La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que las 236 víctimas mortales y más de 100 personas heridas del caso Jet Set merecen una respuesta judicial en un plazo razonable, al tiempo que rechazó el contraperitaje solicitado por la defensa, al considerarlo innecesario y jurídicamente improcedente.
Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, la titular del Ministerio Público sostuvo que el órgano persecutor tiene el deber constitucional de garantizar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso se vea afectado por dilaciones indebidas.
Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, expresó.
Reynoso indicó que el caso involucra a unas 400 víctimas entre fallecidos y heridos, además del impacto en sus familias y en la sociedad dominicana, que según dijo exige transparencia y celeridad en la justicia.
Cuestiona contraperitaje
La procuradora calificó como “innecesario” el contraperitaje autorizado por el tribunal, al entender que el expediente contiene pruebas suficientes sobre las fallas estructurales que provocaron el colapso del techo.
Sostuvo que las evidencias indican que los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat tenían conocimiento directo de las deficiencias en la estructura del local, e incluso según afirmó la tragedia pudo evitarse si se suspendía la actividad y se evacuaba el lugar 49 minutos antes del colapso, como reflejan intercambios de mensajes entre los imputados.
Reynoso consideró que la solicitud de nuevos estudios técnicos, incluyendo hipótesis sobre explosivos, carece de fundamento frente a las pruebas existentes.
“Es un ejercicio de especulación técnica que busca desviar la atención y postergar la decisión judicial”, indicó.
Defensa no debe dilatar proceso
La funcionaria sostuvo que la solicitud de contraperitaje constituye una maniobra dilatoria que contradice la evidencia técnica del caso y afecta el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Afirmó que, en escenarios donde existían señales claras de deterioro estructural, la responsabilidad recae en la falta de acciones para mitigar el riesgo, más que en estudios posteriores sobre materiales o condiciones del suelo.
Derecho de las víctimas
Reynoso enfatizó que el debido proceso no es exclusivo de los imputados, sino que también protege el derecho de las víctimas a una justicia oportuna.
“El debido proceso también garantiza que las víctimas no sean sometidas a dilaciones indebidas y que su causa sea conocida bajo criterios de razonabilidad”, sostuvo.
Compromiso del Ministerio Público
La procuradora reiteró que el Ministerio Público ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los imputados y aseguró que continuará vigilante ante cualquier intento de distorsionar los hechos.
“El compromiso es que las víctimas reciban la decisión judicial que merecen”, concluyó.
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