Informe de Patricia Blettery
Las raíces del conflicto
Bajo el Antiguo Régimen, la Iglesia católica, aliada con la monarquía, gozaba de numerosos privilegios y desempeñaba un papel central en la sociedad. La Revolución Francesa de 1789 trastocó este orden. Inspirados por la Ilustración, los revolucionarios nacionalizaron los bienes del clero y los sacerdotes tuvieron que jurar lealtad a la República. Los que se negaron fueron perseguidos. Napoleón intentó entonces apaciguar las tensiones firmando con el papa Pío VII el Concordato de 1801. El Estado reconocía el catolicismo como la religión de la mayoría de los franceses, pero también los cultos protestante reformado, luterano e israelí. Nombra a los obispos y remunera al clero. Este sistema perdura en el siglo XIX, pero las tensiones siguen siendo fuertes, especialmente durante la Tercera República, en la que los republicanos ven a la Iglesia como un obstáculo para la modernización de la sociedad y un apoyo a las fuerzas conservadoras. Estos enfrentamientos ideológicos hacen que, poco a poco, la ruptura sea inevitable.
El caso Dreyfus: el escándalo que precipita la separación
En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, oficial de artillería alsaciano de confesión judía, es injustamente condenado por traición. Es enviado al presidio de la Guayana Francesa. Este error judicial se convierte rápidamente en un escándalo de Estado y divide a toda Francia. La prensa se hace eco del caso y el país se divide en dos bandos irreconciliables: por un lado, los dreyfusisitas, que defienden la inocencia del capitán en nombre de la justicia y la verdad; por otro, los antidreyfusistas, que se niegan a cuestionar la autoridad militar e invocan la razón de Estado. En este conflicto, la Iglesia católica apoya masivamente a los círculos nacionalistas y antidreyfusistas, llegando incluso a difundir argumentos antisemitas en la prensa. Esta postura causa escándalo entre los republicanos. ¿Cómo puede la Iglesia oponerse así a los valores fundamentales de justicia, igualdad y verdad? Para muchos republicanos, la lección es clara: mientras la Iglesia conserve su influencia sobre las instituciones y la vida política, seguirá siendo un peligro para la democracia.
Aristide Briand, ponente de la ley de 1905
Abogado, periodista y socialista moderado, fue elegido diputado en 1902 tras una campaña electoral en la que la cuestión religiosa estuvo muy presente en los debates. Sin embargo, el presidente del Consejo, el radical Émile Combes, no incluyó ninguna reforma sobre este tema en su programa de gobierno, a pesar de la fuerte demanda en este sentido por parte de los diputados de la mayoría republicana. Émile Combes acumulaba las funciones de presidente del Consejo y de ministro del Interior y de Cultos. Temía perder el control de la Iglesia. Las relaciones cada vez más tensas con el Vaticano y las expectativas de una parte del Bloque de Izquierdas hicieron que cambiara de postura. Creó una comisión para tratar todas las propuestas relativas a la separación de la Iglesia y el Estado. Aristide Briand se convierte en su ponente. A partir de marzo de 1905, este diputado socialista de 43 años orquestará uno de los debates parlamentarios más largos y apasionados de la historia de Francia.
La ley de 1905, una “ley de libertad”
Durante meses, los oradores se enfrentan en la Cámara de Diputados. Dos Francias se enfrentan: una monárquica y católica, la otra republicana y laica. Aristide Briand elige una vía intermedia, la de la diplomacia y el compromiso. En lugar de imponer una ley de lucha, busca construir una mayoría lo más amplia posible. No “exige”, sino que “invita”. No “pide”, sino que “se preocupa”. No habla de “lucha”, “adversarios” o “combate”, sino de “deber”, “paciencia” y “responsabilidad”. “No estamos haciendo una ley contra los cultos, estamos haciendo una ley de libertad”, resume el diputado socialista. Su objetivo: garantizar la libertad de conciencia y la igualdad de todos ante el Estado, sin perseguir a las religiones.
1906: cuando el inventario se convierte en drama
Los protestantes y los judíos aceptan sin problemas separarse del Estado, a pesar de la pérdida de la protección que les otorgaba su condición de culto reconocido. Sin embargo, para los católicos, la ley de 1905 supone un drama. Se niegan a aplicarla. Los bienes eclesiásticos deben transferirse, según el artículo 4 de la ley de 1905, a asociaciones religiosas. Esto requiere un inventario del mobiliario, los edificios y los objetos religiosos. Los agentes del Estado deben acceder a las iglesias y presbiterios y levantar actas. Una circular del 2 de enero de 1906 dirigida a los servicios fiscales establece las modalidades de este inventario previsto en el artículo 3 de la ley de 1905. Estalla el escándalo. Los católicos perciben el inventario como una profanación de las iglesias y un ataque inadmisible a lo sagrado. Se da instrucciones al prefecto para que vele por la aplicación de la ley y evite los enfrentamientos. Sin embargo, se producen incidentes sangrientos en Haute-Loire y luego en el departamento del Norte, no lejos de la frontera con Bélgica. Géry Ghysel, un carnicero de 35 años, padre de tres hijos, muere en la iglesia de Boeschèpe durante un inventario que sale mal.
El Vaticano contraataca
El 11 de febrero de 1906, apenas dos meses después de la aprobación de la ley, el papa Pío X responde con contundencia. En su encíclica Vehementer Nos, condena sin paliativos la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia. “Que sea necesario separar el Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa, un error muy pernicioso. Basada, en efecto, en el principio de que el Estado no debe reconocer ningún culto religioso, es ante todo una grave ofensa a Dios, ya que el creador del hombre es también el fundador de las sociedades humanas y las mantiene en existencia al igual que nos sostiene a nosotros”, denuncia. Las relaciones diplomáticas se rompen durante muchos años y no se restablecen hasta 1921.
El Concordato sobrevive en Alsacia-Mosela
La ley de separación de 1905 no se aplica en Alsacia-Mosela, bajo dominio alemán desde la derrota francesa de 1870. Cuando la región vuelve a ser francesa en 1918, esta legislación sigue sin extenderse a ella. Aún hoy, los departamentos del Bajo Rin, Alto Rin y Mosela conservan un derecho local específico, heredado en gran parte del Concordato de 1802. Por lo tanto, los sacerdotes, pastores y rabinos son remunerados por el Estado, con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior. La enseñanza religiosa es obligatoria en las escuelas públicas.
Cuando la “separación” se convierte en “laicidad”
La palabra “laicidad”, a menudo asociada en aquella época al anticlericalismo, no existe en la ley de 1905. En ella solo figura el término “separación”. Ilustra bien el compromiso deseado por Aristide Briand. Sin embargo, los dos primeros artículos del texto establecen los principios fundadores de la laicidad: el Estado francés se vuelve verdaderamente neutral con respecto a las religiones. No favorece a ninguna, no financia a ninguna y prohíbe cualquier manifestación religiosa en las instituciones públicas.
Habrá que esperar hasta 1946, y luego hasta 1958, para que el principio de laicidad quede consagrado en el artículo primero de la Constitución: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social”.
La escuela, prácticamente ausente de la ley de 1905
La escuela, cuya misión es formar ciudadanos libres e iguales y protegerlos de todo proselitismo, se convierte en un ámbito de aplicación privilegiado de la laicidad. Los alumnos no reciben clases de religión, pero se garantiza su libertad de conciencia. Sin embargo, la ley del 9 de diciembre de 1905 solo dedica unos pocos artículos a la enseñanza pública, ya que la laicización de la escuela ya se había iniciado en gran medida con las leyes escolares de Jules Ferry de 1882. Estas suprimieron toda enseñanza religiosa en la escuela pública y la sustituyeron por una instrucción moral. En 1886, la enseñanza se “confía exclusivamente a personal laico”. ‘La Ligue de l’enseignement’ (Liga de la enseñanza), creada en 1866, se convierte en uno de los principales apoyos militantes de la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria. Desarrolla una amplia red de obras educativas y culturales con el fin de ofrecer una alternativa a las asociaciones católicas.
La laicidad frente a los retos contemporáneos
Con la evolución de la sociedad, el lugar que ocupa la religión en el espacio público, especialmente en la escuela, es objeto de debate habitual. La laicidad a veces se malinterpreta y se percibe como una actitud hostil hacia las religiones, cuando en realidad su objetivo principal es garantizar la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado.
En la década de 1980, estallaron varias polémicas sobre la identidad cultural y religiosa de las poblaciones procedentes de la inmigración. En 1989, varias alumnas musulmanas fueron expulsadas por negarse a quitarse el velo. Le siguieron otros casos similares. Ante la demanda de aclaraciones por parte de los directores de centros escolares y los profesores ante el aumento de las reivindicaciones comunitaristas y religiosas, el 17 de diciembre de 2003, Jacques Chirac, entonces presidente de la República, hizo un llamamiento a la laicidad para que la escuela fuera impermeable a estas cuestiones.
En respuesta a ello, una ley aprobada en marzo de 2004 y aplicada desde el siguiente curso escolar prohíbe en las escuelas públicas el uso de signos religiosos “ostensibles”, como el velo, la kipá o las cruces grandes. Por lo tanto, introduce una excepción a la libertad de llevar signos religiosos en el espacio público.
Tras los atentados terroristas de enero de 2015 contra Charlie Hebdo y la tienda Hyper Cacher, la ministra de Educación Nacional, Najat Vallaud-Belkacem, quiso reafirmar la importancia de la laicidad. En particular, instauró el Día de la Laicidad el 9 de diciembre y una nueva asignatura de educación moral y cívica. El 16 de octubre de 2020, el asesinato de Samuel Paty, profesor de historia y geografía que quería enseñar el principio de laicidad y la libertad de prensa con las caricaturas de Mahoma publicadas en el periódico satírico Charlie Hebdo, supuso un punto de inflexión: la escuela se convirtió en blanco del fanatismo religioso por los valores que encarna y transmite.
Por último, la ley del 24 de agosto de 2021, conocida como ley “que refuerza el respeto de los principios de la República”, refuerza aún más la neutralidad de los servicios públicos. Presentada como una herramienta para luchar contra los “separatismos” y el islamismo radical, modifica la ley de 1905 imponiendo un control más estricto sobre las asociaciones y los lugares de culto, en particular en lo que respecta a su financiación extranjera.
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