Diversas personas y organizaciones solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, dejar sin efecto el Protocolo Migratorio aplicado en hospitales públicos y retirar a los agentes de la Dirección General de Migración de maternidades y centros de salud del país.
La petición pública sostiene que, aunque el Estado tiene la responsabilidad de gestionar la política migratoria, los hospitales deben mantenerse como espacios destinados a la atención médica, la protección de la vida y el cuidado de las personas, sin que se conviertan en escenarios de control migratorio.
Advierten sobre riesgos para madres y recién nacidos
Los firmantes expresaron preocupación por el impacto que la presencia de agentes migratorios podría tener sobre mujeres embarazadas y sus familias. Según el documento, el temor a ser detenidos o deportados podría provocar que algunas personas eviten acudir a los centros de salud, incluso durante emergencias médicas o procesos de parto.
Asimismo, señalaron que se han reportado casos de partos fuera del sistema sanitario que habrían puesto en riesgo la vida de madres y recién nacidos, situación que consideran una consecuencia de las medidas implementadas en los hospitales.
Salud pública y derechos humanos
La petición también advierte que las restricciones o temores para acceder a los servicios de salud podrían afectar programas de vacunación, prevención de enfermedades y atención neonatal, con consecuencias para toda la población.
Además, los promotores de la iniciativa sostienen que las medidas podrían impactar no solo a personas migrantes, sino también a ciudadanos dominicanos que carecen de documentación o que podrían ser objeto de discriminación por su apariencia o ascendencia.
Llamado a preservar los hospitales como espacios seguros
Entre las solicitudes presentadas al Poder Ejecutivo figuran la eliminación del protocolo migratorio en hospitales públicos, la garantía de acceso universal y sin discriminación a los servicios de salud, y la protección de mujeres embarazadas, madres recientes, niños y adolescentes frente a posibles detenciones o deportaciones dentro de centros médicos.
Los firmantes afirmaron que su petición no busca cuestionar la facultad del Estado para aplicar políticas migratorias, sino establecer límites que permitan preservar los hospitales como espacios seguros para la atención médica y la protección de la dignidad humana.
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