En el siglo XVI, cuando el reino de España comenzaba a incorporar los territorios que conformaban América, empezó a trazar líneas para dividir esos espacios y luego administrarlos.
Una de esas líneas cruzó la región del salar de Uyuni, en la actual Bolivia.
Casi cinco siglos después, el trazado de esa línea, con las fronteras de Bolivia ya conformadas, sigue generando un litigio limítrofe entre los habitantes de Potosí y Oruro.
Actualmente, en el mundo existen unos 150 litigios limítrofes por territorios que son disputados entre países. Algunos de ellos están en América Latina, donde destacan los conflictos en la región del Esequibo entre Venezuela y Guyana, con una enorme riqueza petrolera, o el archipiélago de San Andrés que genera disputas entre Colombia y Nicaragua.
Pero hay más: los problemas derivados por las arbitrarias líneas fronterizas no solo ocurren entre países, sino también dentro de ellos.
Por caso, en Argentina cerca de 86% de los límites entre provincias carecen de respaldo legal definitivo.
En medio del auge por la explotación de minerales como el litio o de yacimientos de cobre en el centro del país, estos litigios han dejado de ser asuntos que pueden tomarse con liviandad.
"Muchas veces las líneas fronterizas dentro de los países no se trazan con algún rigor científico o legal", le explica a BBC Mundo Christian Ovando, experto en temas limítrofes de la Universidad de Tarapacá, en Chile.
"A esto se suma que viejas disputas que ya se creían resueltas han resurgido debido al descubrimiento de hidrocarburos o de litio, como en el caso argentino. Además, en muchos casos no existe un marco legal definido que permita resolver definitivamente estos litigios", señaló.
En América Latina existen decenas de casos en países como Colombia, Bolivia, México, Brasil y Argentina, donde todavía no se han podido aclarar los límites internos.
1. Punto Put, México
En la provincia de Yucatán, en el sur de México, ocurre un fenómeno limítrofe singular: ante la falta de una línea divisoria clara entre los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, los tres comparten un mismo punto de encuentro.
Este lugar se conoce como Punto Put. Se trata de una construcción abandonada donde confluyen las distintas líneas divisorias en disputa en esta región. El conflicto afecta a cerca de 13.000 personas que viven en un territorio de 240 kilómetros cuadrados y que, en muchos casos, no saben con certeza a qué estado pertenecen.
El origen de este problema se remonta a unos 120 años atrás. En 1902, el entonces presidente Porfirio Díaz creó el territorio federal de Quintana Roo, pero con un inconveniente: ante la ausencia de accidentes geográficos naturales, como montañas o ríos, la delimitación territorial no quedó definida con precisión.
Por eso, según consta en los registros históricos del país, en 1922 se creó una comisión geográfica para resolver el problema. Fue entonces cuando se construyó una estructura denominada Punto de Unión Territorial (PUT).
Pero, de acuerdo con diversos expertos, cada estado terminó ubicando las coordenadas limítrofes según su conveniencia: Campeche lo situó en un lugar llamado Rancho Put; Yucatán, cerca del PUT; y Quintana Roo, donde originalmente había sido fijado el límite en 1902.
Eso generó una serie de territorios en disputa cuyo estatus no está claramente definido, lo que provoca que muchas personas "sin estado" carezcan de acceso adecuado a servicios como salud, educación o internet.
Pero también están en juego decenas de kilómetros cuadrados con importantes recursos naturales y riqueza económica.
"Muchos políticos vienen y prometen que van a resolver el problema. Pero solo quieren los votos, mientras nosotros no sabemos a qué municipio pertenecemos ni ante cuál debemos reclamar nuestros derechos", explicó Alejandro Álvarez, habitante de la zona, al diario El Informador de México.
Actualmente, el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será la instancia encargada de determinar los límites definitivos de esta zona del país.
2. Oruro vs. Potosí, Bolivia
Para muchos historiadores, como el mexicano Arturo Escobar o el británico John Lynch, los límites que impusieron los españoles durante la época colonial se basaron en decisiones arbitrarias, sin considerar a las comunidades que habitaban esos territorios.
Un gran ejemplo de ello ocurrió en la actual Bolivia, especialmente en la región de Uyuni, en el sur del país. Durante la época colonial, España delimitó la zona basándose en una visión administrativa y económica -ya que Potosí era una enorme fuente de riqueza colonial- más que en las comunidades indígenas que la habitaban.
Esa división, consolidada posteriormente con la creación de los departamentos de Oruro y Potosí en el siglo XIX, ha sido objeto de diversos intentos de solución mediante reformas agrarias. Sin embargo, todavía genera conflictos en la Bolivia actual.
La disputa se centra en 100 kilómetros de frontera entre el sur del departamento de Oruro y el norte de Potosí, entre los municipios de Salinas de García Mendoza y Quillacas en Oruro y Coromas en Potosí, que incluye una parte del salar.
En años recientes se han registrado serias disputas en esa zona por el control de las zonas agropecuarias de gran valor productivo, especialmente para el cultivo de quinua, así como por los beneficios económicos asociados a uno de los principales destinos turísticos del país: el salar de Uyuni.
Uno de los conflictos más serios es el de Coroma y Quillacas, que han mantenido fuertes disputas por los territorios del monte Pahua, rico en piedra caliza, principal materia prima para la producción de cemento.
De hecho, entre 2010 y 2012 se registraron violentos enfrentamientos entre habitantes de ambas provincias por el control de este recurso.
A ello se suma el reclamo de sectores de Oruro, basados en registros históricos que datan de la época colonial, que sostienen que ellos tienen derechos sobre una parte del salar, especialmente el que esta cerca del volcán Tunupa. De hecho, en ciertas parte de Oruro al sitio se llama salar de Tunupa.
Potosí, por su parte, considera que este reclamo carece de fundamento, ya que el salar se encuentra íntegramente dentro de su jurisdicción.
Este litigio no ha podido resolverse de manera definitiva porque, de acuerdo con la legislación boliviana, los conflictos limítrofes internos deben solucionarse mediante acuerdos o cabildos entre las partes involucradas.
"En esta disputa hay varios elementos que comparte con otras disputas en la región, como la valoración de quinua y la minería, pero hay un elemento extra: la reivindicación de las comunidades indígenas", señala Ovando.
"Por eso, su resolución, además de los aspectos técnicos, se ve condicionada al consenso social que aportan las bases indígenas autónomas en conflicto", añade.
3. Argentina: el cobre y el litio
El pasado 5 de noviembre, un juzgado argentino decidió remitir a la Corte Suprema una disputa entre las provincias de Salta y Catamarca, en el noroeste, para determinar cuál posee los derechos de explotación sobre una importante mina de litio.
De acuerdo con Esteban Alizzi, geógrafo especializado en cuestiones limítrofes del Conicet, los problemas de límites en esta zona se remontan principalmente a 1943, cuando se disolvió el territorio nacional de Los Andes, que fue repartido entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
"El problema se agravó cuando la actividad minera se expandió sobre dos áreas, el salar de los Diablillos y el salar del Hombre Muerto, donde tanto Salta como Catamarca reclaman derechos de explotación", señala Alizzi a BBC Mundo.
El problema es que, cuando se solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dirimiera esta disputa, el tribunal consideró que la competencia correspondía al Congreso.
Actualmente, cerca de 86% de los acuerdos limítrofes en Argentina, donde existen 23 provincias y un distrito federal, carecen de un sustento legal adecuado.
Para muchos analistas, esta situación resulta especialmente delicada en un país que cada vez desarrolla más proyectos mineros de gran escala, como ocurre entre las provincias de La Rioja y San Juan, donde se encuentran los proyectos Vicuña y Josemaría.
Allí se espera extraer cerca de 390.000 toneladas de cobre al año.
"Creo que todo esto pone en evidencia la importancia de avanzar en la investigación y comparación de casos de disputas limítrofes entre unidades subnacionales, ya que es un tema relativamente poco estudiado, al menos en el caso argentino", explica el experto.
"Este tipo de análisis ayuda a comprender la manera en que interactúan las prácticas de gobierno y gestión con los procesos históricos y económicos en la configuración de los territorios", añade.
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