La cultura: una responsabilidad del poder

La cultura ocupa un lugar frecuente en los discursos de nuestros gobernantes, pero todavía no ocupa el lugar que le corresponde en las prioridades del Estado dominicano. Se reconoce su importancia, se celebran nuestros artistas y se exalta la identidad nacional; sin embargo, persisten las dificultades para convertir ese reconocimiento en políticas públicas, instituciones sólidas y oportunidades para toda la ciudadanía.

Esta contradicción merece una reflexión que trascienda las demandas de los artistas. Lo que está en discusión es la concepción de país que estamos construyendo y la responsabilidad de quienes ejercen el poder político.

¿Puede hablarse de desarrollo cuando el crecimiento económico no se acompaña de educación artística, acceso a la cultura, protección del patrimonio y libertad de pensamiento? ¿Qué responsabilidad tienen nuestros gobernantes, legisladores y funcionarios frente a una sociedad que necesita reconocerse en su historia, fortalecer su identidad y desarrollar su capacidad crítica?

La cultura no es un complemento ornamental del desarrollo ni un asunto exclusivo de quienes trabajan en las artes. Es un derecho ciudadano, una expresión de nuestra diversidad y una condición para construir una sociedad más consciente y democrática.

Desde mi experiencia de años vinculados al teatro, a la creación y a la gestión cultural, considero necesario examinar críticamente la relación entre el poder y la cultura en la República Dominicana. No para confrontar por confrontar, sino para señalar responsabilidades, cuestionar decisiones y trazar un camino distinto.

Porque un país no se construye solamente con lo que sus gobiernos hacen, sino también con el apoyo que ofrecen a sus creadores y con las oportunidades que garantizan a sus ciudadanos para pensar, crear y participar libremente.

Cuando la cultura sólo  se convierte en discurso

PALACIO DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO, 1956. Inaugurado el 15 de mayo de 1956, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su imponente arquitectura neoclásica lo convirtió en uno de los principales espacios destinados a la promoción y presentación de las artes en la República Dominicana.

En nuestra vida política, la cultura suele alcanzar protagonismo durante las celebraciones patrióticas, los aniversarios institucionales, las inauguraciones, los actos oficiales y el año electoral. Se pronuncian discursos sobre la identidad, se reconoce el talento nacional, se invoca el valor de nuestras tradiciones y los artistas. Pero, una vez terminada la ceremonia o juramentadas las autoridades, la pregunta permanece: ¿qué decisiones concretas respaldan esas palabras?

La distancia entre el discurso y la acción es uno de los problemas centrales. La cultura requiere planificación, presupuesto, instituciones capaces, continuidad administrativa y una visión que no dependa del calendario electoral ni de la voluntad particular de un funcionario.

La clase política suele medir el desarrollo a través de indicadores económicos, inversiones, infraestructura y crecimiento. Son asuntos legítimos y necesarios. Pero ninguna sociedad alcanza un desarrollo verdaderamente integral si descuida la formación de sus ciudadanos, la creación artística, la memoria histórica y la capacidad de pensar críticamente.

Alcanzar el grado de inversión puede ser una meta económica importante. Alcanzar un mayor grado de desarrollo humano y cultural debe ser también una aspiración nacional.

No se trata de enfrentar la cultura con otras prioridades del Estado. Se trata de comprender que una sociedad necesita escuelas, hospitales, carreteras y empleos, pero también necesita bibliotecas, teatros, museos, espacios públicos vivos, educación artística y estabilidad para los responsables de crear. No son objetivos incompatibles: forman parte de una misma idea de bienestar.

El poder y la libertad de crear

María Martínez y Rafael Trujillo bailando merengue.

La relación entre poder y cultura nunca ha sido neutral. A lo largo de nuestra historia, la creación artística ha servido para exaltar gobiernos, construir relatos oficiales, preservar la memoria y cuestionar las estructuras dominantes.

Durante la dictadura de Trujillo, la cultura también fue utilizada como instrumento de legitimación política y de promoción de una determinada visión de la identidad nacional. En medio de ese contexto, distintas expresiones intelectuales y artísticas procuraron preservar espacios de autonomía, renovación estética y libertad creadora.

La Poesía Sorprendida, surgida en la década de 1940, representó una búsqueda de renovación estética y apertura universalista en un ambiente político restrictivo. Su trayectoria recuerda que la creación puede defender su independencia incluso en circunstancias adversas.

La caída de la dictadura en 1961 abrió un período de intensas transformaciones políticas y culturales. El golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch, en 1963, y la posterior Guerra de Abril de 1965, seguida por la intervención militar estadounidense, marcaron profundamente a una generación de escritores. artes visuales, artistas e intelectuales.

En ese contexto de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales surgieron y se fortalecieron diversas agrupaciones y movimientos que hicieron de la creación artística un espacio de compromiso, reflexión y participación. Arte y Liberación, La Máscara, La Isla, La Antorcha, el Bloque de Jóvenes Escritores, el Movimiento Cultural Universitario, el Frente Cultural y el grupo literario El Puño, entre otras expresiones, reunieron a escritores, dramaturgos, poetas y artistas que encontraron en la literatura, el teatro, la poesía y otras manifestaciones creativas una vía para expresar sus inquietudes políticas, sociales y humanas. La creación artística trascendió entonces la búsqueda estética individual para convertirse también en una forma de conciencia, expresión crítica y participación en la realidad nacional.

Portada de la revista Última Hora, dedicada a «Siete Días con el Pueblo», histórico Primer Encuentro Internacional de la Nueva Canción, celebrado del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1974 en República Dominicana.

Años después, en noviembre de 1974, Siete Días con el Pueblo reunió a artistas dominicanos y latinoamericanos en una manifestación cultural vinculada a las demandas sociales y laborales de su tiempo. La música y la palabra demostraron que el arte podía convertirse en espacio de encuentro, conciencia y participación.

Estas experiencias recuerdan algo fundamental: la cultura no debe estar subordinada al poder político. Puede dialogar con él, recibir apoyo público y participar en la construcción de políticas nacionales, pero necesita conservar su autonomía para cuestionar, disentir y proponer.

Un gobierno democrático no debe temerle a una obra crítica, a un libro incómodo, a una canción contestataria ni a una expresión artística que interrogue la realidad. La libertad de creación no es una concesión del gobernante: es una garantía que debe proteger el Estado.

Por eso resulta preocupante que las instituciones culturales puedan convertirse en espacios de obediencia política, compromisos partidarios o promoción de la imagen de una administración. Los artistas no deben ser convocados únicamente para adornar ceremonias, acompañar campañas de comunicación o legitimar decisiones oficiales. Su participación debe ser reconocida como parte de una ciudadanía con voz propia.

La creación del Ministerio de Cultura: una conquista que no podemos desvirtuar

Ministerio de Cultura.

La promulgación de la Ley 41-00, el 28 de junio del año 2000, representó un acontecimiento importante para la institucionalización de la cultura dominicana. Con ella se creó la Secretaría de Estado de Cultura, antecedente del actual Ministerio de Cultura, y se estableció un marco institucional destinado a organizar, coordinar y promover el desarrollo cultural del país.

Fue una decisión política del gobierno del presidente Leonel Fernández que reconoció que la cultura necesitaba un espacio propio dentro de la estructura del Estado. No se trataba solamente de organizar actividades artísticas, sino de asumirla como una dimensión fundamental de la ciudadanía, la identidad nacional, la cohesión social y el desarrollo del país.

Sin embargo, más de dos décadas después, debemos preguntarnos si estamos honrando el propósito con el que fue creado este Ministerio.

No podemos seguir permitiendo que una institución de tanta importancia sea tratada como una cuota dentro de los acuerdos y compromisos del clientelismo político. Un ministerio que debe orientar las políticas culturales de la nación no puede convertirse en un espacio para pagar lealtades partidarias, recompensar compromisos electorales o colocar figuras cuya designación no esté respaldada por una trayectoria, una formación y una visión de la responsabilidad que van a asumir.

El Ministerio de Cultura no puede ser una pieza más en el reparto político del poder. Tampoco puede quedar en manos de funcionarios que, aun vistiendo el traje de ministros, no comprendan la dimensión de la institución que están llamados a dirigir. El cargo no debe ser un premio político, sino una responsabilidad pública que exige conocimiento, sensibilidad, capacidad de gestión y compromiso con el desarrollo cultural dominicano.

No se trata de exigir que quien ocupe esa posición sea necesariamente un artista. Se trata de que conozca el sector, comprenda sus necesidades, respete su diversidad y tenga la capacidad de articular una política cultural de alcance nacional. Dirigir el Ministerio requiere algo más que ocupar un despacho y administrar una nómina: requiere visión, planificación, liderazgo y una comprensión profunda de la cultura como derecho ciudadano.

Cada nombramiento que desconozca esos principios debilita la institucionalidad y representa un retroceso respecto del propósito que inspiró su creación en el año 2000. Los artistas, los gestores culturales y la ciudadanía no necesitan un ministerio convertido en escenario de compromisos partidarios. Necesitan una institución que los escuche, los acompañe y genere condiciones para que la creación y la participación cultural puedan desarrollarse.

La Ley 41-00 también estableció principios de participación y descentralización, con la intención de ampliar el acceso a la cultura y fortalecer la gestión en las provincias y los municipios. Su propósito era que la vida cultural dominicana no quedara limitada a los principales centros urbanos ni dependiera exclusivamente de iniciativas aisladas.

Uno de sus mandatos más importantes aparece en el artículo 56, que establece que el gasto público anual en cultura debe alcanzar, de manera gradual y creciente, un mínimo del 1 % del gasto público total estimado. Esa disposición expresa una voluntad legislativa clara: la cultura debe contar con recursos proporcionales a su importancia para el país.

Sin embargo, más de dos décadas después, la distancia entre ese mandato y la realidad presupuestaria sigue siendo motivo de preocupación. El presupuesto aprobado para 2026 asigna RD$4,419.7 millones al Ministerio de Cultura y sus dependencias. Frente al presupuesto general del Estado, esa cantidad representa aproximadamente el 0.27 %. Aunque esta comparación no equivale por sí sola a una medición completa del cumplimiento del artículo 56, permite advertir la limitada dimensión presupuestaria de la institución frente al conjunto del gasto público.

La pregunta no es solamente cuánto se asigna, sino qué lugar ocupa la cultura en las prioridades nacionales, cómo se distribuyen esos recursos y qué resultados se alcanzan con ellos.

La Ley 41-00 abrió una puerta institucional que todavía debemos terminar de consolidar. No podemos conformarnos con haber creado un Ministerio de Cultura; debemos exigir que esté dirigido con visión, profesionalidad y responsabilidad pública. Su existencia no puede reducirse a una estructura administrativa ni su dirección a una recompensa política.

La cultura dominicana merece un Ministerio a la altura de su historia, de sus creadores y de sus ciudadanos. No un ministerio para pagar favores políticos, sino una institución para construir futuro.

Una responsabilidad que no termina en el Gobierno

Palacio Nacional.

La responsabilidad cultural no pertenece exclusivamente al Ministerio de Cultura. Compromete al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a los ayuntamientos, al sistema educativo, partidos políticos y a las instituciones públicas y privadas que inciden en la vida nacional.

El Congreso tiene la responsabilidad de producir un marco legal que favorezca la creación, proteja el patrimonio y garantice condiciones para el desarrollo cultural. Los gobiernos locales deben reconocer que la cultura también se construye en los barrios, los municipios y las comunidades. El sistema educativo debe comprender que formar lectores, espectadores, músicos y ciudadanos sensibles es parte de su misión.

También corresponde a los partidos políticos incorporar la cultura en sus propuestas de país, más allá de las menciones generales de sus programas electorales.

No todos los funcionarios ni todos los políticos actúan con indiferencia. Existen servidores públicos, legisladores y autoridades locales que han contribuido al desarrollo cultural. Pero los esfuerzos individuales no sustituyen una política de Estado. El problema no puede depender de encontrar, cada cierto tiempo, a una persona sensible a la cultura. Debe existir una institucionalidad que garantice su continuidad.

La cultura no puede seguir esperando que el poder descubra su importancia. Es el poder político quien debe comprender que su responsabilidad no consiste solamente en administrar recursos y ejecutar obras, sino en contribuir a la formación de una sociedad capaz de pensar, reconocerse y decidir su futuro.

CONTINUARÁ…

En la segunda parte, «De las promesas a las decisiones», examinaremos las responsabilidades que todavía están pendientes: la debilidad institucional, la distribución del presupuesto, la aplicación de la Ley de Mecenazgo, la educación artística y la necesidad de una política cultural que trascienda los gobiernos. Porque reconocer la importancia de la cultura en el discurso no basta: es necesario convertir ese reconocimiento en decisiones, recursos y oportunidades para todos.

Danilo Ginebra

Publicista y director de teatro

Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad.

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