El diario estadounidense The New York Times publica este 26 de mayo de 2026 un extenso reportaje que documenta cómo la política migratoria de la República Dominicana está empujando a mujeres haitianas embarazadas a parir en condiciones de extremo riesgo en suelo dominicano, lejos de cualquier atención médica.
El texto completo, firmado por Hogla Enecia Pérez y Luis Ferré-Sadurní, con fotografías de Ana María Arévalo Gosen, puede consultarse en The New York Times.
El miedo que reemplaza a la medicina
Desde abril de 2025, el gobierno dominicano desplegó agentes de inmigración en los hospitales públicos de la República Dominicana con la instrucción de detectar y deportar a pacientes indocumentados.
La medida, que forma parte de una campaña de deportación masiva impulsada por el presidente Luis Abinader, ha expulsado a casiu medio millón de haitianos desde enero de 2025.
El resultado más dramático de esa política es el que documenta el Times: las mujeres haitianas embarazadas que viven en territorio dominicano dejaron de ir a los hospitales dominicanos por miedo a ser deportadas.
Los nacimientos hospitalarios entre haitianas en la República Dominicana cayeron casi un 60 % en doce meses: de 32 mil 967 registrados en 2024 a apenas 13 mil 856 tras el despliegue de los agentes, según estadísticas sanitarias dominicanas.
Médicos y grupos de defensa advierten que ese vacío lo están llenando partos en casas, talleres mecánicos, edificios en construcción y consultorios de parteras informales dentro del propio territorio dominicano, con riesgos severos de infección, hemorragia y muerte.
Historias que ilustran la crisis
El reportaje reconstruye lo que subraya son casos concretos, todos ocurridos en la República Dominicana. Katty Joseph, de 20 años, dio a luz en la trastienda de un taller mecánico en Puerto Plata, en la costa norte del país: recostada sobre una manta en el suelo manchado de grasa, cortó ella misma el cordón umbilical con una cuchilla de afeitar.
El bebé no lloró. Menos de 24 horas después, estaba muerto. El médico que lo atendió señaló como posibles causas la desnutrición, la falta de oxígeno, una infección o el tétanos provocado por la navaja.
Linline Poleis, de 28 años, parió gemelos en noviembre pasado en una casa en construcción donde vivía sin permiso en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
Dos semanas después murió en una acera de esa misma ciudad. La autopsia determinó que la causa fue choque séptico, septicemia y endometritis, una infección uterina que figura entre las principales causas de muerte posparto. Sus gemelos quedaron huérfanos al nacer.
La respuesta oficial y las críticas
El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración dominicana, defendió la política al señalar que los haitianos indocumentados solo enfrentan la deportación después de recibir y pagar atención médica, y que los funcionarios actúan con «un alto grado de profesionalismo y respeto por la dignidad humana».
Afirmó desconocer cualquier aumento repentino de partos en el hogar en el país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas han denunciado la medida. Un alto funcionario de la ONU en Haití señaló que plantea «graves preocupaciones humanitarias y de derechos humanos».
Cristiana Luis, presidenta del Movimiento de Mujeres Dominicano-Haitianas, fue más directa: «Es una afrenta a la dignidad humana de las mujeres. Y de sus hijas y sus hijos».
El resurgimiento de las parteras en territorio dominicano
Ante el vacío, ha resurgido la figura de la partera en la República Dominicana, práctica que había desaparecido casi por completo a medida que el país consolidaba su sistema de maternidad hospitalaria.
Kenya Degraff, activista comunitaria de 28 años, dice haber asistido más de dos docenas de partos en suelo dominicano en el último año sin cobrar nada.
Otras parteras cobran entre 100 y 250 dólares y operan en la clandestinidad dentro del país, temerosas de que las autoridades deporten a las mujeres que ayudan.
El Times documentó también que una mujer haitiana que finalmente decidió ir a un hospital público dominicano pagó un soborno de 250 dólares para evitar ser denunciada a las autoridades de inmigración, además de los 85 dólares que costaron los servicios médicos.
Al recuperarse, debió compartir cama con otra madre y sus dos bebés, mientras las madres dominicanas descansaban en camas individuales.
William Charpentier, presidente de la Junta Nacional para la Migración y los Refugiados, resumió la situación en una sola frase: «Ha sido catastrófico».
El reportaje original, en inglés, puede leerse completo en The New York Times. La investigación contó con el apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF) como parte de su Iniciativa de Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas.
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