El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) aseguró que el proceso de adquisición de calzado escolar en marcha mantiene una participación mayoritaria de empresas de fabricación nacional y se ejecuta conforme a las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
La institución explicó que la contratación tiene como objetivo garantizar la cobertura del programa de utilería escolar para el próximo año lectivo y suplir un faltante generado tras la anulación parcial de un procedimiento anterior por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en 2024.
Fase de reevaluación de los contratos
Inabie indicó que, antes de convocar el nuevo proceso, fue necesario realizar una fase de reevaluación de los contratos observados como parte de las actuaciones administrativas derivadas del procedimiento previo.
Asimismo, precisó que la contratación se desarrolla bajo la modalidad de urgencia contemplada en la normativa vigente, mecanismo que permite reducir los plazos para atender necesidades impostergables del servicio público, garantizando al mismo tiempo los principios de transparencia, control, calidad y legalidad.
Participación de los oferentes
En cuanto a la participación de los oferentes, la entidad destacó que el pliego de condiciones establece que hasta un 80 % de las adjudicaciones corresponderá a bienes de fabricación nacional y hasta un 20 % a productos importados, con el propósito de evitar que queden partidas desiertas y asegurar el abastecimiento completo del programa.
La institución también señaló que todas las adjudicaciones estarán sujetas al cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, la capacidad productiva y demás requisitos establecidos en el proceso.
Mecanismos de control
Como parte de los mecanismos de control, Inabie informó que realiza inspecciones técnicas al 100 % de los participantes para verificar instalaciones, maquinarias, personal y capacidad operativa. Estas evaluaciones se apoyan en herramientas digitales que permiten registrar evidencia audiovisual y geolocalización, garantizando la trazabilidad de cada inspección.
La entidad destacó además que más del 80 % de los suplidores que participan en sus programas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que contribuye al fortalecimiento de la producción nacional y al dinamismo económico en distintas regiones del país.
Finalmente, recordó que toda la documentación relacionada con el procedimiento está disponible para consulta pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y reafirmó su compromiso con la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y la calidad de los bienes destinados a los estudiantes del sistema educativo público.
Cámara de Cuentas detectó 38 irregularidades con indicios penales en el Inabie y remitió caso al PEPCA

Recientemente salió a la luz el informe final de la Cámara de Cuentas que identifica 38 irregularidades con presuntos indicios penales en el Inabie, incluyendo anomalías en licitaciones del desayuno escolar que comprometieron más de RD$3,000 millones, por lo que el caso fue remitido al PEPCA para su evaluación.
El informe final de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reveló la existencia de 38 irregularidades con presuntos indicios penales relacionadas con la administración de recursos públicos y los procesos de contratación desarrollados entre agosto de 2020 y agosto de 2022.
La auditoría abarca el período correspondiente a la gestión del entonces ministro de Educación, Roberto Furcal, así como las administraciones de los exdirectores del Inabie, Cecilio Rodríguez Montás y Víctor Castro Izquierdo, quienes estuvieron al frente de la institución durante esos años.
De acuerdo con el documento, las irregularidades detectadas comprometieron más de RD$3,000 millones de fondos públicos vinculados principalmente al proceso de licitación para la adquisición y distribución del desayuno escolar, uno de los programas sociales más importantes ejecutados por el Estado dominicano a través del sistema educativo.
La Cámara de Cuentas concluyó que varios de los hallazgos presentan características que podrían constituir faltas graves e incluso posibles hechos de corrupción administrativa, razón por la cual decidió remitir el expediente completo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Entre las observaciones contenidas en el informe figuran presuntas deficiencias en los procedimientos de evaluación de ofertas, incumplimientos de requisitos establecidos en procesos de contratación, debilidades en los mecanismos de control interno y otras anomalías administrativas y financieras que, según el órgano auditor, pudieron afectar la transparencia y legalidad de las adjudicaciones.
Procesos judiciales contra funcionarios o particulares
El documento también señala inconsistencias en la ejecución presupuestaria y en la supervisión de contratos, lo que habría generado riesgos significativos para el adecuado uso de los recursos destinados a la alimentación escolar de miles de estudiantes en todo el país.
Con la remisión del caso al PEPCA, corresponderá ahora al Ministerio Público analizar las evidencias recopiladas por la Cámara de Cuentas, determinar posibles responsabilidades individuales y establecer si existen méritos suficientes para iniciar procesos judiciales contra funcionarios o particulares vinculados a las irregularidades detectadas.
La investigación se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre el manejo de los fondos públicos y podría convertirse en uno de los expedientes de mayor relevancia relacionados con contrataciones estatales durante el período gubernamental auditado.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sometimientos derivados de este informe, mientras el PEPCA evalúa el contenido de la auditoría y las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas.
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