La difusión de casos que involucran posibles situaciones de abuso y amenazas a la seguridad de menores de edad ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer su protección. Uno de los hechos recientes es la investigación contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, arrestado en el Distrito Nacional tras ser acusado de presunta agresión sexual contra una niña de aproximadamente un año. El caso salió a la luz luego de que circularan en TikTok videos en los que el hombre aparecía con la menor y hacía comentarios de índole sexual. La denuncia formal fue presentada por el padre de la niña, quien la reconoció en uno de los audiovisuales.

A esta situación se suma la circulación de otro video en redes sociales, en el que se observa a un hombre que se desplaza en motocicleta y que, según la denuncia difundida junto a la grabación, habría ofrecido RD$ 2,000 a una niña para que le permitiera entrar a su vivienda con el pretexto de utilizar el baño. Aunque se trata de hechos distintos, ambos episodios han generado atención pública sobre los riesgos que enfrentan los menores y las medidas que deben adoptarse para prevenir posibles abusos. En ese contexto, Acento consultó a sus lectores sobre si el Estado debe reforzar los mecanismos de protección de la niñez.

Ante la pregunta “¿Cree que el Estado debe reforzar los mecanismos de protección de menores ante posibles casos de abuso sexual?”, el 93.39 % de los participantes en el portal web respondió que sí, mientras que el 1.65 % seleccionó la opción “No”.

La tendencia también se reflejó en las plataformas sociales del medio. En X (antes Twitter), bajo la etiqueta #OpinaEnAcento, el 100 % de los usuarios que participaron en el sondeo votó afirmativamente. En Threads, la opción “Sí” también obtuvo el 100 % de las respuestas.

Resultados de la encuesta Acento.

En Facebook, los lectores manifestaron igualmente su respaldo a la necesidad de reforzar la protección de los menores, aunque algunos plantearon preguntas sobre la capacidad del Estado para intervenir en situaciones que ocurren dentro del entorno familiar.

El usuario Eric Badia respondió afirmativamente, pero cuestionó cómo podrían aplicarse esos mecanismos en el ámbito privado. “Creo que sí. Pero ¿Cuáles son esos mecanismos?, porque ¿Cómo el Estado podrá tratar de impedir o controlar algo que pueda pasar en el interior de una familia?”, expresó.

Por su parte, las lectoras Amparo Peña y Desiree Domínguez Fiallo también respaldaron la propuesta al responder “Sí” a la consulta.

Encuesta Acento sobre protocolos del Estado ante abusos sexuales infantiles.

Las fallas institucionales mantienen el debate sobre la protección infantil

El respaldo a la necesidad de reforzar la protección ocurre en un contexto marcado por los cuestionamientos sobre la coordinación y capacidad de respuesta de las instituciones responsables de atender a la niñez.

En marzo de 2026, un diagnóstico sobre la Ley 136-03, que regula los derechos de niños, niñas y adolescentes, identificó fallas en el funcionamiento del sistema de protección dominicano. Entre ellas señaló la fragmentación entre instituciones, la ausencia de rutas de actuación unificadas y de protocolos comunes para denunciar y responder ante situaciones de vulneración de derechos.

Resultados de la encuesta.

El análisis, presentado por representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), también advirtió sobre las diferencias territoriales en el acceso a los servicios y el riesgo de revictimización cuando los menores deben relatar repetidamente sus experiencias ante distintas entidades. El diagnóstico forma parte del proceso de revisión de la legislación vigente para fortalecer la coordinación institucional y la respuesta estatal.

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