La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, afirmó que uno de los principales retos de los cambios en el tren gubernamental es garantizar la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Blanco recordó que tanto los salientes como los entrantes están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, y subrayó que quienes asumen nuevas responsabilidades deben solicitar auditorías, especialmente en aquellas instituciones que han sido cuestionadas públicamente.
“Las instituciones que han estado bajo señalamientos, como el Plan Social de la Presidencia o el Ministerio de Agricultura, tienen que ser debidamente fiscalizadas y transparentadas. Es responsabilidad de quienes asumen estas funciones solicitar esos procesos”, expresó.
Estas declaraciones corresponden a los decretos que realizó el presidente de la República, Luis Abinader, como Eduardo Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; mientras que Nelson Arroyo deja Seguros Reservas y asume la Dirección General de Aduanas.
Además, Víctor Bisonó será el titular de Viviendas y Edificaciones; Gloria Reyes y Mayra Jiménez harán un cambio de funciones en el Ministerio de la Mujer y Supérate, respectivamente.
Blanco consideró que los movimientos en la administración pública son saludables, siempre que contribuyan a fortalecer la gestión estatal.
“La sociedad dominicana espera funcionarios no solo honestos, sino también eficientes. Ojalá estos cambios se traduzcan en mejores políticas públicas y una mejor calidad de vida”, dijo.
La dirigente de Participación Ciudadana señaló que algunos responden a rotaciones dentro del Estado, mientras otros incorporan a personas que provienen del sector privado, como Pedro Urrutia en Impuestos Internos, lo que supone un desafío adicional.
“Quienes entran por primera vez a la gestión pública tienen un mayor reto: conocer cómo funciona el Estado. La sociedad dominicana tiene que estar atenta a su desempeño. Los conoceremos por sus acciones”, indicó, aunque reconoció que varios de los nuevos funcionarios gozan de reconocimiento social por su integridad.
En relación con la designación del primer ministro de Justicia, Antoliano Peralta, Blanco consideró positiva su elección, no obstante, advirtió que enfrentará grandes desafíos, en especial la administración del sistema penitenciario, al que calificó como una de las mayores deudas sociales del país.
Respecto al Poder Judicial, valoró avances como la digitalización, la interoperabilidad y la reducción de la mora judicial en varios tribunales.
Sin embargo, expresó preocupación por la lentitud en los casos de corrupción, muchos de los cuales superan los cuatro y cinco años sin llegar a juicio de fondo.
“Se habla de avances en la mora judicial, pero en materia de corrupción todavía tenemos grandes desafíos. Esto genera mucha preocupación”, sostuvo.
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