¿Por qué el Ministerio Público recusó a la presidenta del tribunal que conoce el caso Calamar?

El Ministerio Público recusó a la jueza presidenta del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlin Ventura Jiménez, durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar, luego de que la magistrada expresara un criterio contrario al de la mayoría del tribunal respecto a la solicitud de extinción de la acción penal.

La recusación fue presentada por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, quien cuestionó que la magistrada continuara presidiendo el proceso después de haber considerado, mediante un voto disidente, que la acción penal estaba extinguida.

¿De dónde surge el conflicto?

Antes de la recusación, el Tercer Tribunal Colegiado había conocido las solicitudes de extinción de la acción penal planteadas por las defensas de los acusados.

La mayoría de las juezas determinó que el proceso no estaba extinguido y dispuso que el juicio continuara. Sin embargo, la presidenta del tribunal, Arlin Ventura, emitió un voto disidente, al considerar que procedía declarar la extinción de la acción penal.

La diferencia es importante: la magistrada no emitió en ese momento una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino sobre si el proceso podía continuar tomando en cuenta el plazo de duración de la acción penal.

¿Por qué el Ministerio Público la recusó?

El Ministerio Público entendió que la posición asumida por la magistrada podía constituir un prejuzgamiento sobre un aspecto fundamental del proceso y cuestionó su permanencia al frente del juicio.

La acusación planteó que, si la jueza considera que la acción penal está extinguida, su criterio podría tener incidencia en las actuaciones posteriores del juicio.

La recusación buscaba, por tanto, apartar a Ventura del conocimiento del proceso.

¿Qué decidieron las otras juezas?

El tribunal, integrado además por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Martínez, rechazó la recusación y ordenó la continuación del juicio.

Al explicar la decisión, una de las magistradas sostuvo que lo expresado por Ventura constituía una decisión jurisdiccional y que el hecho de que una jueza haya quedado en minoría respecto de un incidente procesal no significa que haya prejuzgado sobre el fondo del caso.

El tribunal consideró que no estaban presentes las causales invocadas por el Ministerio Público para apartar a la magistrada.

¿Qué significa el voto disidente de Arlin Ventura?

En un tribunal de tres jueces, una decisión puede ser adoptada por mayoría. Cuando uno de los magistrados no comparte esa decisión, puede dejar constancia de su posición mediante un voto disidente.

Sobre el caso

El caso Calamar es un proceso judicial por presunta corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

Aunque el Ministerio Público comenzó a investigar a Donald Guerrero a principios de 2021, el caso se hizo público en marzo de 2023, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) puso en marcha la Operación Calamar. En esa operación se realizaron alrededor de 40 allanamientos y fueron apresadas varias personas.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían formado una estructura que utilizaba distintas instituciones del Estado para distraer fondos públicos mediante operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos, reconocimiento y pago de deudas administrativas, obras públicas y otros mecanismos.

Uno de los principales componentes señalados por los fiscales fue el manejo de pagos por expropiaciones y supuestas deudas administrativas.

Según el expediente, el Ministerio Público identificó aproximadamente RD$12,000 millones relacionados con operaciones que consideró irregulares dentro de ese esquema. En términos generales, la acusación preliminar calculó una afectación al Estado de más de RD$19,000 millones.

También se investigaron mecanismos como cubicaciones presuntamente adulteradas de obras, mediante las cuales, según el Ministerio Público, se habrían autorizado pagos por trabajos inexistentes o por montos que no correspondían a los trabajos realizados.