Luego de publicada la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al INABIE, correspondiente en parte a los primeros meses de la gestión del ingeniero Víctor Castro, desde el 17 de noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, apenas siete meses y catorce días calendario, comenzó, como era previsible en nuestro medio, la destilación de veneno periodístico. Al leer algunos de esos trabajos se advierte con facilidad que no se trató de una revisión serena del documento, sino de interpretaciones amañadas, orientadas a convertir observaciones técnicas en condenas públicas anticipadas.
Los auditores serios procuran evidencias, examinan documentos, identifican debilidades y formulan juicios técnicos conforme a las normas que rigen su trabajo. No tenemos por qué presumir mala fe en los equipos de auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero una auditoría, por rigurosa que sea, tiene una limitación propia de su naturaleza: examina el expediente desde la lógica del control posterior, no siempre desde la complejidad viva de una gestión que recibe una institución en estado crítico y debe adoptar decisiones urgentes para evitar el colapso de un servicio esencial.
En este caso hablamos de la alimentación escolar, no de un suministro accesorio. Hablamos de un bien mayor de la nación, conectado con la salud, la nutrición, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes de hoy y de las generaciones que habrán de sostener el país mañana. Su connotación es, por tanto, intra e intergeneracional: protege el presente de la niñez y compromete el futuro mismo de la sociedad dominicana.
Ahí está el punto que algunos prefieren omitir porque no escandaliza, no produce ruido mediático ni garantiza muchos “likes”. El INABIE que encontró la gestión encabezada por Víctor Castro no era una institución ordenada, con procesos maduros, expedientes completos, contratos al día, archivos depurados y pagos fluyendo normalmente. Era, más bien, una estructura administrativa severamente deteriorada, con cientos de libramientos acumulados en condiciones impropias de resguardo y tramitación, contratos vencidos o mal elaborados, expedientes incompletos, procesos mal configurados en el Portal Transaccional, actas sin secuencia lógica, deudas multimillonarias con suplidores y una presión creciente sobre el Programa de Alimentación Escolar.
Esa realidad, que para cualquier buen gerente podría parecer inverosímil, fue vivida por quien escribe en jornadas agotadoras de subsanación, revisión y reconstrucción documental que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Los documentos internos describen una situación crítica: más de 1,500 libramientos acumulados, con un valor que en un primer recuento superaba los nueve mil millones de pesos; una deuda de arrastre estimada hacia enero de 2022 en más de siete mil millones; alrededor de 2,400 contratos vencidos; archivos financieros que ameritaban reconstrucción total; errores en contratos, conduces, pólizas, impuestos y discrepancias entre las matrículas de beneficiarios y las raciones declaradas.
A ello se sumaba una debilidad severa en Compras y Contrataciones. Solo tres personas dominaban técnicamente el Portal Transaccional; el personal no tenía conocimiento suficiente del marco regulatorio de compras públicas ni sabía instrumentar adecuadamente procesos, pliegos, términos de referencia, dictámenes o actos administrativos. Los archivos físicos y digitales estaban mal organizados, con informaciones faltantes, numeraciones sin orden lógico y escasa documentación de procesos anteriores.
Ese caos heredado condicionaba inevitablemente muchas decisiones posteriores. No para justificar violaciones legales, sino para comprender que algunas actuaciones tuvieron que moverse en el estrecho margen entre la corrección administrativa, la consulta con los órganos rectores y la obligación impostergable de garantizar que la alimentación escolar no se interrumpiera.
En una situación semejante, la gestión pública no opera en el laboratorio perfecto de los manuales. Opera en el terreno áspero donde se cruzan expedientes defectuosos, proveedores desesperados, presión mediática organizada, estudiantes que esperan su ración diaria, órganos rectores que deben ser consultados casi todas las semanas y normas que deben respetarse aun cuando la realidad heredada las haya dejado maltrechas. Los actuales incumbentes de esos órganos rectores pueden dar fe de las largas jornadas de trabajo agotadas junto al INABIE en busca de soluciones jurídicamente posibles frente a situaciones que suponíamos impropias de un Estado mínimamente normalizado.
Por eso resulta irresponsable tomar una observación de auditoría y presentarla como prueba automática de robo, apropiación o desvío. Una diferencia entre raciones contratadas y raciones facturadas exige conciliación, verificación y trazabilidad. No autoriza, por sí sola, a decir que los alimentos no llegaron a los estudiantes ni que los suplidores se “alzaron” con recursos públicos.
Para sostener una acusación de esa magnitud hacen falta conduces, actas de recepción, certificaciones de centros educativos, cruces de matrícula, informes de supervisión, identificación de responsables y prueba cierta del perjuicio patrimonial. El articulista que acusa debería responder preguntas elementales: ¿cuáles centros certificaron que no recibieron esas raciones?, ¿cuáles directores negaron la entrega?, ¿cuáles conduces fueron falsificados?, ¿qué suplidores cobraron sin servir?, ¿qué funcionarios autorizaron pagos sabiendo que no había entrega?, ¿dónde está el nexo probado entre pago, simulación, daño patrimonial y beneficio ilícito?
Sin esas respuestas, el titular puede ser escandaloso, pero no concluyente. Puede ensuciar reputaciones, sembrar sospechas y producir daño moral; pero un análisis objetivo, apoyado en documentos, trazabilidad, contexto institucional y debido proceso, terminará reivindicando la diferencia esencial entre una debilidad administrativa y una imputación penal probada.
La explicación ofrecida por Víctor Castro merece ser examinada con seriedad. Según su planteamiento, la alimentación contratada y pagada durante su gestión sí llegó a los estudiantes. Lo que puede constatarse es una diferencia entre la base contractual inicial, heredada, y la realidad operativa de los centros educativos, marcada por datos de beneficiarios que no siempre reflejaban la matrícula real, incorporaciones posteriores, asignaciones provisionales, retrasos heredados y la necesidad de impedir la interrupción del servicio.
Durante los primeros meses de 2022, el INABIE identificó, mediante el proceso de “Actualización de Beneficiarios”, que apenas 34 de cada 100 centros recibían el almuerzo escolar, pese a que muchos tenían suplidores asignados y otros ni siquiera contaban con uno. Ante esa realidad, se realizó un levantamiento nacional en casi 7,000 centros educativos, con formularios firmados y sellados por los directores, donde se registraban tanda escolar, matrícula estudiantil, personal beneficiario y cantidad real de personas que recibían el almuerzo. Esa información era procesada y validada posteriormente.
Este dato cambia la lectura del hallazgo. Si la base original era imprecisa, como reconoció públicamente el entonces ministro de Educación al admitir que en el MINERD debían cruzar varias veces los datos antes de decidir, no puede sorprender que existieran diferencias entre raciones inicialmente contratadas y raciones efectivamente servidas.
El punto central no es negar la diferencia entre contrato y factura. La hubo, y debía ser documentada, conciliada y cerrada conforme a las normas de control interno. El punto decisivo es otro: si esa diferencia respondía a raciones realmente entregadas a beneficiarios existentes, validadas por los centros educativos y regularizadas mediante documentos internos, entonces no estamos ante la prueba automática de una sustracción de fondos públicos, sino ante el esfuerzo de corregir una base de datos defectuosa, garantizar la continuidad del PAE y pagar servicios efectivamente prestados.
La frontera entre ambas cosas es enorme, y solo quienes prefieren el escándalo a la verdad pueden borrarla.
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