La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó al tribunal la exclusión de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, junto con sus 559 anexos, alegando que fueron “fabricados” al margen de la ley y en violación del artículo 69 de la Constitución.
El abogado Eduardo Núñez sostuvo que dichos reportes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento de construir una narrativa falsa para legitimar actuaciones administrativas y judiciales sin sustento real.
Según la defensa, las auditorías realizadas entre 2021 y 2024 carecen de validez jurídica, pues la Unidad Antifraude no existía legalmente en ese período y los trabajos se efectuaron sin notificación ni participación de los investigados, vulnerando el debido proceso.
Núñez aseguró que no hubo fraude en las operaciones financieras cuestionadas, ya que los fondos permanecieron en cuentas oficiales del Estado dentro del Banco de Reservas, respaldados por certificaciones de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
El caso continúa generando debate sobre la validez de las pruebas y el proceso judicial en curso.
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