El Instituto Oncológico Regional del Cibao, referente en la atención del cáncer en la región norte de República Dominicana, enfrenta una profunda crisis institucional tras la detención de exdirectivos y la denuncia de presunta malversación de fondos y una deuda que supera los RD$ 800 millones.
Las autoridades investigan el manejo de recursos y la gestión administrativa de la pasada directiva, mientras la comunidad médica y pacientes esperan respuestas.
Orígenes y evolución del Instituto
El Instituto Oncológico de la Región del Cibao se fundó en 1964 como un departamento dentro del Hospital José María Cabral y Báez, impulsado por la donación de infraestructura y equipamiento por parte del doctor Heriberto Pieter, presidente de la Liga Dominicana Contra el Cáncer. Inicialmente, funcionó como una sucursal del Instituto Heriberto Pieter de Santo Domingo, atendiendo a pacientes de la región con un equipo reducido y recursos limitados.
En 1976, el instituto se trasladó a su sede actual en la calle Pedro Francisco Bonó, Santiago, gracias al esfuerzo conjunto de médicos, empresarios y la comunidad. Desde entonces, se consolidó como un centro especializado, ampliando sus servicios y convirtiéndose en patrimonio de la ciudad y la región.
Investigación y detenciones recientes
El 13 de junio de 2026, el Ministerio Público realizó allanamientos en Santiago de los Caballeros y detuvo a diez personas vinculadas a la pasada directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Entre los arrestados figuran el exdirector del patronato, Héctor Lora, su esposa Luisa Guzmán, Janet Rodríguez y Dilcia Vargas, todos con roles en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad administradora del centro.
Las investigaciones, encabezadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), buscan esclarecer presuntas irregularidades en facturaciones, autorizaciones de procedimientos y el manejo de fondos del instituto. Según el abogado Miguel Valdemar Díaz, los interrogatorios y análisis de pruebas continuarán durante las próximas 48 horas para determinar posibles medidas de coerción y responsabilidades individuales.
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Denuncias de malversación y gestión irregular
En noviembre de 2025, el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer presentó una querella formal ante el Ministerio Público, acusando a la anterior directiva de malversar fondos de la institución y la existencia de una deuda de más de RD$ 800 millones.
La denuncia, sustentada por el doctor Yván Alexis Mercader Mateo, señala que el expresidente Héctor Lora Cruceta habría permanecido en el cargo durante siete años, excediendo el límite estatutario de cuatro años, y se habría asignado RD$ 600 mil mensuales en concepto de gastos de representación.
La querella también involucra a su exesposa, Dilcia Vargas, a su actual pareja, Luisa Guzmán, y a la Fundación Tocaterd, por supuesta conformación de una estructura para desviar fondos públicos y donaciones privadas destinados a la atención oncológica. Entre las irregularidades detectadas figuran cobros indebidos y posibles violaciones a la Ley sobre Lavado de Activos.
Cambios en la administración y próximos pasos
Tras una asamblea realizada en octubre de 2025, la directiva del instituto fue renovada en su totalidad. Desde entonces, las nuevas autoridades colaboran con la investigación y buscan restablecer la confianza en la gestión del centro.
Las autoridades judiciales deberán definir en los próximos días la situación procesal de los detenidos y profundizar en el análisis de la documentación incautada, incluidas grabaciones de seguridad y registros contables.
Operación Onco14 y solicitud de coerción
El Ministerio Público dominicano solicitó este lunes que se imponga prisión preventiva por 18 meses a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, en el marco de la denominada Operación Onco14.
Los tres están acusados de integrar una estructura fraudulenta que habría sustraído fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando directamente a pacientes de cáncer del régimen subsidiado y al Estado.
La petición fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde además se solicitó que el proceso sea declarado como de tramitación compleja, dada la magnitud y el entramado de las maniobras investigadas.
Sobre la Operación Onco14
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
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