¿Quién es Altagracia Ramírez, la jueza que dictó el no ha lugar a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el caso Calamar?

Nacida en Santo Domingo el 21 de enero de 1983, Altagracia Migdalia Ramírez De La Cruz es una de las magistradas que mejor encarna el ascenso por mérito dentro del sistema judicial dominicano. Su historia no comenzó en un despacho de jueza, sino en la primera línea administrativa de los tribunales, lo que le otorga una comprensión integral del funcionamiento del Poder Judicial.

Ramírez De La Cruz obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la más antigua del continente americano, el 25 de febrero de 2006. Apenas dos semanas después de graduarse, ya formaba parte del Poder Judicial.

Una carrera construida desde adentro

Su ingreso al Poder Judicial se produjo el 9 de febrero de 2006, como oficinista del Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo. Desde ese primer escalón, fue acumulando experiencia en distintas áreas y niveles del sistema.

En diciembre de 2009 fue trasladada a la Dirección de Análisis y Políticas Públicas, donde amplió su visión institucional más allá de la sala de audiencias. Meses después, en junio de 2010, asumió como abogada ayudante de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, consolidando su perfil jurídico en el área civil.

El salto a la judicatura

El paso decisivo llegó en diciembre de 2014, cuando fue designada jueza del Juzgado de Paz de Jánico, en la provincia Santiago Rodríguez. Esa primera experiencia en la función jurisdiccional la llevó de regreso a la capital dos años más tarde: en noviembre de 2016 fue nombrada jueza de paz itinerante adscrita a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, rol que le exigió versatilidad y adaptación constante.

Al frente del Cuarto Juzgado de la Instrucción

El 3 de enero de 2022, Altagracia Ramírez asumió como jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal de primer orden en el sistema penal dominicano, encargado de controlar la legalidad de las investigaciones y decidir sobre medidas de coerción en causas penales de alta relevancia.

Su trayectoria —que abarca desde tareas administrativas hasta la conducción de audiencias de instrucción en la capital— refleja un perfil forjado en cada estamento del Poder Judicial, con más de 20 años de servicio ininterrumpido a la institución. El fallo del caso Calamar la coloca ahora en el centro del debate jurídico y político del país.

El fallo que sacudió el caso Calamar

La noche del viernes 29 de mayo de 2026, tras una espera de casi cinco horas que mantuvo en vilo a la opinión pública, la jueza Ramírez leyó desde el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el fallo más esperado del proceso penal conocido como Operación Calamar: una investigación por presunta corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, destapó una trama urdida "desde las mismas entrañas del poder" y que involucra montos millonarios.

La magistrada determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Rosa Arias y Marcial Reyes. La propia jueza explicó que la demora en la lectura obedeció a la complejidad del proceso.

La suerte no fue igual para todos los imputados: el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward fueron enviados a juicio de fondo y deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los señalamientos del Ministerio Público.

La decisión generó reacciones inmediatas. El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció que el Ministerio Público apelará el fallo por no compartir la valoración del tribunal respecto a las pruebas presentadas. Por su parte, Gonzalo Castillo celebró públicamente la resolución con un contundente mensaje: "¡Vamos con to' hacia la Presidencia de la República Dominicana!"