Una fiscalización de la Contraloría General de la República determinó que la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) adquirió bienes y servicios en 2022 y 2025 por 59 millones 680 mil 44 pesos por encima de lo previsto en sus planes anuales. El informe también señala procesos no publicados, expedientes incompletos y dos adquisiciones que los auditores calificaron como fraccionadas.
La revisión abarcó desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025 y examinó las áreas de tesorería, inventarios, bienes públicos, presupuesto, recursos humanos y ayudas sociales. Los auditores detectaron diferencias contables, deudas vencidas, inconsistencias en las nóminas y fallas en el registro y la protección del patrimonio institucional.
El período auditado comprendió dos gestiones en la DGDC: la de Eléxido Paula Liranzo, designado mediante el decreto 339-20 y director desde el 25 de agosto de 2020 hasta agosto de 2024, y la de Carlos Modesto Guzmán Valerio, quien asumió el 26 de agosto de 2024. Por tanto, los hallazgos corresponden a operaciones de ambas administraciones, según el año y el proceso revisado.
Se trata, no obstante, de una auditoría de control interno. Sus hallazgos describen incumplimientos, riesgos y debilidades administrativas, pero no bastan para demostrar delitos ni atribuir responsabilidades penales.
Compras fuera del plan, procesos sin publicar y expedientes incompletos
En total, la auditoría revisó 835 procesos de compra y 2,211 contratos por 247 millones 266 mil 466 pesos. Solo en 2022 y 2025, la DGDC gastó 59 millones 680 mil 44 pesos por encima de lo programado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, según los datos del informe.
En 2021 y 2023 ocurrió lo contrario. La institución había programado compras por 217 millones 666 mil 927 pesos, pero ejecutó 114 millones 626 mil 517 pesos. La diferencia fue de 103 millones 40 mil 410 pesos. Para los auditores, esos contrastes reflejan fallas en la planificación y en el seguimiento de las adquisiciones.
El informe también puso el foco en dos compras menores de productos de fumigación adjudicadas al mismo proveedor en 2023. La primera se publicó el 12 de septiembre y la segunda el 17 de noviembre. Ambas sumaron 1 millón 650 mil 902 pesos. Como se realizaron en menos de tres meses y el monto combinado superó el límite de las compras menores, la Contraloría las calificó como fraccionadas.
A esto se suman 19 procesos por 11 millones 176 mil 805 pesos que no fueron publicados en el portal institucional durante 2020 y 2021. Los auditores también encontraron documentación incompleta en 25 expedientes. El informe presenta una inconsistencia al consignar “veintiocho (25)”, pero tanto la suma de las modalidades como el detalle de los casos arrojan 25. Entre los documentos faltantes figuraban solicitudes de compra, pliegos de condiciones, convocatorias, contratos, actas de adjudicación y constancias de recepción de ofertas.
Fallas en vehículos e inventarios
El parque vehicular concentra otro de los hallazgos de mayor peso. La DGDC tenía 304 vehículos registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos, pero solo entregó nueve matrículas a los auditores. De ese total, 152 unidades estaban en proceso de descargo y 14 figuraban como activas. De las otras 138 no había información sobre su ubicación física.
La inspección de 15 vehículos en uso dejó otras señales de desorden. Ninguno tenía código de Bienes Nacionales, diez no estaban debidamente rotulados y seis mostraban diferencias entre las placas físicas y las registradas. Además, los auditores no localizaron un motor y recomendaron abrir una investigación administrativa para determinar dónde se encuentra.
También permanecían pendientes de descargo 209 mobiliarios y equipos, además de 152 vehículos. Entre los bienes acumulados como chatarra había 96 motocicletas, cuatro consultorios móviles, cinco ambulancias, 14 camionetas y tres carros. El deterioro era tal que, en varios casos, no se pudieron comprobar los números de chasis, las placas ni otros datos básicos de identificación.
Los inventarios presentaban problemas similares. Al cierre de 2025, la institución reportó materiales y suministros por 89 millones 478 mil 654 pesos, pero el informe encontró diferencias acumuladas de 17 millones 188 mil 142 pesos entre los saldos de cierre de un año y los de apertura del siguiente. En el Centro de Desarrollo Integral de Yamasá, además, había cerdos y conejos sin inventario formal, pese a que la entidad había desembolsado 9 millones 292 mil 566 pesos en alimentos y reparaciones de granjas.
Registros financieros con diferencias
En las cuentas por pagar apareció una diferencia de 22 millones 843 mil 375 pesos entre lo publicado en el portal institucional y lo registrado en la balanza de comprobación del SIGEF al cierre de 2024 y 2025. Para la Contraloría, esa brecha resta confiabilidad a la información pública y muestra la necesidad de conciliar los datos antes de divulgarlos.
Las cifras de las remuneraciones tampoco coincidían. En 2023, la ejecución presupuestaria vinculada a las nóminas quedó 10 millones 99 mil 304 pesos por debajo de los registros institucionales. En 2025 sucedió lo contrario: el presupuesto ejecutado superó la nómina en 839 mil 525 pesos. La recomendación fue comparar ambos registros de manera periódica y corregir cualquier diferencia antes de cerrar el año fiscal.
Algo parecido ocurrió con las contribuciones a la seguridad social. Entre 2021 y 2025 hubo una diferencia acumulada de 1 millón 2 mil 999 pesos entre lo registrado como gasto devengado y los pagos informados a la Tesorería de la Seguridad Social. El informe advierte que, si esas cifras no se concilian, pueden quedar dudas sobre los registros y verse afectados los derechos de los empleados.
Obligaciones, nóminas y transparencia
Al 31 de diciembre de 2025, la DGDC tenía cuentas por pagar por 28 millones 224 mil 932 pesos. De ese monto, 16 millones 806 mil 277 pesos llevaban más de 120 días vencidos, y algunas obligaciones se remontaban al período comprendido entre 2007 y 2017. Los auditores pidieron depurar esos saldos para comprobar si aún existen, si son exigibles y cómo deben reflejarse en la contabilidad.
La fiscalización también encontró retenciones del impuesto sobre la renta aplicadas a salarios que seguían pendientes de pago a la administración tributaria. La deuda ascendía a 1 millón 703 mil 215 pesos y comprendía obligaciones registradas entre enero de 2005 y marzo de 2022. La Contraloría advirtió que ese atraso puede generar recargos, intereses y nuevos pasivos.
La entidad destinó 863 millones 503 mil 525 pesos a remuneraciones, contribuciones y otros conceptos relacionados durante el período auditado. Sin embargo, una muestra de 37 expedientes de empleados reveló numerosos documentos faltantes. En 34 casos, equivalentes al 92 %, no estaba el acuerdo de confidencialidad. En otros 33 faltaban las referencias laborales y los resultados de pruebas psicométricas o técnicas.
También se asignó combustible a empleados cuyos cargos no estaban autorizados por la normativa. En 38 casos, el beneficio superaba el límite del 10 % del salario. Además, seis empleados activos figuraban simultáneamente en las nóminas de otras instituciones públicas, aunque los auditores recomendaron verificar primero si esos cargos podían desempeñarse legalmente de manera simultánea.
Las nóminas entregadas a la auditoría tampoco coincidían con las publicadas. En 2023 y 2025, los registros físicos sumaban 215 millones 502 mil 922 pesos, mientras que el portal mostraba 201 millones 699 mil 234 pesos. La diferencia era de 13 millones 803 mil 688 pesos. En esos mismos años, ambas fuentes también discrepaban en 708 empleados.
Asistencia, cargos y declaraciones juradas
Las fallas también alcanzaron el control de asistencia. Entre 2021 y 2025, la auditoría contó 201 casos de empleados sin registros de entrada, 166 sin constancia de salida y 135 con jornadas inferiores a las establecidas. Sin datos completos, advierte el informe, resulta difícil comprobar el cumplimiento del horario y tomar medidas cuando corresponda.
En diciembre de 2025, doce empleados realizaban funciones distintas de las que aparecían en la nómina. Había secretarias, contadoras, conserjes, choferes y promotores sociales que, en la práctica, desempeñaban tareas de dirección, análisis, docencia, comunicación o contabilidad. La Contraloría recomendó ajustar esos puestos a la estructura aprobada.
La revisión de las declaraciones juradas de patrimonio también encontró entregas fuera de los plazos legales, datos omitidos y bienes sin documentos de respaldo. El informe menciona, además, vínculos familiares entre funcionarios obligados a declarar, pero aclara que esa relación, sin otros elementos, no constituye una infracción. La recomendación fue reforzar la verificación interna y exigir el cumplimiento de la Ley 311-14.
Viáticos y ayudas con soportes insuficientes
En los expedientes de viáticos de 2023 y 2025 faltaban pruebas de las actividades realizadas y de las horas de salida y regreso. También había casos sin el cálculo establecido por el Ministerio de Administración Pública, sin las firmas requeridas o sin autorización de la Dirección General. La auditoría no determinó cuánto dinero habría sido pagado sin justificación, pero señaló que los soportes incompletos impiden comprobar plenamente esos desembolsos.
Las ayudas sociales presentaban una situación parecida. Había expedientes sin recetas, diagnósticos u otros documentos que explicaran la necesidad de la ayuda económica; solicitudes de materiales de construcción sin suficientes cotizaciones ni pruebas de entrega; y ayudas para electrodomésticos sin evidencias básicas sobre la situación de los beneficiarios. La Contraloría recomendó no aprobar ni pagar solicitudes incompletas y revisar cada expediente antes de autorizarlo.
Una gestión con controles pendientes
Entre 2021 y 2025, la DGDC tuvo un presupuesto vigente de 1,255 millones 667 mil 172 pesos y ejecutó 1,230 millones 582 mil 858 pesos. Quedaron sin ejecutar 25 millones 84 mil 314 pesos. Los auditores, sin embargo, no encontraron un informe detallado que explicara cómo esa diferencia afectó las metas físicas y financieras de la institución.
Los hallazgos reflejan expedientes incompletos, cifras incongruentes y procedimientos aún no formalizados en áreas sensibles. Estas observaciones no demuestran apropiación de fondos ni responsabilidades penales. La auditoría plantea correcciones administrativas para ordenar los registros, documentar mejor las operaciones y fortalecer la rendición de cuentas.
Entre las medidas recomendadas figuran elaborar los estados financieros, completar el sistema de control interno, conciliar periódicamente las nóminas, los inventarios y las cuentas por pagar, actualizar el parque vehicular, formalizar el descargo de activos y asegurar que cada compra responda a la planificación institucional.
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