El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este miércoles al abogado Rafael Olegario Helena Regalado a seis años de prisión, junto al pago solidario de una indemnización de RD$ 100 millones, tras ser hallado culpable de asociación de malhechores y uso de documentos falsos en un esquema fraudulento para apropiarse de la empresa Costa Dorada y de extensos terrenos en Baní, provincia Peravia.
La sentencia fue emitida por las juezas Yissell Soto, presidenta del tribunal, junto a las magistradas Clara Castillo y Yuleika Henríquez, quienes también condenaron a Ailec Paloma Soto Garabito a cuatro años de prisión y a Judith Franchesca Aguasvivas Báez a tres años.
Los tres condenados deberán asumir de manera conjunta el pago de la indemnización de RD$ 100 millones impuesta por el tribunal.
Fallo del caso
De acuerdo con la decisión judicial, los procesados integraban una estructura delictiva dedicada al fraude societario en perjuicio de las familias Mayol y Serrano, con el propósito de apoderarse de aproximadamente seis millones de metros cuadrados de terrenos ubicados en Baní.
Asimismo, fue condenada civilmente la empresa Global Multibusiness Corporation (GMBC), creada por los implicados, por los daños y perjuicios ocasionados a las compañías Hilari Mayol S.A.S., Mayol & Co S.R.L., Okra Company Ltd. y Grand Cays Corporation, representadas en el proceso por el abogado Jorge Antonio López.
Expediente
El expediente establece que los acusados habrían conformado una organización criminal que utilizó documentación falsa para realizar transferencias accionarias irregulares. Entre las maniobras detectadas figura la inclusión de una persona fallecida como supuesta vendedora de acciones de Costa Dorada, las cuales posteriormente eran transferidas a terceros hasta llegar a presuntos beneficiarios finales, entre ellos abogados, contadores y militares.
El tribunal determinó que los condenados incurrieron en violaciones a los artículos 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a falsificación de documentos y asociación de malhechores, en perjuicio de Ramón Antonio Rodríguez Román y los sucesores de José G. Saint Hilaire.
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