La reforma de la Policía Nacional fue presentada como una de las grandes apuestas institucionales del Gobierno para cambiar una estructura históricamente cuestionada por abusos, corrupción, maltrato ciudadano y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, cada nuevo caso de violencia policial reabre la misma discusión: no basta con invertir en uniformes, destacamentos, tecnología o salarios si el ciudadano sigue sintiendo miedo cuando una patrulla se detiene frente a él.
El caso más reciente es el de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, muerto durante una intervención policial en la Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por homicidio voluntario, y la Policía Nacional suspendió de manera preventiva a los otros cinco agentes que integraban la patrulla, mientras se investiga su actuación durante el hecho.
Una reforma nacida bajo presión social
La transformación policial no surgió en el vacío. Fue empujada por una cadena de casos que estremecieron al país y obligaron al Gobierno a admitir que la Policía Nacional necesitaba cambios profundos, no solo en salarios, equipos o patrullaje, sino en cultura institucional, protocolos de intervención, control interno y respeto a la vida. Estos expedientes instalaron una idea difícil de ignorar: el problema no era únicamente la delincuencia común, sino también la forma en que algunos agentes ejercían la autoridad en las calles y en los destacamentos.
Caso Elisa Muñoz y Joel Díaz: una patrulla abrió fuego contra una pareja que regresaba de un culto
Uno de los hechos que marcó el inicio del reclamo nacional por la reforma fue la muerte de la pareja evangélica Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia la noche del 30 de marzo de 2021. La pareja regresaba hacia Santo Domingo luego de participar en una actividad religiosa cuando el vehículo en que se desplazaba fue impactado por múltiples disparos próximo a un retén policial. De acuerdo con la versión de un sobreviviente citada entonces, los agentes les mandaron a detenerse y luego dispararon contra el vehículo “sin mediar palabras”.
Ese caso exhibió una de las fallas más graves que la reforma prometía corregir: patrullas armadas actuando bajo sospechas, con poca capacidad de verificación, sin manejo adecuado de crisis y con uso letal de la fuerza contra ciudadanos que no representaban una amenaza comprobada. En 2023, el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia condenó a cuatro policías por el caso, con penas de 20 y 8 años de prisión, aunque el Ministerio Público anunció que apelaría la sentencia respecto a algunos imputados.
Caso Leslie Rosado: un roce de tránsito terminó en persecución y disparos
Meses después, el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado Marte, ocurrido en Boca Chica en octubre de 2021, volvió a colocar a la institución bajo cuestionamiento. Según el expediente del Ministerio Público, el cabo Janli Disla Batista reaccionó luego de que el vehículo de Rosado rozara levemente la motocicleta en la que se desplazaba junto a su familia. En vez de manejar el incidente como un accidente de tránsito, el agente realizó varios disparos, lo que llevó a la arquitecta a continuar la marcha intentando proteger su vida y la de su hija.
La acusación estableció que el cabo persiguió el vehículo en una motocicleta conducida por otro imputado y volvió a disparar contra la yipeta. Al quedar atrapada por el tránsito, Rosado intentó regresar hacia el Club Náutico, pero el agente se acercó con su arma de reglamento, golpeó el cristal del lado del conductor y realizó dos disparos, uno de los cuales la impactó en la cabeza y le causó la muerte.
El caso retrató otra falla estructural: agentes que, incluso fuera de un operativo formal, portan armas de reglamento y reaccionan desde la ira, la persecución y el castigo personal. Disla Batista fue condenado a 20 años de prisión, una decisión que confirmó judicialmente la gravedad del hecho, pero que también reforzó la percepción de que el problema era más profundo que un caso aislado.
Caso David de los Santos: detenido, esposado y golpeado dentro de un destacamento
En 2022, el caso de David de los Santos profundizó la crisis. El joven fue detenido tras un incidente en Ágora Mall y llevado al destacamento policial del ensanche Naco, en el Distrito Nacional. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, De los Santos fue ingresado esposado a una celda, donde civiles detenidos comenzaron a golpearlo luego de que vociferara palabras en tono alto. Los agentes, en lugar de protegerlo como custodios, rociaron gas pimienta dentro de la celda, lo que, según la acusación, agravó la situación y dio paso a una nueva golpiza contra el detenido.
El órgano acusador sostuvo que el joven recibió golpes y patadas durante la noche mientras estaba esposado con las manos hacia atrás y sin posibilidad de defenderse. Según esa tesis, los policías tenían control de la situación, conocían lo que ocurría y permitieron las agresiones, faltando a su deber de garante. El expediente calificó los hechos como actos de tortura y barbarie cometidos en una sede policial, un lugar donde una persona bajo custodia debía estar protegida.
El caso fue especialmente devastador para la imagen institucional porque no se trató de un disparo en la calle ni de una persecución, sino de una muerte producida después de que un ciudadano quedara bajo control del Estado. En 2023, tribunales impusieron condenas de 30 años a tres civiles y de 15 años a dos policías por la muerte de De los Santos.
Caso José Gregorio Custodio: detenido en Ocoa y devuelto al cuartel antes de morir
También en 2022, la muerte de José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa, alimentó el reclamo de reforma. Custodio fue detenido tras una denuncia por violencia de género y llevado al cuartel policial de esa provincia. Dos días después murió en el hospital San José, luego de ser trasladado desde la cárcel preventiva en estado delicado. La versión policial indicó que había presentado un fuerte dolor de estómago, por lo que fue llevado al hospital, devuelto al cuartel y luego trasladado nuevamente al centro de salud, donde falleció.
Sin embargo, familiares y moradores denunciaron que Custodio presentaba golpes que supuestamente le habrían propinado agentes. El fiscal Francis Valdez corroboró la presencia de moretones en el cuerpo, aunque advirtió que el informe del Inacif debía establecer si la muerte se produjo por golpes, reacción alérgica, sobredosis u otra causa. La indignación fue tal que familiares y comunitarios vociferaron “asesinos” frente al destacamento y reclamaron justicia.
Este expediente mostró otra dimensión del problema: la opacidad dentro de los destacamentos, la falta de confianza en las versiones oficiales iniciales y la percepción de que los ciudadanos detenidos pueden quedar expuestos a abusos, negligencia o abandono médico. Tras el caso, la Policía Nacional dispuso cambios en la dotación de San José de Ocoa e investigaciones internas, mientras el Ministerio Público continuaba las indagatorias.
Lo que el Gobierno dice que ha hecho
La reforma ha tenido componentes concretos. El Gobierno ha hablado de dignificación salarial, cambio en la formación policial, nuevo modelo de patrullaje, construcción de destacamentos, modernización tecnológica, actualización de la ley orgánica y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.
En 2023, el presidente Luis Abinader informó que se habían colocado RD$4,200 millones para el proceso de reforma, aparte del presupuesto asignado, y señaló que los pilares eran calidad de vida, operación policial, educación, presupuesto y administración. También destacó aumentos salariales para cabos y rasos, pasando de RD$10,150.42 a RD$24,555.90 en el caso de los cabos, y de RD$11,600.38 a RD$26,233.36 en el caso de los rasos.
Entre 2024 y 2025, la reforma supuso una inversión de RD$8,389.8 millones, según datos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía citados por Listín Diario. Solo en 2025, el presupuesto asignado fue de RD$7,000 millones, de los cuales se ejecutaron RD$6,389 millones; el mayor volumen de recursos se destinó a bienes muebles, inmuebles e intangibles, con RD$2,797 millones.
La memoria institucional del Ministerio de Interior y Policía reportó que en 2025 la reforma entró en una segunda etapa, denominada “Nuevo Modelo de Servicio e Identidad Renovada”, con 6,202 policías graduados a diciembre de ese año y 2,420 estudiantes en prácticas supervisadas o pasantías. Ese mismo documento señala que continuaban trabajos de construcción de nuevas estaciones policiales y la discusión del proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional.
El nuevo modelo de patrullaje
Uno de los componentes más visibles fue el Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial, lanzado en junio de 2025 en zonas priorizadas del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Según la Presidencia, el plan desplegó más de 1,100 agentes y se fundamenta en planificación estratégica, tecnología, proximidad comunitaria, prevención del delito y actuación profesional bajo estándares internacionales.
El discurso oficial insiste en que la reforma busca una policía más cercana, transparente y profesional. Pero el problema es que la calle sigue produciendo imágenes que contradicen ese propósito: disparos a corta distancia, ciudadanos golpeados, detenidos maltratados, patrullas que parecen actuar sin control y agentes que, lejos de proteger la vida, terminan siendo investigados por quitarla.
El Congreso y la ley pendiente
La reforma tampoco ha terminado de consolidarse en el plano legal. El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado un anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional que busca sustituir la Ley 590-16, reorganizar la carrera policial, establecer nuevas categorías, fortalecer la formación y poner énfasis en el respeto a los derechos fundamentales.
La comisión especial del Senado continuaba en abril de 2026 con la lectura de la pieza, que contiene 315 artículos, y la propuesta incluye un régimen especial de carrera profesional, bienestar integral, seguridad social exclusiva y sistema disciplinario con garantías procesales.
Ese punto es clave: mientras la reforma no esté blindada por una arquitectura legal robusta, con controles reales, evaluación de desempeño y consecuencias disciplinarias claras, parte del proceso seguirá dependiendo más de voluntad política que de una institucionalidad irreversible.
Las cifras de homicidios mejoran, pero no resuelven el debate
El Gobierno exhibe como resultado la reducción de homicidios. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana informó que el país cerró 2025 con una tasa validada de 8.7 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, basada en 951 homicidios registrados.
La Policía Nacional también reportó una reducción de casi 35 % en la tasa de homicidios desde 2023, al pasar de 12.35 en 2023 a 10.69 en 2024 y 7.79 en 2025, aunque con un leve incremento a 8.15 en 2026, según su análisis comparativo.
Pero una cosa es bajar la criminalidad general y otra es transformar la conducta policial. La reducción de homicidios puede mostrar avances en seguridad ciudadana, coordinación institucional o persecución del delito, pero no mide por sí sola si los agentes respetan protocolos, si usan la fuerza de forma proporcional, si tratan dignamente a los detenidos o si el ciudadano confía más en la patrulla que lo detiene.
Guajimía: el caso que vuelve a desnudar el problema
La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes vuelve a poner la reforma frente a su prueba más difícil: la actuación concreta del agente en segundos críticos. Según las informaciones disponibles, el joven murió durante una intervención policial en Herrera, y el cabo José Francisco Moreta Heredia fue puesto a disposición de la justicia. La ministra Faride Raful calificó el hecho como un abuso policial “imperdonable” y afirmó que “ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad”.
El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, también sostuvo que el cabo señalado debe recibir “la máxima sanción” que establezca la ley.
La respuesta institucional fue rápida: arresto del agente, sometimiento al Ministerio Público, solicitud de prisión preventiva, suspensión de los cinco agentes que acompañaban la patrulla y apertura de investigaciones internas. Pero la pregunta de fondo no es solo qué se hará después del disparo, sino por qué, después de años de reforma, un agente llega a ese momento sin el autocontrol, la formación o la supervisión necesarias para evitarlo.
El problema no es solo el agente: es la cultura institucional
Cada vez que ocurre un abuso, la explicación oficial suele concentrarse en el agente actuante. Se le suspende, se le apresa, se promete investigación y se insiste en que se trata de un hecho individual. Pero cuando los casos se repiten, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural.
La reforma debe responder preguntas más duras: ¿cómo se seleccionan los agentes que patrullan? ¿Qué pruebas psicológicas reciben? ¿Quién supervisa el uso de armas de fuego? ¿Qué pasa con los agentes que acumulan denuncias? ¿Cuántas sanciones internas se aplican? ¿Cuántos policías son separados por abuso? ¿Qué tan rápido se activan los protocolos cuando una persona resulta herida por actuación policial?
La propia Ley 590-16 establece que Asuntos Internos debe investigar uso excesivo de la fuerza, violaciones éticas, actos de corrupción y otras inconductas policiales, y que debe notificar al Ministerio Público cuando detecte indicios de infracción penal.
El gasto visible y el cambio invisible
Una reforma policial no se mide únicamente por inversión. Los recursos son necesarios, pero no suficientes. Nuevos uniformes, cámaras, patrullas, academias y destacamentos pueden mejorar la capacidad operativa, pero no garantizan por sí solos que el agente actúe con prudencia, humanidad y respeto a la ley.
La reforma real es la que se nota cuando un policía detiene a un ciudadano sin humillarlo, cuando una patrulla controla una situación sin disparar, cuando un detenido entra vivo y sale vivo de un destacamento, cuando un agente sabe que será sancionado si abusa y cuando el ciudadano entiende que puede denunciar sin miedo.
Ahí está la brecha: el Gobierno puede mostrar avances presupuestarios, educativos y operativos, pero la ciudadanía sigue evaluando la reforma desde la experiencia más directa: el trato que recibe en la calle.
¿Ha tenido impacto la reforma?
La respuesta más responsable es que sí ha producido cambios institucionales, pero todavía no ha logrado transformar de manera suficiente la cultura de actuación policial.
Hay mejoras visibles: mejores salarios, más formación, nuevo modelo de patrullaje, datos más organizados, inversiones millonarias, nuevas academias, discusión de una ley orgánica y mayor reacción pública ante abusos. Pero también persisten fallas graves: uso excesivo de la fuerza, muertes durante intervenciones, maltrato a ciudadanos, patrullas sin control efectivo y una percepción de que la sanción llega después de la tragedia, no antes.
El caso Guajimía no cancela todo lo avanzado, pero sí demuestra que la reforma todavía no ha llegado al punto más importante: el momento en que un policía debe decidir entre proteger la vida o imponer la autoridad por la fuerza.
Lo que falta
La reforma policial necesita pasar de la modernización administrativa a la transformación conductual. Eso implica controles externos, estadísticas públicas sobre denuncias y sanciones, cámaras corporales operativas con protocolos claros, evaluación psicológica permanente, formación real en manejo de conflictos, entrenamiento obligatorio en uso proporcional de la fuerza y consecuencias inmediatas para superiores que toleren malas prácticas.
También requiere que la sociedad pueda medir resultados más allá de las cifras generales de homicidios. El país necesita saber cuántas denuncias por abuso policial se reciben, cuántas se investigan, cuántas terminan en sanciones, cuántos agentes son separados, cuántas actuaciones son grabadas, cuántos destacamentos cumplen estándares mínimos y cuántas víctimas reciben reparación.
La reforma policial no fracasará o triunfará por un discurso. Se jugará en cada patrulla, en cada destacamento, en cada arresto y en cada ciudadano que se pregunte si la Policía que lo detiene está ahí para protegerlo o para convertirse en otro riesgo.
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