La propuesta del Poder Ejecutivo para modificar 18 artículos del Código Penal, depositada en medio de cacerolazos, manifestaciones y pronunciamientos de organizaciones sociales y profesionales, se suma a otros episodios en los que la presión pública ha incidido en el rumbo de iniciativas gubernamentales.
Desde que asumió la Presidencia en agosto de 2020, Luis Abinader ha retirado proyectos del Congreso Nacional, suspendido medidas administrativas, enviado propuestas a procesos de diálogo y descartado reformas que enfrentaban un amplio rechazo ciudadano.
Los casos no tienen el mismo alcance jurídico ni pueden atribuirse exclusivamente a las protestas. En algunos también intervinieron criterios económicos, negociaciones políticas, observaciones técnicas o decisiones judiciales. Sin embargo, todos comparten un elemento: la reacción de sectores sociales, profesionales, empresariales o comunitarios precedió cambios importantes en la posición del Gobierno.
Código Penal: 18 modificaciones en medio de cacerolazos y cuestionamientos
El episodio más reciente se produjo con el nuevo Código Penal, promulgado como la Ley 74-25 el 3 de agosto de 2025 y cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de agosto de 2026, una vez concluido el período de vacatio legis.
La legislación volvió al centro del debate por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación, la difusión de imágenes y grabaciones sin consentimiento, el ultraje contra funcionarios públicos, el ciberacoso y otras conductas que organizaciones periodísticas, juristas y representantes de la sociedad civil consideraron ambiguas o potencialmente lesivas para derechos fundamentales.
Las críticas coincidieron con varios días de cacerolazos y manifestaciones ciudadanas. Parte de las protestas estuvo dirigida específicamente contra disposiciones del Código Penal, incluida una concentración en la Plaza de la Bandera, mientras otras convocatorias incorporaron reclamos más amplios por los precios de los combustibles, el costo de la canasta familiar, la presión tributaria y denunciados excesos policiales.
El 10 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República un proyecto para modificar 18 artículos. La iniciativa aborda disposiciones sobre libertad de expresión y de prensa, difusión de contenido privado, delitos sexuales, protección de menores, corrupción administrativa y técnica legislativa.
Los cambios todavía no forman parte del Código Penal. La propuesta debe ser estudiada y aprobada por el Congreso Nacional, mientras la comisión bicameral continúa recibiendo observaciones de distintos sectores antes de la entrada en vigencia de la normativa.
Aunque las modificaciones fueron anunciadas después de las protestas, el Gobierno asegura que llevaba alrededor de cinco semanas reuniéndose con comunicadores, juristas y organizaciones sociales para revisar los artículos cuestionados. El presidente Abinader también reconoció que ese proceso debió comenzar antes y asumió responsabilidad por la demora. Por ello, los cacerolazos deben considerarse parte de una presión acumulada, pero no necesariamente la única causa de la rectificación.
Proyecto minero Romero: suspensión tras una movilización en San Juan
Otro cambio de rumbo ocurrió el 4 de mayo de 2026, cuando el presidente Luis Abinader ordenó detener inmediatamente cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en la provincia San Juan.
La decisión se produjo después de una amplia movilización comunitaria contra la iniciativa. Agricultores, organizaciones ambientalistas, iglesias y residentes de la provincia expresaron preocupación por los posibles efectos de una futura explotación de oro y cobre sobre la presa de Sabaneta, los ríos, los terrenos agrícolas y otras fuentes de agua de la zona.
El Gobierno aclaró que el proyecto se encontraba en una etapa de evaluación y que no había recibido autorización para iniciar operaciones de explotación. Al anunciar la suspensión, el mandatario sostuvo que una iniciativa de esa naturaleza no podía continuar frente al rechazo expresado por la población.
A diferencia de otros casos incluidos en esta relación, no se trataba de una ley depositada en el Congreso, sino de un procedimiento administrativo y ambiental. Sin embargo, constituye uno de los ejemplos más directos de una decisión gubernamental modificada después de una protesta territorial de gran alcance.
Ley de la DNI: de la revisión pública a una nueva legislación orgánica
La Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue promulgada el 15 de enero de 2024 y recibió cuestionamientos casi inmediatos de periodistas, juristas, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Las principales preocupaciones se concentraron en las facultades para solicitar información a instituciones públicas, empresas y ciudadanos, así como en sus posibles efectos sobre la privacidad, el secreto profesional, la protección de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa.
Ante las críticas y las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la normativa, el Gobierno abrió una mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil. Como resultado de ese proceso, el 19 de septiembre de 2024 el Poder Ejecutivo depositó un proyecto para modificar siete artículos, incluyendo mayores controles judiciales para actuaciones capaces de limitar derechos constitucionales.
El proceso tomó otro rumbo el 6 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la totalidad de la Ley 1-24. La anulación no se fundamentó directamente en todos los cuestionamientos sobre privacidad o libertad de expresión, sino en un vicio del procedimiento legislativo: la norma regulaba asuntos de seguridad y defensa y, por tanto, debía ser tramitada expresamente como una ley orgánica.
La legislación fue sustituida posteriormente por la Ley Orgánica 1-26, publicada en enero de 2026. El nuevo texto incorporó garantías sobre la protección de fuentes periodísticas y controles judiciales para determinados procedimientos especiales de obtención de información.
El caso de la DNI combina dos procesos diferentes. La presión pública llevó al Gobierno a aceptar la revisión de la legislación, pero su anulación definitiva fue consecuencia de una sentencia constitucional. La posterior aprobación de una nueva ley permitió incorporar parte de las garantías reclamadas durante el debate.
Reforma fiscal de 2024: el retiro completo tras el rechazo público
Uno de los retrocesos más visibles de la administración ocurrió en octubre de 2024, con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal.
La propuesta fue presentada el 7 de octubre y contemplaba cambios en el sistema tributario, eliminación de exenciones, ampliación de bases impositivas y nuevos mecanismos de recaudación para financiar servicios públicos y proyectos de inversión.
El proyecto provocó rechazo entre empresarios, comerciantes, sindicatos, profesionales, partidos políticos y ciudadanos que advertían sobre sus posibles efectos en el costo de vida, el consumo y distintos sectores productivos.
Después de casi dos semanas de críticas, reuniones y manifestaciones, el presidente Abinader anunció el 19 de octubre de 2024 que solicitaría el retiro inmediato del proyecto del Congreso Nacional. El mandatario reconoció que la iniciativa no contaba con el consenso necesario para continuar.
A diferencia de otras propuestas que fueron modificadas o enviadas a procesos de consulta, la reforma fiscal fue retirada completamente. El Gobierno tuvo que revisar sus proyecciones de ingresos y buscar alternativas para financiar parte de los planes que dependerían de las nuevas recaudaciones.
Proyecto sobre trata de personas: retirado para buscar mayor consenso
En diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes.
La iniciativa provocó cuestionamientos de sectores políticos y sociales, especialmente por disposiciones vinculadas con el principio de no devolución de víctimas cuya vida o libertad pudieran encontrarse en peligro. Parte del debate se concentró en el posible alcance migratorio de esas medidas.
El 12 de febrero de 2023, el Gobierno anunció el retiro del proyecto y afirmó que la decisión respondía a las inquietudes expresadas por la ciudadanía. También prometió ampliar las consultas y presentar una nueva versión en un plazo de 45 días.
La iniciativa integral no regresó al Congreso dentro del período anunciado. Posteriormente, el Ejecutivo optó por promover modificaciones más específicas a la Ley 137-03, enfocadas en la persecución del tráfico ilícito de migrantes y en la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
Tarifa eléctrica: suspensión de los aumentos trimestrales
En julio de 2022, el Gobierno detuvo los aumentos graduales de la tarifa eléctrica que habían comenzado a aplicarse en noviembre de 2021, como parte de los compromisos asumidos en el Pacto Eléctrico.
El esquema contemplaba ajustes trimestrales dirigidos a reducir progresivamente el subsidio estatal y acercar la tarifa al costo de producción y distribución de la energía.
Las alzas coincidieron con un período de elevada inflación y con reclamos de usuarios por incrementos en las facturas y deficiencias en el servicio. Ante el descontento, el presidente Abinader anunció que los aumentos serían suspendidos y solicitó al Consejo Económico y Social revisar el cronograma establecido.
La Superintendencia de Electricidad dejó sin efecto el ajuste correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2022 y mantuvo las tarifas que habían regido durante los tres meses anteriores. Las distribuidoras también debieron acreditar a los usuarios los montos cobrados por encima de la tarifa restablecida.
Ciberdelincuencia: un proyecto retirado para revisar sus efectos sobre la expresión
El 14 de junio de 2022, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, destinado a actualizar la persecución de delitos cometidos mediante sistemas informáticos y plataformas digitales.
La pieza generó críticas por artículos que podían trasladar al ámbito penal conflictos relacionados con la difamación, la injuria y publicaciones discriminatorias en internet. Organizaciones vinculadas con la comunicación y la defensa de derechos fundamentales advirtieron sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
El Gobierno retiró el proyecto el 29 de junio de 2022, apenas dos semanas después de haberlo sometido. La decisión buscaba permitir que la iniciativa fuera examinada por la comisión consultiva creada para revisar la legislación dominicana sobre libertad de expresión y medios de comunicación.
En este caso, el Ejecutivo no abandonó el objetivo de actualizar las normas contra los delitos informáticos, pero aceptó revisar el contenido antes de continuar con el proceso legislativo.
Punta Catalina: el fideicomiso fue enviado al diálogo
En enero de 2022, el debate público se concentró en el contrato de fideicomiso creado para administrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero enfrentó cuestionamientos sobre su estructura, las atribuciones del comité técnico y el temor de que el mecanismo pudiera abrir el camino hacia una futura privatización de la planta.
El Gobierno negó que pretendiera transferir Punta Catalina al sector privado y aseguró que la central continuaría siendo propiedad del Estado. Sin embargo, ante el aumento de las críticas, el presidente solicitó detener su avance legislativo y enviar el tema al Consejo Económico y Social para ampliar la discusión con sectores políticos, empresariales, sindicales y ciudadanos.
El contrato no fue retirado mediante el mismo procedimiento aplicado posteriormente a la reforma fiscal, pero quedó fuera de la ruta legislativa inicialmente prevista y pasó a un escenario de diálogo nacional.
Reforma tributaria de 2021: descartada antes de llegar al Congreso
Durante el primer año de la administración, el Gobierno planteó la necesidad de impulsar una reforma tributaria para aumentar las recaudaciones y financiar compromisos sociales y proyectos de desarrollo.
La discusión se desarrolló en medio de la recuperación económica posterior a la pandemia de COVID-19 y del aumento internacional de los precios del petróleo, los alimentos y otras materias primas.
El 27 de octubre de 2021, el presidente Abinader anunció que no presentaría la reforma y afirmó que no era el momento de pedir mayores esfuerzos económicos a la población.
A diferencia de la reforma fiscal de 2024, esta propuesta no había sido depositada formalmente en el Congreso. Se trató de una iniciativa anunciada y discutida públicamente que terminó siendo descartada antes de convertirse en un proyecto legislativo.
Presupuesto de 2021: el primer gran retiro de impuestos
La primera rectificación fiscal importante de la administración ocurrió en octubre de 2020, menos de dos meses después de la toma de posesión.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2021 contemplaba nuevos gravámenes, entre ellos un impuesto al salario de Navidad, cargos sobre compras realizadas en moneda extranjera y medidas aplicables a determinados servicios digitales.
Las propuestas provocaron un rechazo inmediato de partidos políticos, sindicatos, empresarios y ciudadanos, en un momento en que miles de hogares todavía enfrentaban las consecuencias económicas de la pandemia.
Ante la reacción pública, el presidente anunció que eliminaría todos los nuevos impuestos contemplados en el proyecto presupuestario. Para cubrir parte de los ingresos que el Gobierno esperaba obtener, se recurrió a adelantos de compromisos fiscales de entidades financieras y de la minera Barrick Gold.
El episodio fue el primer indicio de un patrón que se repetiría durante los años siguientes: la presentación de una iniciativa de alto impacto, una reacción social significativa y una posterior modificación de la posición gubernamental.
Entre escuchar a la ciudadanía y corregir después de la controversia
Desde el oficialismo, estos cambios han sido presentados como una demostración de que el presidente Luis Abinader escucha a la población y está dispuesto a rectificar cuando una iniciativa no cuenta con suficiente respaldo.
Sus críticos sostienen, en cambio, que la repetición de retiros, suspensiones y revisiones evidencia deficiencias en los mecanismos de consulta, planificación y comunicación antes de impulsar medidas con consecuencias amplias.
Las dos interpretaciones no son necesariamente excluyentes. La capacidad de un Gobierno para modificar una decisión ante reclamos legítimos forma parte del funcionamiento democrático, pero la frecuencia de las rectificaciones también plantea interrogantes sobre la calidad de las consultas previas y sobre el costo político e institucional de presentar proyectos sin consensos suficientes.
El debate sobre el Código Penal vuelve a colocar esas posiciones frente a frente. La propuesta para corregir los artículos cuestionados constituye una respuesta a preocupaciones expresadas por diversos sectores, pero también deja abierta la pregunta de por qué esas observaciones no fueron resueltas antes de la promulgación de una legislación discutida durante más de dos décadas.
Por ahora, el Código Penal no ha sido retirado ni sustituido. Lo que existe es un proyecto de modificación que todavía depende del Congreso Nacional. Su desenlace determinará si el episodio se convierte en una nueva rectificación consumada o permanece como una propuesta anunciada en medio de la presión ciudadana.
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