La mora judicial continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de justicia dominicano, caracterizada por retrasos en la emisión de sentencias y en la respuesta a solicitudes, en muchos casos en violación de los plazos establecidos por la ley.
El abogado Robinson Reyes explicó que la mora judicial constituye el retraso en que incurren los tribunales al momento de decidir los procesos, y sostuvo que esta problemática responde principalmente a la falta de personal. Señaló que no hay suficientes jueces, tribunales ni empleados para atender la demanda de una sociedad en crecimiento.
Indicó además que influye el tiempo que toman los fiscales en presentar acusaciones, quienes, pese a contar con un plazo de tres meses, con frecuencia solicitan prórrogas, incluso en casos de gran relevancia.
Reyes señaló que los procesos que suelen tardar más son aquellos declarados complejos, donde existe pluralidad de imputados y víctimas, así como los casos de corrupción administrativa, que tienden a extenderse significativamente en el tiempo.
Advirtió que la mora judicial afecta tanto a víctimas como a imputados, generando consecuencias económicas, pérdida de interés en los procesos y una disminución de la confianza en el sistema de justicia.
Definitivamente afecta la justicia, al punto de que se pierde la confianza, afirmó.
En cuanto a los aplazamientos, indicó que son frecuentes en los tribunales, al punto de que son pocos los casos que se conocen y concluyen en una sola audiencia. También subrayó que el Poder Judicial enfrenta fallas estructurales, como la falta de recursos económicos, infraestructura adecuada y personal suficiente.
Aunque reconoció avances con la digitalización de los procesos, consideró que estos aún son limitados y no constituyen una solución definitiva. En ese sentido, planteó la necesidad de crear nuevos tribunales, contratar más personal y fortalecer la infraestructura judicial.
El jurista se refirió además a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien afirmó que la mora judicial se ha agravado considerablemente en el país, señalando que la situación en los tribunales del interior es crítica. Indicó que, aunque no asiste regularmente a esas jurisdicciones, tiene constancia de que existe “un verdadero desastre” en el funcionamiento de dichos tribunales.
Tardanza en los procesos judiciales
Los procesos judiciales suelen tardar años en resolverse debido a la acumulación de casos en los tribunales, la falta de recursos y personal, así como la complejidad de los procedimientos legales. A esto se suman los constantes aplazamientos de audiencias y, en algunos casos, estrategias de las partes para retrasar las decisiones.
En ese contexto, una jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras informó que el Poder Judicial se ha propuesto reducir la mora judicial y alcanzar que al menos el 80 % de los tribunales estén al día antes de junio de este año. Explicó que la meta forma parte de un proyecto de implementación que busca mejorar la gestión de los expedientes, trabajando con anticipación en los casos para que puedan prepararse dos, tres o hasta cuatro semanas antes de que se coloquen en estado de fallo.
Indicó que, según los informes más recientes, al cierre de diciembre el 64 % de los tribunales se encontraba al día, por lo que actualmente se trabaja para aumentar y hacer sostenible ese porcentaje.
Desafío en la justicia dominicana
De su lado, el movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que la justicia dominicana continúa enfrentando el desafío de la mora en los procesos por corrupción administrativa, pese a la reducción anunciada por las autoridades. La entidad sostuvo que muchos de estos casos superan los cuatro años sin una decisión definitiva.
La organización también deploró que no se abordara la lentitud persistente en los procesos de corrupción administrativa, y señaló que las recientes reformas a la justicia penal representan un reto, pero también una oportunidad para eficientizar y humanizar el sistema, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos procesales.
Estadísticas de 2025 reflejan alta demanda en la justicia
En cuanto a la carga de trabajo, estadísticas correspondientes al año 2025 de la Suprema Corte de Justicia reflejan que entre septiembre y diciembre ingresaron 2,511 recursos de casación, con mayor volumen en la Primera Sala (1,053), seguida de la Segunda (750) y la Tercera (708).
En ese mismo período se registraron 1,087 solicitudes administrativas. Asimismo, las entradas de recursos de casación a los distintos órganos totalizaron 3,123 casos, encabezados por la Tercera Sala con 1,185 expedientes.
De igual forma, las solicitudes administrativas a los distintos órganos sumaron 808, con mayor carga en la Primera Sala con 399 casos.
Por otro lado, el Centro de Atención al Usuario reportó que entre septiembre y diciembre de 2025 fueron atendidas 12,985 personas y se realizaron 13,098 trámites, evidenciando la alta demanda de servicios en el sistema judicial dominicano.
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