La demanda interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra el comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, se ha convertido en uno de los casos judiciales más comentados del escenario político y mediático dominicano en los últimos meses.
El proceso, sustentado en presunta difamación, injuria y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, comenzó tras una serie de publicaciones y declaraciones difundidas en redes sociales y otras plataformas digitales, y hoy ya tiene a uno de los acusados camino a un juicio de fondo.
A continuación, la cronología completa del caso.
El inicio: denuncias de chantaje y contenido falso
Todo comenzó en mayo de 2025, cuando la ministra Faride Virginia Raful Soriano denunció públicamente ser víctima de una campaña sistemática de descrédito digital.
El 20 de mayo de 2025, mediante un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria afirmó que desde hacía meses enfrentaba ataques que incluían la difusión de contenido falso elaborado, presuntamente, mediante inteligencia artificial.
“Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad”, expresó Raful al anunciar acciones legales contra los responsables.
En el centro de las acusaciones aparecieron el comunicador Ángel Martínez, quien se autodefine como “detective”, y Ingrid Jorge Pérez, hija de la también comunicadora Claudia Pérez “La Tora”.
Según las denuncias, ambos habrían difundido imputaciones falsas vinculando a la ministra con actividades ilícitas y con un supuesto video íntimo en el que también se mencionaba a la exministra de Cultura, Milagros Germán.
Las primeras respuestas de los acusados
Antes de la formalización de la querella, las reacciones de los señalados fueron distintas.
Por un lado, Ángel Martínez ofreció disculpas públicas durante el fin de semana previo al depósito de la demanda. Sin embargo, el abogado de Raful, Miguel Valerio Jiminián, dejó claro que el proceso judicial continuaría.
Mientras tanto, Ingrid Jorge respondió de manera desafiante a través de redes sociales.
“Faride, tú sabes que no es IA. Esperaré tu notificación en mi casa”, escribió en Instagram.
También afirmó que los videos estaban en posesión de otras personas y advirtió que, si se filtraban, “no sería su responsabilidad”.
La situación provocó incluso un distanciamiento público de su madre, La Tora, quien ofreció disculpas a Raful y a Milagros Germán. Posteriormente, Ingrid reaccionó burlándose de esas disculpas mediante publicaciones acompañadas de emojis de risa y música de fondo.
La querella formal y la reclamación millonaria
El 30 de mayo de 2025, Raful, representada por el abogado Miguel Valerio, depositó una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acción judicial fue presentada contra ambos comunicadores y se sustentó en:
- Los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07;
- El artículo 367 del Código Penal Dominicano;
- Acusaciones de difamación, injuria, daños y perjuicios y difusión de declaraciones falsas.
La ministra reclamó una indemnización de RD$100 millones, equivalente a RD$50 millones contra cada demandado, alegando daños a su honor, imagen pública y estabilidad emocional.
El caso llega a los tribunales
El 30 de junio de 2025, la coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional asignó los expedientes del caso. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, quedó apoderada del proceso.
Días después, el 4 de julio, Raful aseguró públicamente que asistiría personalmente a todas las audiencias. “Voy a estar presente en cada una de las audiencias porque creo que la defensa de la dignidad humana no se puede delegar”, declaró.
El primer cara a cara y la recusación de la jueza
El 7 de julio de 2025, Raful e Ingrid Jorge coincidieron por primera vez en el tribunal durante la audiencia relacionada con la medida de coerción contra “La Torita”.
Ese día, la audiencia fue aplazada y la defensa de Ingrid presentó una recusación contra la jueza Yanibet Rivas, alegando supuesta parcialidad.
Las medidas de coerción
Tras varios incidentes procesales, el 29 de julio de 2025 fueron impuestas medidas de coerción contra ambos acusados.
Al comunicador Ángel Martínez, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, le impuso una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Mientras, a Ingrid Jorge se le dictó una garantía económica de RD$200,000, impedimento de salida, presentación periódica y un plazo de siete días para depositar la garantía correspondiente.
Ese mismo día, Raful declaró públicamente sospechar que detrás de la campaña de difamación habría dirigentes de su propio partido, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), motivados por conflictos internos.
“No tengo dudas de que las difamaciones están alimentadas por personas de mi partido”, afirmó.
El intento de acuerdo
En marzo de 2026, el proceso tomó un giro inesperado.
El 11 de marzo, trascendió que las defensas de Ángel Martínez y de Faride Raful exploraban un posible acuerdo para evitar que el caso avanzara a juicio. Sin embargo, el 26 de marzo de 2026, el abogado Miguel Valerio endureció la posición de la parte querellante.
“El único acuerdo posible con Ángel Martínez será que se declare culpable ante un juez y pague la indemnización de RD$50 millones”, sostuvo.
Valerio explicó que cualquier negociación debía realizarse mediante un procedimiento penal abreviado y con reconocimiento formal de culpabilidad.
Mayo de 2026: el caso entra en una nueva etapa
Ángel Martínez es enviado a juicio de fondo
El 5 de mayo de 2026, el magistrado Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra Ángel Martínez.
El juez consideró que existen elementos de prueba suficientes y obtenidos legalmente para que el comunicador enfrente un juicio oral y público.
Tras la decisión, el abogado Miguel Valerio reiteró que la ministra no contempla llegar a acuerdos con Martínez y que el caso continuará hasta sentencia.
Ingrid Jorge ofrece disculpas públicas
Ese mismo día, Ingrid Jorge publicó un mensaje de disculpas dirigido a Raful a través de redes sociales.
En el texto expresó arrepentimiento y afirmó que sus acciones estuvieron influenciadas por información incorrecta.
Además, describió a la ministra como una mujer “recta, fuerte y firme” y agradeció su actuación durante un reciente acto público.
Estado actual del proceso
Actualmente, Ángel Martínez ya fue enviado a juicio de fondo luego de que el tribunal dictara auto de apertura el 5 de mayo de 2026, mientras que el proceso contra Ingrid Jorge “La Torita” continúa en fase de instrucción, pese a que la influencer ofreció disculpas públicas ese mismo día.
El caso se ha convertido en uno de los precedentes más visibles sobre el uso de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en República Dominicana, especialmente en procesos relacionados con campañas de difamación digital y contenido difundido a través de redes sociales.
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