La muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos que trabajaba para una empresa contratista del servicio de limpieza de Santiago, desató una reacción de indignación desde el Ayuntamiento y reabrió el debate sobre la violencia vinculada a conflictos viales en la ciudad. El alcalde José Ulises Rodríguez Guzmán calificó el hecho como un “asesinato” y un “linchamiento”, y reclamó que se aplique “todo el peso de la ley” a los responsables, “no importa quién sea”.
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En una inusual rueda de prensa de este lunes, Rodríguez Guzmán describió lo ocurrido como una “acción irracional” que terminó con la vida de “un humilde trabajador que le estaba sirviendo a la ciudad” a través de una compañía de aseo urbano. Según el alcalde, el trabajador fue perseguido por un grupo que lo agredió “de manera inmisericorde” hasta causarle la muerte.
Pero el pronunciamiento del alcalde no se limitó a la condena del ataque. También cuestionó la actuación de quienes, en medio de la emergencia, insistieron en grabar y preguntar mientras la víctima agonizaba. “La vida está primero que todo”, sostuvo, al lamentar que no se priorizara la asistencia inmediata.
En paralelo, el Ministerio Público informó este lunes 20 de abril de 2026 que solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra siete hombres investigados por la muerte de Abreu Quezada, y señaló que la conducta encaja en la calificación de “asesinato”. La Fiscalía de Santiago identificó a los imputados y reportó, además, que hay una octava persona prófuga que es buscada por la Policía.
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De acuerdo con la versión oficial citada por Acento, la investigación preliminar indica que el incidente se originó cuando el camión que conducía Abreu Quezada fue interceptado por motoconchistas en la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, tras un reclamo por un supuesto roce a una motocicleta. La Fiscalía sostiene que la víctima fue perseguida y atacada hasta sufrir la herida que le provocó la muerte.
Rodríguez Guzmán aseguró que el Ayuntamiento dará apoyo a los familiares del fallecido y que no los dejarán solos. Planteó que la respuesta institucional debe tener dos líneas: asistencia inmediata a la familia —incluyendo acompañamiento en sus necesidades— y, a la vez, una revisión de medidas para aumentar el control del sector motocicletas y motoconchos, con registro y acciones coordinadas en paradas, “para darle mayor garantía a los ciudadanos”.
El alcalde también valoró positivamente los pronunciamientos de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y afirmó que el país está atento al desenlace judicial del caso. Mientras avanzan los arrestos y la investigación, el Ayuntamiento apuesta a que el proceso derive en sanciones ejemplares y en cambios que reduzcan el riesgo de que una discusión vial vuelva a terminar en tragedia.
La exclamación de justicia de la Procuradora General de la República
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