El senador Antonio Taveras Guzmán sometió hoy una iniciativa para modificar varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de eliminar las penas de prisión por difamación e injuria, impedir el cierre de medios de comunicación por infracciones contra el honor y derogar el delito de ultraje a funcionarios públicos.
El ahora senador independiente argumentó que estas disposiciones deben ajustarse a los principios constitucionales de libertad de expresión y proporcionalidad.
La propuesta modifica el tratamiento penal de la difamación
El proyecto plantea reformar el artículo 208 para que la difamación solo sea sancionable cuando exista una imputación pública de hechos falsos que lesionen el honor o la reputación de una persona.
La iniciativa elimina las penas de prisión previstas para este tipo de infracción y las sustituye por multas equivalentes a entre tres y ocho salarios mínimos del sector público, además de mantener la posibilidad de reparación civil por los daños ocasionados.
En relación con el artículo 209, el legislador propone redefinir la denominada difamación extorsiva como una modalidad agravada del delito, reduciendo la sanción actualmente contemplada y estableciendo una pena de entre quince días y un año de prisión cuando la conducta tenga como finalidad obtener beneficios indebidos o coaccionar a una persona.
Injuria y protección a los medios de comunicación
Eliminación de la cárcel por injuria
Otra de las modificaciones busca reformar el artículo 210 para eliminar las penas privativas de libertad por injuria y sustituirlas por sanciones económicas y reparación civil, reservando la intervención penal para conductas consideradas graves.
Prohibición de cerrar medios por delitos contra el honor
La propuesta también modifica el artículo 212 para impedir que infracciones relacionadas con el honor o la vida privada puedan derivar en el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus operaciones, la revocación de licencias o la incautación de equipos.
El planteamiento sostiene que este tipo de medidas resulta incompatible con el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.
Eliminar el delito de ultraje a funcionarios
La iniciativa incluye la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos.
Según el senador, esta figura concede una protección penal diferenciada a quienes ejercen funciones públicas y puede limitar el escrutinio ciudadano sobre la actuación de las autoridades, lo que plantea un debate sobre el principio de igualdad ante la ley y el alcance de la libertad de crítica en una democracia.
Las discusiones sobre la despenalización de los delitos de difamación e injuria han formado parte del debate jurídico en diversos países de América Latina, donde organismos internacionales han recomendado privilegiar mecanismos civiles frente a sanciones penales cuando se trata del ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público.
La propuesta presentada en el Senado deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de ser conocida por las comisiones y posteriormente por el pleno del Congreso.
Enlaces sugeridos de Acento.com.do
- Límites a la libertad de expresión: https://acento.com.do/opinion/limites-a-la-libertad-de-expresion-8193206.html
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