La auditoría de la Cámara de Cuentas al programa de alimentación escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), correspondiente al período 2020-2022, detectó pagos por RD$ 187,256,083 por encima de lo contratado. El informe, basado en la revisión de 2,848 libramientos, señala que 2,445 registros presentaron incumplimientos en las condiciones de entrega y recepción establecidas en los contratos.
Según la auditoría, solo el 14.2 % de los procesos revisados se ejecutaron conforme a lo pactado en los contratos de licitación. El 85.8 % restante mostró diferencias entre las cantidades adjudicadas, las entregadas y las facturadas, lo que da cuenta de incumplimientos en la ejecución del programa dentro de la muestra analizada.
Discrepancias revelan fallas de supervisión
La fiscalización atribuye estas diferencias a fallas en los controles aplicados durante la ejecución de los contratos. Para la Cámara de Cuentas, las discrepancias entre lo contratado, lo entregado y lo pagado reflejan debilidades en la supervisión y en los mecanismos de validación utilizados por la institución al momento de autorizar los desembolsos.
La mayor parte de las observaciones se concentró en 2022. Ese año, la auditoría identificó 2,442 libramientos con pagos por RD$ 187,245,476 por encima de lo contratado. En 2021, en cambio, solo se registraron tres libramientos por RD$ 10,607. En conjunto, la muestra revisada reflejó 23,233,261 raciones facturadas frente a 19,924,384 raciones contratadas, una diferencia de 3,308,877 raciones.
Auditoría advierte incumplimiento
La Cámara de Cuentas señaló que esta situación vulnera las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), diseñadas para garantizar legalidad, eficiencia y confiabilidad en la administración pública. También recordó que los contratos prohibían a los suplidores entregar cantidades distintas a las adjudicadas sin una autorización formal de las autoridades del INABIE.
Exdirector Montás objeta detalle del informe
Por su parte, el exdirector general del Inabie, Cecilio Antonio Rodríguez Montás, quien estuvo al frente de la institución entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, cuestionó que el informe preliminar no precisara cuáles libramientos correspondían a ese período.
Rodríguez Montás sostuvo que el documento no identifica de forma específica los tres casos atribuidos a 2021, por lo que aseguró que no cuenta con base documental suficiente para determinar si esos pagos se realizaron durante su gestión o en la administración posterior.
No obstante, la Cámara de Cuentas respondió que las explicaciones ofrecidas no desvirtúan la observación contenida en la auditoría.
Reacción del exdirector Víctor Castro
En respuesta a esas discrepancias, el entonces director del Inabie, Víctor Castro Izquierdo, explicó que se ordenó una revisión de los datos de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar utilizados en la licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009. Según dijo, ese análisis concluyó que la información empleada para asignar las raciones no reflejaba con precisión la cantidad real de beneficiarios en los centros educativos.
Añadió que esa conclusión se sustentó en un levantamiento de beneficiarios activos realizado por el entonces Departamento de Gestión Alimentaria, por instrucciones de la Dirección Ejecutiva, a partir de una muestra representativa de centros educativos de todo el país.
Pide cumplir normas y contratos
Entre sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas plantea que el director ejecutivo instruya a la Dirección Jurídica y al Departamento de Compras y Contrataciones para asegurar el cumplimiento estricto de los contratos y de las NOBACI. El informe añade que los hechos podrían derivar en responsabilidades administrativas y presentar indicios de posible responsabilidad penal, conforme a la Ley 10-04 y al Código Penal dominicano.
Remiten el caso a la PEPCA
El informe fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para determinar, mediante una investigación forense, si los hallazgos detectados en la auditoría al INABIE pueden dar lugar a responsabilidades penales. Con esta remisión, el Ministerio Público podría profundizar en la revisión de los pagos observados, la documentación de respaldo y la actuación de los funcionarios vinculados al proceso.
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