El Tribunal Constitucional (TC) decidió anular la Ley 1-24 que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), "por ser no conforme con la Constitución".
El organismo motivó su decisión en que la ley 1-24 que crea la DNI no fue tratada como ley orgánica en el Congreso Nacional, aunque sí contó con el voto favorable de, al menos, dos tercios de las matrículas del Senado y de la Cámara de Diputados.
Argumentó que la ley no fue llamada orgánica por ambos hemiciclos y que tampoco fue llamada así para conocerla y sancionarla.
A juicio de este tribunal constitucional, para que una ley sea considerada como orgánica y, en ese sentido, sea constitucionalmente sostenible, no solo debe versar sobre una de las materias reservadas para ello y contar con los votos de una mayoría calificada, sino que, adicionalmente, así debe decir su nombre de manera expresa y, muy especialmente, las convocatorias para su conocimiento, dijo el Tribunal.
En ese sentido, agregó que debe haber una clara y expresa intención legislativa de regular una materia orgánica.
El mismo Senado especifica que la convocatoria a sus sesiones debe indicar los asuntos que componen la agenda legislativa, expresando, "con exactitud", la "naturaleza ordinaria u orgánica de la norma".
El organismo también admitió la intervención voluntaria de Bienvenido Medina Pérez en las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas en contra de dicha ley en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 y 30.
El Tribunal Constitucional dio cabida a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el partido Generación de Servidores, Juventud con una Misión, Colegio de Abogados de la República Dominicana y su seccional de San Francisco de Macorís, así como por Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocié, Cirilo de Jesús Guzmán López, Carlos Peña, Miguel Alberto Surún Hernández, Josefina Guerrero, Ruddys Antonio Mejía Tineo, María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara en contra de la Ley 1-24 y sus artículos 8, 9, 11, 13 y 30.
En enero pasado, el Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), "cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas" contra el Estado.
El proyecto crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
Luego, varios sectores, entre estos la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), consideró que varios artículos de la ley tienden a limitar la libertad de prensa y a inducir a que los medios de comunicación identifiquen a sus fuentes, así como a inmiscuirse en la intimidad de las personas.
Tras varios meses, el Gobierno se reunió con varios sectores para consensuar la ley y envió al Senado las modificaciones, que fueron aprobadas en noviembre pasado en dos lecturas consecutivas, aunque estas reposan en la Cámara de Diputados, que aún no las conoce.