primer trimestre de 2026, 21 de mayo de 2026.
[3] Policía Nacional, comunicado del 23 de septiembre y comunicado del 25 de septiembre de 2026.
[4] Ley núm. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana.
[5] Constitución de la República Dominicana, artículo 40.16; Naciones Unidas, Reglas Nelson Mandela.
[6] Benjamín Amathís, La palabra que sostiene, capítulo 13, pp. 79–81.
[7] Evangelio según Mateo 25:35-36.
[8] Associated Press, «Dominican officials cram thousands of inmates facing no charges into overcrowded prisons», 19 de febrero de 2025.
[9] Listín Diario, «Cárcel de La Victoria: el infierno para vivos que a sus 73 años parece llegar a su final», 23 de noviembre de 2025.
[10] Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, segunda parte, capítulo 58.
[11] National Institute of Justice, «Five Things About Deterrence», 5 de junio de 2016.
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