Una ruta que comenzaba con la recepción de cocaína procedente de Colombia, continuaba por tierra hacia fincas y establecimientos de Miches y terminaba en embarcaciones con destino a Puerto Rico es parte del esquema que el Ministerio Público atribuye a la presunta red desmantelada mediante la Operación Rompeolas.
La investigación identifica a 22 personas contra las que el órgano acusador solicitó prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. La estructura, según la acusación divulgada, no se limitaba al transporte de drogas: también habría contado con colaboradores para la seguridad marítima, el traslado de dinero, la administración de bienes y la incorporación de recursos al sistema económico formal.
Entre los principales señalados figuran los hermanos Fausto Candelario Ortiz, conocido como "Pacha", y Yovani Candelario Ortiz, alias "Pachasito", "Caco" o "Franklin". El primero es señalado como uno de los patrocinadores y responsables de dirigir la organización, mientras que al segundo se le atribuye la coordinación operativa y logística.
El Ministerio Público sostiene que la red movilizaba alrededor de 7,000 kilos de cocaína al año hacia Puerto Rico y generaba unos 140 millones de dólares anuales. Esas cantidades forman parte de las estimaciones de la investigación y no constituyen cifras establecidas mediante una sentencia.
¿Cómo operaba la supuesta red de narcotráfico?
De acuerdo con la descripción de la acusación, la droga procedente de Colombia ingresaba a República Dominicana por puntos de la costa este, entre ellos las zonas de Bayahíbe y Boca de Chavón, en la provincia La Altagracia. Desde esos lugares, los cargamentos eran trasladados por tierra hacia Higüey y posteriormente a Miches, en la provincia El Seibo.
El Ministerio Público atribuye a Marcial Castillo, alias "Chacabana" o "Shaky", y a Wander Alberto Núñez Mercedes, conocido como "Philip", funciones en el transporte de la droga y el movimiento de dinero. La investigación sostiene que, una vez en Miches, los cargamentos eran almacenados en fincas, trabas y galleras utilizadas como centros de acopio.
En esa fase, a Adolfo Sánchez de Aza, alias "Tolete" o "Moreno", se le atribuye recibir, almacenar, contabilizar y preparar los cargamentos. Manolo Javier Cedeño Silvestre, conocido como "Genaro" o "Ramón", habría participado en el traslado terrestre de la droga desde los puntos de recepción hasta los lugares de almacenamiento y, posteriormente, hacia la costa.
La acusación también describe el uso de caballos para movilizar los cargamentos hasta las playas. El Ministerio Público atribuye a Diofrendy Domingo Reyes Cabrera funciones en el reclutamiento de personas para la seguridad marítima y en la coordinación del transporte con esos animales. A Diofeyni Reyes Morel y Rafaelin Vásquez Mercedes les asigna tareas de traslado y vigilancia.
Una vez en la costa, la droga era llevada hasta embarcaciones rápidas, conocidas como go fast, para su traslado hacia Puerto Rico. Según la investigación, la red reclutaba a personas de comunidades costeras para realizar labores de vigilancia o "vaqueo", con el propósito de alertar sobre la presencia de autoridades u otras embarcaciones.
Empresas, propiedades y movimientos de dinero
La investigación también describe mecanismos que, según el Ministerio Público, habrían permitido introducir en la economía formal los recursos provenientes del narcotráfico.
Entre las estructuras mencionadas figura Inversiones Candelario, vinculada por los investigadores a la administración de dinero y propiedades. La acusación sostiene que se utilizaron empresas, negocios inmobiliarios, préstamos y operaciones de cambio de divisas para manejar recursos y ocultar a sus beneficiarios reales.
El expediente atribuye a familiares, socios y personas del entorno de los principales señalados la adquisición o administración de apartamentos, viviendas y vehículos. También menciona movimientos de dinero en efectivo y transferencias bancarias.
El Ministerio Público señala, además, que parte de los pagos por la droga se coordinaba desde Estados Unidos y Puerto Rico hacia República Dominicana. Fernando Guzmán Ventura y María Teresa Eutate Hilario de Rodríguez son mencionados por su presunta participación en la logística de esos pagos y en el traslado de dinero, a cambio de comisiones.
La investigación también incluye a otras personas que, según la acusación, habrían colaborado en la administración de recursos y bienes, entre ellas Miguel Guerrero Cedeño ("Mune"), Ángel Miguel Alfonso Guerrero ("Miguelito" o "El Sobrino"), Juan Manuel Reyes Candelario y Publio Ramón Pión Guerrero.
¿Cuántos allanamientos se realizaron y qué pide el Ministerio Público?
La Operación Rompeolas fue ejecutada el jueves 19 de noviembre mediante 65 allanamientos simultáneos en distintas localidades del país. En el despliegue participaron más de 80 fiscales y alrededor de 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional.
Los operativos abarcaron zonas de La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los 22 imputados y que el proceso sea declarado complejo. La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este lunes 23 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.
La investigación también incluye a César Augusto Rodríguez Severino, alias "Dondy", a quien las autoridades atribuyen operaciones para introducir dinero de origen presuntamente ilícito en empresas. Fue arrestado en Cali, Colombia, mediante una notificación roja internacional, según informaciones divulgadas por las autoridades.
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