Gonzalo Castillo no esperó ni un minuto. Apenas conocida la decisión del tribunal en el caso Calamar, el exministro de Obras Públicas y aspirante a la presidencia de la República para 2028 lanzó su mensaje con la energía de un acto de campaña: "No importaba la decisión que se tomara hoy. Yo voy por todo, voy por todo y seré el presidente, el nuevo presidente en 2028 para que en todos los hogares dominicanos haya más comida y que el pueblo dominicano tenga mayor bienestar".
El "no ha lugar" que no cierra el caso
Este viernes 29 de mayo, la jueza que preside el proceso de la Operación Calamar dictó un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, junto a José Ramón Peralta, Rosa Arias y Marcial Reyes. Sin embargo, en el mismo proceso, el exministro de Hacienda Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros 33 imputados fueron enviados a juicio de fondo.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, fue contundente al anunciar que el Ministerio Público apelará el "no ha lugar" otorgado a Castillo y los demás beneficiados:
"El tribunal dictó algunos autos de no dar lugar a apertura a juicio a cinco personas y desde ahora le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y le vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión del tribunal se hacen evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas", señaló Camacho.
El funcionario detalló que el tribunal acogió testimonios clave —los de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Breña— pero luego no los tomó en cuenta al dictar los autos de no lugar. "El tribunal ni se refirió cuando dictó estos autos de no dar lugar. Por ende, no valoró correctamente esta prueba", afirmó.
Camacho también destacó que uno de los beneficiados con el no ha lugar firmó de su puño y letra un documento que lo vincula a seis personas, algunas de ellas fallecidas. "Que treinta y cinco personas de cuarenta hayan sido enviadas a juicio es un privilegio. Aun así, el Ministerio Público va a apelar porque entiende que los cuarenta debieron ser enviados a juicio", concluyó.
Un fenómeno global: candidatos con causas abiertas
La imagen de Gonzalo Castillo saliendo del tribunal con declaraciones presidenciales no es inédita en el mundo. Varios líderes que llegaron al poder —o intentaron llegar— lo hicieron con investigaciones judiciales activas en su contra. La diferencia es que en la República Dominicana sería un fenómeno sin precedentes recientes en la carrera hacia la presidencia.
Donald Trump (Estados Unidos)
El caso más resonante de la era reciente. Trump fue el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de delitos graves: un jurado de Nueva York lo condenó en 2024 por 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados a pagos de "silencio". Eso no le impidió ganar las elecciones presidenciales de noviembre de ese mismo año y regresar a la Casa Blanca. Ya en su primer mandato (2016-2020), Trump enfrentó investigaciones por presunta injerencia rusa en las elecciones y dos procesos de destitución en el Congreso.
Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)
Lula fue condenado en 2017 en el marco de la Operación Lava Jato por corrupción pasiva y lavado de dinero, y llegó a cumplir 580 días de prisión a partir de abril de 2018. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal anuló sus condenas en 2021 por vicios procesales, lo que le devolvió los derechos políticos. En 2022, con causas aún en discusión en los tribunales, Lula se presentó a las elecciones y venció a Jair Bolsonaro, regresando a la presidencia de Brasil por tercera vez.
Cristina Fernández de Kirchner (Argentina)
La expresidenta y exvicepresidenta argentina acumuló múltiples causas judiciales por presunta corrupción durante años, incluyendo la causa Vialidad, en la que fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aun así, Cristina Kirchner continuó siendo una figura central de la política argentina y mantuvo sus aspiraciones electorales mientras los procesos judiciales seguían su curso en las instancias de apelación.
¿Qué distingue el caso dominicano?
Lo que hace particular la situación de Gonzalo Castillo es la simultaneidad: mientras anuncia públicamente su aspiración presidencial para 2028, el Ministerio Público prepara la apelación que podría enviarlo a juicio de fondo. Si esa apelación prospera, Castillo sería el primer aspirante presidencial dominicano en campaña activa con un juicio penal por corrupción en curso.
En los casos internacionales citados, las causas judiciales no detuvieron las ambiciones políticas. Pero tampoco las dejaron intactas: marcaron para siempre la narrativa de cada uno de esos líderes y, en varios casos, terminaron con condenas firmes.
Castillo dijo que en los próximos días dará "una declaración a todo el país". La pregunta que queda flotando en el ambiente político dominicano es si esa declaración podrá competir en atención con lo que el Ministerio Público tiene preparado para los tribunales.
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