Un inspector de la DGM destacado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue arrestado en flagrante delito, luego de exigirle a un ciudadano español y a su acompañante el pago de una supuesta "multa por estadía" para permitirles ingresar al país.
El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia del aeropuerto y derivó en una solicitud de prisión preventiva presentada este miércoles por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está pendiente de ser fijada por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
Una multa inventada y el dinero dentro del pasaporte
Albert Isaac Pérez Ferreras, identificado como el imputado, abordó a los viajeros en el counter de control migratorio y les advirtió que permanecerían en el país por tres meses, superando el tiempo permitido, razón por la cual debían pagar una penalidad.
Los pasajeros, que habían ingresado al país en ocasiones anteriores sin ningún inconveniente ni pago adicional, cuestionaron la exigencia.
Ante la insistencia del inspector, el ciudadano español indicó que solo disponía de 70 dólares estadounidenses —muy por debajo de los 200 dólares originalmente solicitados—.
Pérez Ferreras aceptó la suma y le instruyó al pasajero que colocara el dinero dentro del pasaporte para entregárselo de forma disimulada.
Las cámaras del circuito cerrado de televisión (CCTV) del aeropuerto registraron toda la secuencia: la interacción, la entrega del efectivo y la recepción por parte del funcionario, reveló un comunicado del Ministerio Público que precisó que el hecho ocurrió hace tres días, el 17 de mayo.
Las pruebas que sustentan el caso
Tras el arresto, las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) —institución que apoderó a la PEPCA del caso— entregaron formalmente, mediante soporte digital, las capturas de video del counter donde ocurrieron los hechos.
El Ministerio Público dijo que cuenta además con pruebas documentales, testimoniales, materiales y procesales para sostener la solicitud de medida de coerción.
La acusación imputa a Pérez Ferreras la violación del artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como de los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el delito de soborno o cohecho. La solicitud de prisión preventiva se fundamenta en el artículo 230, numeral 7, del Código Procesal Penal (Ley núm. 97-25).
Un funcionario con apenas cuatro años en el sistema
Pérez Ferreras ingresó a la Dirección General de Migración en 2022. Entre sus funciones como inspector de control migratorio se encontraban verificar, controlar y supervisar el ingreso y salida de pasajeros del territorio nacional, con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, junto a los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez. El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan abiertas y podrían ampliarse.
El episodio también se inscribe en un debate más amplio sobre la corrupción en los puntos de entrada al país. Como señaló Acento en un editorial el año pasado, el control migratorio enfrenta un círculo vicioso que no se resuelve solo con arrestos puntuales, sino con una transformación estructural.
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