La Contraloría General de la República examinó la gestión de 2024 de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), encabezada entonces por Ángel de la Cruz Hernández. El informe, fechado el 29 de julio de 2026, incluyó observaciones sobre contrataciones, registros contables, presupuesto, cuentas bancarias, activos, expedientes de personal y asignaciones de combustible.
Estos son los principales hallazgos, las explicaciones ofrecidas por la institución y las medidas requeridas por el órgano auditor.
¿Por qué se observaron contratos por RD$133.2 millones?
La auditoría identificó tres adjudicaciones a proveedores vinculados, según el informe, a servidores públicos que tenían una participación accionaria superior al 10 % en las empresas contratadas.
Los contratos señalados fueron:
- RD$68.7 millones: adjudicados a Seven Caves Chain S.A. para reconstruir el campo de béisbol de Villa Cerro, en Higüey. La auditoría relacionó la empresa con Ivonne Nicole Jacobo Trigo, identificada en el informe como consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- RD$28.9 millones: adjudicados a Neulin Antonio Reyes Villar para construir funerarias en Canca la Reyna, Moca, y Monte Plata. El informe lo identificó como ingeniero de obras del Ayuntamiento de Pedro Brand.
- RD$35.7 millones: adjudicados a Pedro Leandro Almonte Sandoval para reparar el área exterior del parque arqueológico La Isabela Histórica, en Luperón, Puerto Plata. La Contraloría indicó que figuraba como teniente de corbeta en la Marina de Guerra.
La observación se refiere a posibles incompatibilidades relacionadas con la condición de los proveedores y sus vínculos con servidores públicos.
¿Qué respondió la Comisión?
La CPADP afirmó que verifica que los proveedores estén activos y vigentes en el Registro de Proveedores del Estado y que remitió los contratos a la Contraloría para su revisión y registro.
La institución también reconoció que durante el período auditado no contaba con un oficial de cumplimiento. En su respuesta, indicó que esperaba disponer de registros de proveedores depurados para prevenir situaciones similares.
La Contraloría mantuvo el señalamiento después de evaluar la respuesta de la Comisión.
¿Qué son los RD$ 104 millones en partidas pendientes de depuración?
La auditoría identificó RD$104 millones correspondientes a registros de gestiones anteriores al 17 de agosto de 2020. Esas partidas estaban pendientes de depuración porque no contaban con documentos de respaldo para sustentar su reconocimiento contable.
La Comisión atribuyó esas diferencias, en gran parte, a administraciones anteriores y a procesos de revisión todavía abiertos.
También informó que remitió a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental un cuadro comparativo de bienes. Según sus cálculos, una partida de RD$50.5 millones que no estaba registrada reduciría una de las diferencias contables a RD$417,783.
La Contraloría mantuvo la observación y solicitó evidencias para documentar la regularización de los registros.
¿Por qué había diferencias en los registros de bienes?
La auditoría reportó una diferencia de RD$53.9 millones entre los registros de activos fijos de dos sistemas públicos:
- El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) reflejaba RD$186.1 millones.
- El Sistema de Administración de Bienes (SIAB) registraba RD$132.3 millones.
También encontró diferencias en los registros de vehículos:
- El registro auxiliar de la Comisión incluía 23 vehículos.
- El SIAB registraba 40.
- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reportaba 38.
- De estos últimos, 16 tenían oposición en la matrícula.
- Cinco vehículos no contaban con la rotulación institucional señalada en la auditoría.
El informe también indicó que los activos fijos no estaban codificados de manera que permitiera validarlos físicamente mediante registros auxiliares confiables.
¿Qué dijo la Comisión? Informó que remitió las observaciones a las áreas responsables para conciliar los registros, preparar formularios de entrega de vehículos, rotular unidades y avanzar en la codificación de los bienes. La Contraloría mantuvo estos puntos sujetos a comprobación.
¿Qué ocurrió con las cuentas bancarias y los fondos por supervisión de obras?
La Contraloría observó que las cuentas bancarias de la Comisión no estaban registradas en el SIGEF y que RD$63.5 millones percibidos por supervisión de obras no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
La CPADP rechazó que se tratara de un incumplimiento. Explicó que los recursos provenían de una comisión aplicada a contratistas de inversión pública y sostuvo que su manejo contaba con una excepción de la Tesorería Nacional. También indicó que los desembolsos eran revisados por la Unidad de Auditoría Interna.
La Contraloría mantuvo el señalamiento y pidió documentación formal para respaldar el tratamiento de esos fondos.
¿Qué otras observaciones incluyó la auditoría?
Además de las contrataciones y los registros de bienes, el informe identificó los siguientes puntos:
La Comisión obtuvo una calificación de 68.32 % en la evaluación de las Normas Básicas de Control Interno. El componente de actividades de control alcanzó 24 %. La institución informó que había iniciado acciones para mejorar la implementación de esas normas.
Ejecución presupuestaria
El presupuesto modificado fue de RD$2,174.3 millones y el monto devengado, de RD$1,983.7 millones, una diferencia de RD$190.7 millones. La Comisión explicó que durante el año se incorporaron partidas adicionales mediante un presupuesto complementario.
Expedientes de personal
La Contraloría encontró documentos faltantes en una muestra de 101 expedientes, tomada de un universo de 621 empleados. La Comisión informó que remitió las observaciones al Departamento de Recursos Humanos para que aplicara las correcciones correspondientes.
Asignaciones de combustible
La auditoría observó asignaciones que excedían el límite equivalente al 10 % del salario bruto, por RD$735,600. La Comisión explicó que se mezclaban los tickets asignados por ley con los destinados a operaciones y afirmó que había separado su distribución.
Fondos de caja chica
Se observaron dos fondos por un total de RD$270,000 sin resolución formal de apertura. La Comisión dijo que uno, de RD$50,000, fue creado mediante una comunicación interna y que el otro, de RD$220,000, provenía de una gestión anterior, por lo que había solicitado su refrendo a la Tesorería.
¿Qué pidió la Contraloría a la Comisión?
Después de evaluar la respuesta de la CPADP, la Contraloría le concedió un plazo de 15 días laborables para presentar un plan de acción sobre los hallazgos que permanecían sin cambios.
El plan debía incluir las actividades correctivas, los responsables, las fechas previstas, las acciones de mitigación y las evidencias para comprobar las correcciones. También debía proponer una fecha para que el equipo auditor verificara las medidas en la institución.
La Comisión había anunciado acciones en áreas como los activos, los vehículos, los expedientes de personal y el combustible. Sin embargo, la Contraloría mantuvo observaciones tras evaluar sus explicaciones y solicitó el plan de acción con sus correspondientes evidencias.
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