El Ministerio Público inició este miércoles ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la lectura de la acusación contra los imputados en el juicio de fondo del caso Calamar, con la exposición de varios expedientes de expropiación que, según el órgano acusador, fueron utilizados para ejecutar pagos millonarios mediante cesiones de crédito.
La presentación estuvo a cargo inicialmente del fiscal Jhensy Víctor, quien explicó ante las magistradas los procedimientos seguidos en distintos expedientes y los desembolsos realizados por el Estado. La Fiscalía sostiene que esas actuaciones formaron parte de un esquema para desviar fondos públicos.
Antes de comenzar la lectura, el Ministerio Público recusó a la presidenta del tribunal, Arlin Ventura, debido a que la magistrada sostiene que el proceso está extinguido. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, Mirna Ortiz, expuso los argumentos de la recusación.
El tribunal, integrado por Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Martínez, rechazó la recusación y dispuso la continuación del juicio. Las juezas establecieron además que las audiencias se celebrarán los lunes y miércoles, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Un pago superior a RD$361 millones en cuatro días
Durante la lectura, el fiscal se refirió a desembolsos ejecutados mediante el libramiento 124-1 y sostuvo que, en un período de apenas cuatro días, se realizaron actuaciones que incluyeron el avalúo, el acuerdo, la cesión, la notificación, la solicitud del expediente y la autorización de un pago superior a RD$361 millones.
Víctor aclaró que la rapidez de un procedimiento, por sí sola, no constituye un delito. Sostuvo que la prueba que será presentada durante el juicio buscará establecer la relación entre los servicios que justificaban la cesión de parte de los fondos, las empresas intermediarias, los gestores y las actuaciones de funcionarios públicos.
Parcela 115-R y cesiones por la mitad del crédito
Otro de los expedientes expuestos corresponde a la parcela 115-R, relacionada con terrenos de Molinería Oriental.
Según la acusación, un decreto de 1976 declaró de utilidad pública una porción de esos terrenos y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo de 2019 ordenó al Estado pagar cerca de RD$54 millones.
El Ministerio Público aclaró que no cuestiona que la sentencia adquiriera autoridad de cosa juzgada, sino la forma en que, según su planteamiento, fue utilizada para sustentar el acuerdo de pago.
La acusación señala que en diciembre de 2019 se propuso a Víctor Alejandro Gómez Pagán gestionar el cobro del 50 % del crédito. Posteriormente fueron preparados y firmados documentos de cesión a favor de Action Over Group y DXT Dominicana.
Ambas cesiones representaban, en conjunto, el 50 % del crédito reconocido. Según el fiscal, en apenas tres días de enero de 2020 se solicitó el expediente, se firmó el acuerdo transaccional, se notificaron las cesiones, se remitió la documentación al Ministerio de Hacienda, se autorizó el pago y se ejecutó el libramiento.
El resultado financiero señalado por la acusación fue de más de RD$26.9 millones para las empresas cesionarias y una cantidad equivalente para Molinería Oriental.
Un avalúo de RD$9 millones utilizado para una reclamación de RD$670 millones
El tercer expediente presentado por la Fiscalía corresponde a la parcela número 5, un caso en el que el órgano acusador cuestiona tanto la identificación del terreno como el avalúo utilizado.
El expediente parte de un decreto de 1973 que identificaba como titular a Eduardo Yil de Barcud, mientras que posteriormente Manuel Morilla Soto invocó derechos adquiridos sobre los terrenos.
El Ministerio Público sostiene que la porción reclamada no correspondía con la afectada por el decreto y que tampoco estaba correctamente localizada.
Víctor también cuestionó el avalúo utilizado. Explicó que el informe correspondía a una porción de 6,000 metros cuadrados, valorada en RD$9 millones, relacionada con un decreto posterior.
Sin embargo, según la acusación, ese avalúo fue utilizado como referencia para una reclamación de aproximadamente 446,000 metros cuadrados, por un monto cercano a RD$670 millones.
La diferencia entre ambas superficies supera los 440,000 metros cuadrados, de acuerdo con la exposición del fiscal.
La Fiscalía también señaló que este procedimiento se desarrolló con rapidez: entre el 14 y el 23 de enero de 2020 se firmó el acuerdo, se notificaron las cesiones, se remitió el expediente, se autorizó el pago y se ejecutó el libramiento.
El Ministerio Público sostuvo que esas actuaciones ocurrieron pese a que un formulario del Ministerio de Hacienda advertía sobre documentación pendiente.
Fiscalía identifica a beneficiarios de los desembolsos
El órgano acusador sostuvo que los pagos terminaron beneficiando, entre otros, a Amoril Gil, con aproximadamente RD$234 millones, y a Prominex Multiservicios, con más de RD$301 millones.
También mencionó desembolsos a favor de Axionoval, Ángel Alberto Lugo Almánzar, Lugo & Asociados, Alejandro Constanzo y Yoalemi Ortiz Cárdenas.
Según la acusación, la suma de esos pagos coincide con el monto que el Ministerio Público considera ilegal.
La Fiscalía describe un supuesto desplazamiento de controles
Durante su exposición, el fiscal presentó lo que el Ministerio Público denomina “La maquinaria: controles desplazados y actuaciones individuales”.
La Fiscalía sostiene que durante el juicio demostrará qué correspondía revisar a cada institución y cómo, según su teoría, se produjo la intervención de distintos funcionarios y particulares.
En el nivel de autorización y viabilidad institucional, atribuye a Ángel Lockward Guerrero la solicitud de expedientes y la emisión de autorizaciones de pago mediante un supuesto uso indebido de sus funciones.
A Daniel Omar de Jesús Caamaño le atribuye la aprobación directa y en corto tiempo de los libramientos, alegando que habría obviado la fiscalización previa a su emisión.
En cuanto a la revisión técnica y documental, el Ministerio Público señaló a Claudio Silva, a quien atribuye la emisión de avales que considera indebidos y sin base legal.
También mencionó a Princesa Alexandra García Medina, a quien atribuye la instrumentación de expedientes alterados o incompletos bajo las directrices del entonces ministro de Hacienda, según la acusación.
Cesiones de crédito y supuesto reparto de fondos
La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían articulado las cesiones de crédito para garantizar las denominadas “tajadas” de los cobros.
Según el Ministerio Público, la prueba demostrará el uso de maniobras que califica como engañosas, incluidas tasas que considera irreales y cesiones fraudulentas, con el propósito de afectar fondos públicos.
En el expediente relacionado con Manuel Morilla, además, el órgano acusador sostiene que esos mecanismos habrían servido como fachada para ofrecer y pagar sobornos a cambio de favores estatales.
No obstante, la propia Fiscalía aclaró que no pretende establecer responsabilidad únicamente por ocupar un cargo público o firmar un documento.
“La prueba conectará, respecto de cada persona, el conocimiento, la capacidad de decisión, el aporte concreto y el resultado”, sostuvo el Ministerio Público.
El órgano acusador también anticipó que las defensas podrían plantear que existían créditos legítimos, que las cesiones constituían negocios privados o que la rapidez de los procedimientos respondía a eficiencia administrativa.
La Fiscalía sostuvo que el punto que deberá establecerse durante el juicio es qué ocurrió específicamente en cada uno de los expedientes sometidos al tribunal.
Las cinco tesis que la Fiscalía dice que demostrará
El Ministerio Público planteó cinco proposiciones que, según dijo, demostrará mediante las pruebas que presentará durante el proceso:
- Que los tres expedientes jurídicamente diferentes fueron incorporados a un circuito coincidente de intermediación y pago.
- Que determinadas participaciones económicas fueron aseguradas antes del diseño estatal.
- Que las cesiones, actuaciones administrativas y pagos siguieron una secuencia temporal deliberadamente acelerada.
- Que advertencias y controles sustanciales fueron omitidos mediante decisiones atribuibles a personas concretas.
- Que la distribución financiera ejecutó porcentajes previamente establecidos para materializar, según la acusación, la sustracción de fondos.
“Primero se aseguró la participación, después se desplazaron los controles y finalmente se distribuyeron los fondos”, sostuvo la Fiscalía.
El órgano acusador indicó que esa secuencia será reconstruida mediante documentos, testimonios y registros financieros, con el propósito de establecer la conexión que atribuye a cada actuación, decisión y resultado.
Fiscalía atribuye liderazgo a Donald Guerrero
Posteriormente, otro representante del Ministerio Público continuó con la lectura de la acusación y sostuvo que el órgano acusador atribuye la dirección y facilitación de la estructura al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, junto a Belkis Tejeda Ramírez y Ángel Lockward.
Según la acusación, el mecanismo no habría tenido como finalidad resolver deudas históricas del Estado, sino utilizar procesos de expropiación de terrenos para desviar fondos públicos mediante pagos que la Fiscalía califica de fraudulentos.
El Ministerio Público sostiene que el mecanismo consistía en identificar reclamantes de terrenos declarados de utilidad pública y condicionar el pago estatal a la firma de cesiones de crédito a favor de empresas que identifica como parte de la estructura o como interpuestas.
Entre los expedientes que la Fiscalía anunció que presentará figura el de Hacienda Cosme, cuyos terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1976.
De acuerdo con la acusación, en ese caso se habría planteado recibir el 55 % del valor reconocido, bajo la condición de firmar cuatro cesiones de crédito.
La Fiscalía sostiene que ese expediente constituye uno de los ejemplos del mecanismo que atribuye a la estructura investigada.
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