Mientras el Gobierno habla de austeridad y control del gasto, la nómina pública sigue creciendo. Según registros citados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), en mayo de 2026 el Estado dominicano tenía 780.060 empleados públicos. Para ese año, el Presupuesto General del Estado (PGE) fijó gastos por RD$1,622,833.4 millones, y el mismo centro estimó que RD$376,964 millones irían a remuneraciones.
El tema no se agota en la cantidad de personas que cobran del erario. El punto es determinar si cada plaza tiene una función clara, una justificación pública y un resultado verificable. También importa establecer bajo qué criterios ingresaron esos empleados y si el dinero invertido mejora los servicios que recibe la población.
Varios sectores han levantado alertas. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) mira el tema desde la presión fiscal. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lo vincula con la eficiencia del gasto. Oxfam República Dominicana y Participación Ciudadana lo han relacionado con clientelismo, duplicidad institucional y debilidad de la carrera administrativa.
La tendencia es sostenida. Entre mayo de 2017 y mayo de 2026, la nómina pasó de 576.324 a 780.060 trabajadores. Son 203.736 empleados más, para un crecimiento acumulado de 35,4%. Solo entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se sumaron 35.789 empleados.
La comparación exige cautela porque cada fuente mide universos distintos: gobierno central, instituciones descentralizadas, ayuntamientos, militares, policías, pensionados, contratados, docentes, médicos, personal temporal o programas especiales. Esa dispersión metodológica impide una lectura única, pero no borra la tendencia de fondo.
Cada contratación implica más que un salario mensual. También crea compromisos por seguridad social, regalía pascual, vacaciones, prestaciones y futuras cargas del sistema de pensiones. Por eso, la discusión no se limita al tamaño de la nómina, sino a la utilidad real de cada plaza.
El punto más delicado
Uno de los mayores riesgos es que direcciones, viceministerios, programas especiales y cargos de confianza terminen funcionando como espacios de negociación política. Cuando eso ocurre, la nómina crece por varias vías y la rendición de cuentas se vuelve más difícil.
Qué se sabe y qué falta por saber
La llamada “nómina oculta” no siempre significa empleados inexistentes o pagos ilegales. Muchas veces se usa para agrupar contratos temporales, personal eventual, asesores, consultores, programas especiales y pagos que no aparecen integrados en la nómina fija tradicional.
El problema es que no siempre se explica cuánto cuestan esas modalidades, qué función cumplen, quién las autoriza ni bajo qué criterios se evalúan. Sin esa información, la ciudadanía puede ver archivos, pero no necesariamente entender el peso real de la nómina.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) reportó altos niveles de cumplimiento en transparencia durante 2025. Pero publicar archivos no equivale a una auditoría completa. Para que la información sea útil, debe ser comparable, descargable y conectada entre instituciones.
Los ejemplos muestran avances y límites. El Ministerio de Administración Pública (MAP) publica nóminas por tipo de personal. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) mantiene listados propios. El Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Superintendencia de Bancos (SB) usan categorías distintas. La información existe, pero la ciudadanía todavía debe reconstruirla institución por institución y formato por formato.
Disparidades salariales y cargos de confianza
El análisis no se limita a la cantidad de empleados. También incluye la distancia salarial entre servidores de base y funcionarios de confianza, asesores, asistentes ejecutivos y coordinadores de despacho. Un reporte de prensa sobre nóminas de abril de 2026 identificó salarios para cargos de confianza desde RD$45,000 hasta más de RD$285,000 mensuales, con denominaciones distintas según la institución.
Esa disparidad contrasta con escalas salariales disponibles en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP): auxiliares administrativos entre RD$19,837 y RD$23,000; conserjes entre RD$11,800 y RD$15,605; choferes desde RD$19,838; y asesores entre RD$80,500 y RD$172,500. La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado busca transparentar remuneraciones y vincular el salario con el mérito, la complejidad del cargo y las características del servicio, pero la coexistencia de cargos de confianza, asesores y personal fijo dificulta saber si los altos salarios responden a especialización real o a cercanía política.
La brecha salarial no puede evaluarse solo por el monto. Un salario alto puede justificarse si corresponde a una responsabilidad estratégica, a un perfil técnico escaso o a una función de alta complejidad. Sin embargo, cuando no existen perfiles publicados, evaluaciones de desempeño ni criterios uniformes, los cargos de confianza se convierten en una zona de riesgo administrativo.
Austeridad bajo prueba
El Poder Ejecutivo ha anunciado medidas de austeridad, incluyendo congelamiento de nómina y límites a viajes, vehículos, publicidad, eventos, gastos operativos y contrataciones. Pero también se permitieron excepciones para médicos, maestros, policías, militares y casos autorizados por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Entre las medidas formales de austeridad anunciadas durante esta gestión figuran el Decreto núm. 396-21, de junio de 2021, que ordenó un plan de austeridad y racionamiento del gasto público, y el Decreto núm. 3-22, de enero de 2022, que mantuvo restricciones sobre compra de vehículos, viajes oficiales, uso de vehículos del Estado, agasajos, donaciones, obsequios y otros gastos no prioritarios. Ambos decretos muestran que el control del gasto ha sido un objetivo reiterado, aunque sus resultados todavía requieren una medición pública más clara.
La medida más reciente se anunció el 30 de abril de 2026, cuando el Gobierno informó un plan de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$ 40,000 millones. La disposición incluye reducción de gastos operativos, límites a la compra de vehículos, racionalización de servicios y contrataciones, recortes en eventos, viáticos, pasajes, combustibles y publicidad, además de una reducción de 50 % al presupuesto destinado a los partidos políticos. El Gobierno explicó que las partidas no comprometidas serían revisadas, ajustadas o reducidas según las prioridades nacionales.
La medida puede sonar correcta, pero su impacto necesita pruebas. Falta publicar con claridad cuánto se ahorró, cuántas plazas se rechazaron, cuántas excepciones se aprobaron y qué instituciones lograron reducir gastos sin afectar servicios.
La discusión también alcanza al Poder Legislativo. Mientras el Ejecutivo plantea reforma administrativa, eliminación de duplicidades y contención del gasto, en el Congreso se estudian más de 30 proyectos para crear nuevas instituciones y demarcaciones. Desde una perspectiva de eficiencia estatal, cada nueva entidad debería justificar su necesidad, costo, alcance, personal requerido, posibles duplicidades e indicadores para evaluar su continuidad.
El esquema de no objeciones busca controlar nuevas contrataciones antes de que se materialicen. Sin embargo, su impacto no puede evaluarse plenamente si las autorizaciones no se publican con la institución solicitante, el cargo aprobado, la justificación, el costo anual y la fecha de aprobación. Sin esos datos, el congelamiento de nómina queda sujeto a una verificación limitada.
El Ministerio de Administración Pública (MAP) defendió la gestión gubernamental al señalar que entre agosto de 2020 y 2024 el número de empleados públicos aumentó en 63.373, equivalente a 11,41%. Según esa posición oficial, el crecimiento fue menor que el registrado en administraciones anteriores.
La misma cartera indicó que el 73,7% de los nuevos empleos de la actual gestión se concentró en salud, educación, defensa y seguridad ciudadana, áreas definidas como sensibles y prioritarias. Además, informó que el salario promedio del sector público pasó de RD$30,548 en 2020 a RD$41,008 en 2024, un aumento del 30%.
Esos datos ayudan a explicar parte del crecimiento, pero no prueban por sí solos que haya más eficiencia o mejores servicios. Para eso harían falta indicadores de desempeño, productividad y calidad institucional.
Cronología de empleo y gasto
La comparación de 2020 a 2026 amplía la lectura del problema. En mayo de 2020, la nómina pública registraba 659.841 empleados. En mayo de 2026 alcanzó 780.060 servidores. La diferencia es de 120.219 empleados más, equivalente a un crecimiento aproximado de 18,2% en seis años.
El presupuesto también creció con fuerza. En 2020, el Estado aprobó un gasto cercano a RD$997,119.2 millones. Para 2026, el gasto aprobado subió a RD$1,622,833.4 millones. La diferencia es de RD$625,714.2 millones. En palabras simples, el Estado tiene más empleados y también maneja mucho más dinero que hace seis años.
2020: la nómina pública registraba 659.841 empleados en mayo. Ese año, el gasto aprobado rondó los RD$997,119.2 millones.
2021: los documentos oficiales mantienen la serie presupuestaria del año. Para fines de lectura, este período sirve como punto intermedio entre el presupuesto de 2020 y el aumento observado en los años posteriores.
2022: el gasto aprobado fue de RD$1,046,280.7 millones. Las remuneraciones llegaron a RD$257,182.3 millones, lo que confirma el peso del gasto salarial dentro del presupuesto.
2023: el gasto aprobado subió a RD$1,247,578.1 millones. Las remuneraciones alcanzaron RD$297,646.8 millones, manteniéndose como uno de los renglones más relevantes.
2024: el gasto salarial siguió en aumento y se ubicó por encima de los RD$336,000 millones, según los documentos oficiales revisados. Ese año también se reforzó el debate sobre control de nómina y austeridad.
2025: las remuneraciones siguieron entre los renglones importantes del presupuesto. La lectura debe hacerse con cuidado porque algunos documentos oficiales presentan los datos bajo categorías distintas.
2026: la nómina pública alcanzó 780.060 empleados en mayo. El gasto total aprobado fue de RD$1,622,833.4 millones y las remuneraciones se estimaron en RD$376,964 millones, equivalentes al 23.2% del gasto total.
Esto evidencia que el presupuesto aumenta, el empleo público también y el gasto en salarios sigue ocupando un lugar central. Por eso, la discusión debe enfocarse en resultados: más dinero y más empleados solo se justifican si producen mejores servicios para la población.
El costo para la gente
Los cuestionamientos se concentran en el costo fiscal. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles advierte que cada empleo público implica más que un salario mensual. Desde el sector empresarial se insiste en mirar la eficiencia del gasto, y analistas económicos plantean que la inversión pública debe pesar más que la burocracia si el país quiere sostener crecimiento e infraestructura.
En el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026, las remuneraciones representarían el 23,2% del gasto total, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Las transferencias y subsidios ocuparían 21.8% y los intereses de la deuda 20.0%. En conjunto, esos compromisos absorberían más de seis de cada diez pesos del gasto público proyectado.
Ese dinero compite con necesidades visibles. Cuando una parte tan alta del presupuesto se destina a salarios, la ciudadanía necesita ver resultados concretos en mejores hospitales, escuelas más seguras, más patrullaje, caminos vecinales, tecnología pública y menos espera en las oficinas del Estado.
Lo que debería cambiar
Es pericialistas consultados consideran que la salida no está solo en congelar nombramientos. También hace falta una base nacional única de nómina pública, descargable y actualizada. Esa base debería mostrar nombre, cargo, institución, salario, tipo de contrato, fecha de ingreso, fuente de financiamiento y base legal. Además, deberían publicarse las no objeciones, las excepciones aprobadas, los concursos de carrera y los indicadores que permitan saber si el gasto salarial mejora los servicios.
- Publicar una base única de nómina. Todas las instituciones deberían usar el mismo formato para informar cargos, salarios, tipo de contrato, fecha de ingreso y fuente de financiamiento.
- Registrar las excepciones. Cada contratación autorizada fuera de un congelamiento debe explicar la institución solicitante, el cargo aprobado, la razón de la excepción, el costo anual y la fecha de aprobación.
- Vincular plazas con resultados. Cuando una institución aumente personal, debe indicar qué servicio mejorará, qué indicador usará para medirlo y en qué plazo evaluará el avance.
- Transparentar cargos de confianza y asesorías. Las instituciones deberían publicar perfiles mínimos, funciones reales, duración de contratos y justificación del puesto.
- Hacer los datos fáciles de usar. La información debe poder descargarse, buscarse, compararse y auditarse para verificar si el gasto en nómina mejora los servicios públicos.
En resumen, la nómina pública no es solo un número. Es una forma de medir capacidad institucional, disciplina fiscal y rendición de cuentas. El país ya sabe que la nómina crece y que cuesta mucho. Lo que todavía falta saber, con claridad, es cuántas plazas responden a necesidades reales y cuántas se explican por decisiones políticas, duplicidades o estructuras de bajo rendimiento, expresan los expertos.
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