Después de 142 años, la República Dominicana comienza a aplicar este lunes 3 de agosto un nuevo Código Penal. La Ley núm. 74-25, modificada recientemente por la Ley núm. 44-26, sustituye la legislación promulgada en 1884 y obliga a fiscales, jueces, defensores públicos, investigadores y autoridades penitenciarias a trabajar con nuevas figuras delictivas, reglas de responsabilidad y escalas de sanciones.
La reforma dispuso un período de 12 meses para preparar a las instituciones encargadas de aplicarla. Durante ese tiempo fueron impartidas capacitaciones, revisados protocolos y elaborados materiales especializados. También se incorporaron nuevos defensores públicos y se avanzó en la apertura del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Sin embargo, el cambio comienza en medio de dificultades que no dependen exclusivamente del conocimiento de la ley. La falta de personal, la sobrecarga de expedientes, las vacantes judiciales, los reclamos salariales y una población penitenciaria compuesta mayoritariamente por presos preventivos plantean dudas sobre la capacidad real del sistema para absorber una reforma de esta magnitud.
Un año de preparación y cambios hasta la última semana
La entrada en vigor estaba fijada desde la promulgación de la Ley núm. 74-25, el 3 de agosto de 2025. El artículo 393 estableció que la normativa comenzaría a aplicarse 12 meses después de su promulgación y publicación, período conocido como "vacatio legis".
Ese plazo debía utilizarse para capacitar a los operadores de justicia, adecuar procedimientos y preparar las instituciones. No obstante, la legislación llegó a su última semana de transición con cambios pendientes.
El 27 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 44-26, que modificó distintas disposiciones del Código. Ese mismo día, mediante el Decreto núm. 507-26, el presidente Luis Abinader creó una Comisión de Seguimiento y Socialización, presidida por Milton Ray Guevara, con la encomienda de acompañar la implementación, promover el conocimiento de la normativa y estudiar posibles mejoras.
La decisión ofrece un mecanismo institucional para corregir dificultades surgidas durante la aplicación, pero también revela que la socialización y la revisión del Código continuarán después de su entrada en vigor.
Capacitación, protocolos y materiales especializados
El Ministerio Público puso en marcha en febrero un diplomado sobre la reforma penal y procesal dirigido a su matrícula de fiscales. En marzo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso informó que, durante el primer trimestre de 2026, había sido capacitado el 26 % de los fiscales en torno a la nueva legislación penal.
La Procuraduría también dispuso la aplicación, desde el 1 de abril, de un nuevo protocolo para el procesamiento de escenas del crimen, una herramienta relevante ante delitos cuya investigación requiere evidencias digitales, análisis especializados y una mayor coordinación entre fiscales, policías, peritos y organismos técnicos.
Por su parte, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial desarrollaron actividades formativas y encuentros regionales con jueces. En junio también fue presentado un Código Penal comentado de 899 páginas, elaborado como guía para estudiar los alcances y desafíos de la reforma.
Estas iniciativas constituyen una fortaleza, pero el verdadero indicador de preparación no será únicamente la cantidad de cursos impartidos. La prueba estará en la capacidad de aplicar criterios uniformes en todos los distritos judiciales, evitar interpretaciones contradictorias y garantizar que las modificaciones aprobadas en julio sean conocidas por fiscales, jueces, abogados y defensores desde el primer día.
Juristas advierten sobre la capacidad de respuesta institucional
Un trabajo periodístico de Yhanelly Rodríguez, publicado por El Nuevo Diario, recogió las opiniones de varios juristas sobre la capacidad de las instituciones para responder a las exigencias del nuevo Código Penal.
El abogado Amadeo Peralta advirtió que organismos como la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario necesitarán mayores recursos técnicos, humanos y presupuestarios.
“El Gobierno tendrá que aumentar significativamente el presupuesto de esas instituciones porque no van a dar abasto”, sostuvo Peralta, al referirse al volumen de investigaciones y procesos que podrían generarse con las nuevas figuras penales.
En ese mismo trabajo, el jurista Many Sierra alertó que la combinación entre el endurecimiento de las sanciones y la aplicación de las medidas de coerción podría incrementar la cantidad de personas privadas de libertad y los costos que representa para el Estado mantenerlas dentro del sistema penitenciario.
“Vamos a tener un país lleno de gente presa, sobre todo de mucha gente pobre presa”, expresó Sierra, quien considera que la presión recaería especialmente sobre las personas que dependen de la defensa pública.
Un paro que expuso las debilidades de los tribunales
La entrada en vigor ocurre poco más de dos meses después del paro nacional realizado el 21 de mayo por jueces y servidores judiciales. La protesta afectó los servicios de tribunales en distintos departamentos judiciales y expuso problemas que trascienden el reclamo salarial.
Los participantes denunciaron falta de personal, carga excesiva de trabajo, bajos salarios, renuncias de empleados y vacantes judiciales, además de dificultades en la movilidad de la carrera y el pago de compensaciones por sustituciones.
La situación resulta especialmente relevante porque la aplicación del nuevo Código exigirá estudiar tipos penales más complejos, valorar nuevas modalidades de evidencia y fundamentar decisiones sobre figuras que todavía no cuentan con una jurisprudencia consolidada.
El 28 de mayo, el Consejo del Poder Judicial anunció un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que contempla un incremento general de 30 % para jueces y la mayoría de los puestos administrativos. El ajuste será distribuido en 20 % durante 2026 y otro 10 % en 2027.
Para el personal de apoyo jurisdiccional, incluidos secretarios, abogados ayudantes y oficinistas, fueron acordados aumentos de entre 35 % y 50 %, según el cargo y la instancia. También se asumieron compromisos relacionados con la movilidad dentro de la carrera judicial y las compensaciones por suplencias.
El acuerdo atendió una parte importante del conflicto y puede contribuir a reducir las renuncias y retener personal experimentado. Sin embargo, una mejor remuneración no cubre automáticamente las vacantes ni reduce la acumulación de expedientes. Para que la reforma funcione, será necesario acompañar los aumentos con nuevas designaciones, fortalecimiento tecnológico y una distribución adecuada de la carga laboral.
La Defensa Pública recibe refuerzos, pero continúa bajo presión
La Defensa Pública será determinante para evitar que la aplicación del Código profundice las desigualdades dentro del sistema penal. Una parte considerable de los imputados carece de recursos para contratar abogados particulares y depende de esta institución para recibir representación jurídica.
El 30 de junio, la Escuela Nacional de la Judicatura entregó a la Oficina Nacional de Defensa Pública una promoción de 70 nuevos defensores, integrada por 48 mujeres y 22 hombres, después de completar un programa formativo de un año.
La incorporación representa una mejora concreta en la capacidad institucional, especialmente ante la complejidad que tendrán los litigios relacionados con delitos tecnológicos, responsabilidad penal de empresas, evidencia electrónica y nuevas formas de criminalidad.
Pese a ese refuerzo, los defensores públicos también han expresado reclamos por condiciones salariales y laborales. La calidad de la reforma dependerá de que la defensa tenga recursos equivalentes a los de la persecución, porque un sistema con fiscales capacitados, pero con defensores sobrecargados, produciría una aplicación desequilibrada de la legislación.
Las cárceles, el punto de mayor vulnerabilidad
La mayor preocupación se encuentra en el sistema penitenciario. Con datos correspondientes a febrero de 2026, la República Dominicana tenía 25,878 personas privadas de libertad. De ese total, 16,950, equivalentes al 65.5 %, permanecían en prisión preventiva, mientras 8,928, el 34.5 %, cumplían condenas definitivas.
Esto significa que casi dos de cada tres internos todavía no habían recibido una sentencia firme. El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, ha advertido que esta proporción compromete la operatividad de las cárceles, multiplica los traslados a tribunales y dificulta la clasificación de los internos.
El dato demuestra que la principal presión penitenciaria no procede exclusivamente de la duración de las condenas, sino del uso frecuente y prolongado de la prisión preventiva. Si ese patrón se mantiene con las nuevas figuras penales, la capacidad instalada podría resultar insuficiente.
El nuevo Código establece que la reeducación y la reinserción social constituyen la finalidad primordial de la pena. Para materializar ese principio no basta con disponer de celdas. Se requieren programas educativos y laborales, atención real de salud mental, personal penitenciario capacitado, clasificación criminológica y seguimiento posterior a la libertad.
Las Parras amplía la capacidad, pero no resuelve toda la crisis
Entre los avances más visibles se encuentra la apertura progresiva del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, construido para sustituir la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria.
En mayo, los primeros cuadrantes habilitados registraban 2,327 internos de una capacidad disponible de 2,328, prácticamente su ocupación total. En julio, las autoridades trasladaron otros 400 reclusos desde La Victoria y elevaron a 2,550 la cantidad acumulada de personas llevadas al nuevo recinto.
El proyecto está concebido para alcanzar una capacidad aproximada de 4,800 internos. Las instalaciones incluyen pabellones ordinarios y de máxima seguridad, comedor, área médica, espacios para visitas, 22 aulas, biblioteca y zonas agrícolas.
Estas condiciones representan una mejora frente a los centros tradicionales y ofrecen mayores posibilidades de rehabilitación. Sin embargo, la rápida ocupación de los espacios habilitados muestra que la construcción de nuevas cárceles puede aliviar el hacinamiento, pero no sustituye una política dirigida a reducir la prisión preventiva, acelerar los procesos y fortalecer las medidas alternativas.
Un nuevo Ministerio de Justicia en pleno proceso de organización
La reforma coincide, además, con la puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia, creado mediante la Ley núm. 80-25 y encabezado desde enero por el exconsultor jurídico del Pode Judicial, Antoliano Peralta.
Entre sus atribuciones se encuentra la administración del sistema penitenciario, función que durante años estuvo bajo la coordinación del Ministerio Público. El cambio busca separar la persecución penal de la gestión de las cárceles y fortalecer la formulación de políticas públicas para el sector.
La creación del ministerio puede mejorar la coordinación institucional a mediano plazo. No obstante, su implementación ocurre simultáneamente con la entrada en vigor del Código, el traslado de funciones penitenciarias y la reorganización de estructuras administrativas, lo que añade otra transición al proceso.
¿Está preparado el sistema?
El sistema judicial dominicano no llega inmóvil a este lunes. Hubo un año de transición, programas de formación, actualización de protocolos, incorporación de defensores, mejoras salariales y ampliación de la infraestructura penitenciaria.
Esas acciones permiten afirmar que existe una base institucional para comenzar a aplicar la reforma. Sin embargo, tampoco puede hablarse de una preparación completa cuando persisten tribunales con falta de personal, una defensa pública sometida a una alta demanda y un sistema carcelario en el que 65.5 % de los internos permanece en prisión preventiva.
El nuevo Código comienza, por tanto, con fortalezas técnicas y normativas, pero también con limitaciones operativas que no podrán resolverse únicamente mediante interpretaciones jurídicas. Su éxito dependerá del presupuesto, la coordinación entre instituciones, la formación continua y el seguimiento de las primeras decisiones adoptadas por los tribunales.
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