Las organizaciones sociales dedicadas a la prevención y tratamiento de los trastornos por uso de sustancias recibieron con expectativa el anuncio del INCABIDE (Instituto para el Control de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados) sobre la realización de la primera subasta pública del organismo, prevista para el 13 de mayo de 2026 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El director del del INCABIDE , Manuel Oviedo Estrada, les aseguró a estas instancias que con los recursos obtenidos se cumplirá la ley que establece que el 15% de esos fondos debe ser entregado a dichas organizaciones.
Entre los bienes a subastar figuran apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, relojes de lujo, yates y hasta aeronaves, todos decomisados en el marco de procesos por narcotráfico y lavado de activos.
Sin embargo, trascendió también que "el dinero recaudado de las subastas va directo al Fondo General de la Nación", lo que generó alarma en el sector que teme demoras en el traspaso o simplemente incumplimiento de la ley.
Tres mil millones en disputa
Las entidades advierten que además de los que recaude la subasta, más de RD$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos) confiscados entre 2020 y septiembre de 2023 —previo a la promulgación de la Ley N.º 60-23, que creó el INCABIDE— deben distribuirse conforme a lo establecido en la Ley N.º 155-17, norma que ordena expresamente la entrega del 15% de esos recursos a sus organizaciones.
"Por varios años hemos estado reclamando esa entrega", señalaron en un comunicado conjunto.
"La historia ha sido de violaciones, modificaciones y nuevas leyes que han generado una mayor indefensión, en perjuicio de los olvidados de siempre: las personas más empobrecidas de nuestra sociedad", subrayó el comunicado suscrito por catorceorganizaciones en total.
Estas son: Centro de Restauración Gabaón, Proyecto Hombre, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, Centro de Rehabilitación Nuevo Renacer, Fundación Dios es Fiel, Fundación Fénix, Asociación Casa Abierta, Ministerio en Cristo se Puede, Centro Cristiano Casa del Alfarero, Comunidad Terapéutica Hermanos Unidos en Cristo, El Mesón de Dios, Yeshua Trayer Temple Church Fundación (Ministerio Rescate), Desafío Juvenil y Ministerio Evangelístico Juan 3:16.
Las organizaciones firmantes subrayan que representan la única alternativa real para las familias y personas en situación de pobreza que enfrentan trastornos por uso de sustancias o adicciones. Denuncian que, de forma sistemática, han visto desaparecer los mecanismos legales que las protegían.
Ante el anuncio de la subasta —presentada como "un proceso donde la transparencia es el único protagonista"— las entidades expresaron su confianza en que también prevalezca el respeto a la ley: "Esperamos que esta larga espera termine con la entrega de los recursos que por ley nos corresponden", se lee en el comunicado.
¿Cómo sobreviven sin financiamiento estatal?
Mientras esperan los fondos que la ley les reconoce, estas organizaciones operan en una precariedad estructural sostenida por tres vías principales.
La primera es el autofinanciamiento y las donaciones privadas: la mayoría funciona gracias a aportes de iglesias, comunidades religiosas y donantes individuales. Otras operan casi exclusivamente con voluntariado y contribuciones comunitarias.
La segunda es la cooperación internacional, a través de organismos como la OPS/OMS y fundaciones como Drug-Free World, que aportan recursos puntuales mediante acuerdos con el Estado, pero que raramente llegan a las organizaciones de base.
La tercera, la más alarmante, es la crisis permanente: en septiembre de 2025, los centros cristianos de rehabilitación llegaron al borde de la quiebra y debieron pedir auxilio directo al presidente Luis Abinader, evidenciando que muchos operan sin ninguna fuente de ingreso estable.
Un modelo que ha fracasado
El comunicado también c ritica el enfoque dominante en la política antidrogas y las organizaciones sostienen que priorizan el control y la represión por sobre la prevención y el tratamiento. Esta directriz, subrayan, ha demostrado ser ineficaz y genera un círculo vicioso del que es urgente salir.
Por ello reclaman financiación permanente y no dependiente de subastas o decisiones discrecionales. Entre sus propuestas figura la reglamentación precisa del Art. 82, Acápite 2 B de la Ley N.º 60-23, que habilita fondos "para apoyar, fortalecer, financiar, desarrollar o ejecutar programas de prevención o tratamiento de consumo de drogas", con un porcentaje definido y garantizado para sus organizaciones.
"Las autoridades deben asumir esto desde los nuevos paradigmas que recomiendan privilegiar prevención y tratamiento, reducción de demanda, por sobre la reducción de oferta, que se sabe ha fracasado", concluyen.
Un llamado urgente a los medios
Juan Ráddames de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta, una de las organizaciones más activas en la lucha por los derechos de las personas con adicciones en el país, lanzó un llamado directo a la prensa dominicana para que asuma un rol protagónico en esta causa.
De la Rosa Hidalgo subrayó que sin la visibilidad que solo los medios pueden dar, esta demanda —que lleva años sin respuesta del Estado— continuará siendo ignorada. Su mensaje fue claro y contundente:
"Les pedimos a los medios de comunicación dominicanos que pongan sus micrófonos, sus cámaras y sus páginas al servicio de quienes no tienen voz. Esta es una deuda del Estado con los más pobres, y la sociedad tiene derecho a saberlo", remarcó el titular de Casa Abierta.
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