Tribunales conocerán en mayo y junio fallos de casos Calamar, Intrant, Jet Set y Adán Cáceres

Las decisiones judiciales de varios expedientes de alto perfil serán emitidas entre finales de mayo y junio de 2026, incluyendo el caso Calamar, donde el Ministerio Público acusa a una presunta red de desfalcar al Estado con más de RD$19 mil millones.

Los tribunales del Distrito Nacional conocerán entre mayo y junio de este año los fallos correspondientes a varios de los casos judiciales de mayor impacto en la República Dominicana, entre ellos Calamar, Intrant, Jet Set y Adán Cáceres.

Caso contra Rafael Porfirio Calderón

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se reservó para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana, la decisión de la audiencia preliminar seguida al exsenador Rafael Porfirio Calderón, este expediente fue separado del caso Calamar por el estado de salud.

Según la acusación instrumentado por el Ministerio Público, los acusados habrían conformado una estructura que desvió fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, causando un perjuicio económico superior a los RD$19 mil millones.

La acusación también establece que parte de esos recursos habría sido utilizada para el pago de sobornos y el financiamiento de la campaña electoral del año 2020.

Caso Calamar

Ese mismo 29 de mayo, pero a las 3:00 de la tarde, el tribunal dará a conocer si envía a juicio de fondo a los implicados en el caso Calamar.

El caso Calamar fue puesto en marcha en 2023, cuando el Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, a quienes se les imputan cargos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.

Caso Intrant

En tanto, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el próximo 5 de junio la lectura de su decisión en el caso Intrant.

El caso Intrant involucra acusaciones por presunta corrupción, desfalco de casi RD$2,000 millones, falsificación de documentos y sabotaje en la red semafórica del Gran Santo Domingo. Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, según el expediente presentado por el Ministerio Público.

Por el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S. A. S.

También están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.

Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S. R. L., Aurix S. A. S., Inprosol S. R. L., OML Inversiones S. R. L., PagoRD Xchange S. R. L., Industria Soltex Dominicana S. R. L. y Dekolor S. R. L.

Caso Coral

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional programó para el 15 de junio de 2026, a las 3:00 de la tarde, la emisión del fallo contra los acusados en el caso Adán Cáceres y compartes.

El caso Coral salió a la luz pública en abril de 2021, tras una serie de allanamientos y arrestos realizados por el Ministerio Público mediante la denominada Operación Coral. La investigación reveló una presunta red de corrupción integrada por militares, policías y civiles que habría operado entre los años 2012 y 2020, desviando miles de millones de pesos del Estado dominicano desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras instituciones públicas.

Según la acusación, los implicados utilizaron empresas fantasmas, testaferros y entidades religiosas para distraer fondos públicos, lavar activos y ocultar bienes adquiridos de manera ilícita. El Ministerio Público les atribuye delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, prevaricación, falsedad en declaraciones juradas, testaferrato y lavado de activos.

Entre los principales imputados figuran el exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre; el general Juan Carlos Torres Robiou; el coronel Rafael Núñez de Aza; la pastora Rossy Guzmán Sánchez; así como varios oficiales militares, policías, familiares y empresarios vinculados a la supuesta red.

Casi Jet Set

Para esa misma fecha también está previsto que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emita su decisión en el caso Jet Set, uno de los procesos que ha captado la atención pública en los últimos meses.

El caso Jet Set salió a la luz pública tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos durante una presentación artística del merenguero Rubby Pérez.

Según la acusación del Ministerio Público, el desplome habría sido provocado por una presunta negligencia estructural y falta de mantenimiento en el establecimiento, pese a múltiples advertencias sobre filtraciones, grietas y deterioro del techo. Las autoridades sostienen que los responsables permitieron la operación del negocio sin realizar las reparaciones necesarias, poniendo en riesgo la vida de clientes y empleados.

Entre los principales imputados figuran los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca, acusados de homicidio involuntario, negligencia grave y presunta obstrucción de la investigación.