En la pequeña comunidad amazónica de La Serena, en la provincia del Napo, las mujeres han tomado la batuta de la resistencia anti-minera. Se hacen llamar las “mujeres hormiga” o “Yuturi Warmi”. Elsa Cerda, co-fundadora con  otras 13 mujeres de esta guardia indígena femenina, explica el origen de su nombre.

“Yuturi es una conga, una hormiga grande que tiene sus agujones. Puedes ver las madrigueras en los troncos de los árboles. Tú golpeas en su puerta. Salen unas tres o cinco hormigas, pero alrededor ya han estado subiéndote y pinchándote. Es muy doloroso y puedes morir. Así como esas hormigas, nosotros estamos cuidando nuestro territorio alrededor”, nos cuenta.

Pero, ¿por qué una “guardia femenina”? La primera razón es económica y práctica.

“Las mujeres nos quedamos en casa, estamos en el territorio mientras que nuestros esposos, como no hay medios económicos en la comunidad, migran a otras comunidades, a otras ciudades, a otras provincias, algunos salen incluso fuera del país. Entonces los que estamos siempre aquí en casa, todo siempre… somos las mujeres”.

La segunda razón tiene que ver con el machismo todavía muy presente en las comunidades. A la creación de Yuturi Warmi, en el 2020, los compañeros y parejas de las mujeres hormigas no se mostraban muy entusiastas.

“¿Para dónde se van?, nos preguntaban. ¿Qué van a hacer en las reuniones? ¿Qué conversan si no tienen nada que conversar? ¿Cuándo han estado ustedes en instituciones? Era feo”, comenta.

Por suerte las mentes van cambiando. Cerca de La Serena, la comunidad de Yutzupino, al borde del río Jatunyacu, es además un recordatorio visual de la devastación provocada por la minería ilegal. Durante años, sus 500 habitantes se han adaptado a la la presencia de los mineros ilegales y de su plata. Hoy los mineros se han ido, dejando un río devastado, algunas retroexcavadoras abandonadas y un campamento de la compañía Terraearth que debe supuestamente recuperar la zona, pero cuyas actividades están suspendidas. La comunidad está abandonada, lamenta su presidenta Tania Shiwango.

“La explotación estaba hecha por los ilegales. Ellos iban haciendo hueco, hueco, hueco. Había pozos y agua empozada. Entonces qué hizo la empresa Terraearth, iban relavando, relavando. La idea era que la empresa explotara de nuevo la zona buscando mineral todavía presente pero que volviera a tapar los huecos y recuperara la zona. De las 130 hectáreas afectadas por los ilegales, más o menos hay un avance de 40 hectáreas que sí han sido recuperadas por Terraearth”, explica.

Lo demás queda destruído y para Yutzupino, la bonanza minera no ha sido más que un espejismo. Para evitar que pase lo mismo en La Serena, una caseta de guardia bloquea el acceso a la comunidad. Las mujeres de Yuturi Warmi organizan rondas por tierra y bote cuando hay plata para el combustible. Todo está bien organizado, explica la mujer hormiga Sonia Tanguila.

“Acá hay veces la gente minera la ingresan a la comunidad. Nos comunican primero a nosotros. Es que aquí en la comunidad conocen cuál es gente de la minería, qué gente trabaja en la minería, conocen a los ingenieros”.

Sentada en la terraza del pequeño “lodge” que ha construido en su casa, Elsa Cerda solo tiene que levantar la mirada hacía el bosque y las aguas todavía limpias del río Iluculin para recordar por qué lucha.

“Nosotras las mujeres nos hemos dedicado a cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, porque queremos que después, en un futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puedan nadar, puedan tomar agua del río, puedan correr en la selva sin ningún miedo de contaminación”.

Por el momento, los mineros ilegales evitan La Serena donde saben que la oposición está organizada gracias a las mujeres de Yuturi Warmi y a la ONG Hacku que les apoya. Desafortunadamente, los yacimientos de oro no faltan en la zona, por ejemplo, cerca de la comunidad de Capirona al sur del río Napo. Aquí la población trata de organizarse para bloquear la entrada de mineros ilegales. Ellos se encuentran muy cerca, en la comunidad de Punicotona, un pueblo dónde los mineros son bienvenidos, pero no los periodistas y las ONGs. Para saber dónde se encuentran las minas que contaminan las aguas de su río, los habitantes de Capirona han pedido el apoyo de la ONG Hacku que ha decidido mandar un dron.

Creada en 2016 por Leonardo Cerda, originario de La Serena, Hacku que significa  “Vamonos” en quichua es una ONG dedicada inicialmente a mejorar el nivel de vida de las mujeres indígenas de la provincia del Napo. Sin embargo, la ONG se ha dado cuenta rápidamente que eso iba a ser muy difícil de lograr si no se frenaba la minería ilegal. Encargado de programas y trabajo territorial de Hacku, Alejandro Muñoz de repente señala algo preocupante detectado por el dron. 

Estamos a menos de 2 kilómetros de las excavaciones mineras. Se ven un par de retroexcavadoras trabajando en el río pero imposible acercarse. Aquí no se entra sin autorización, ni siquiera las autoridades como recientemente la prefecta de la provincia. Oponerse a los mineros puede ser peligroso, según Maximiliano, habitante de la zona.

“Nos da miedo. Los mineros ilegales tienen ojos por todas partes. A ellos les informan incluso cuando vienen los militares. Los mineros ilegales tienen la información primero. Nuestras vidas corren riesgo”, dice Maximiliano.

Eso lo sabe bien esta mujer de la zona del Alto Punino que requiere el anonimato para testificar en la ciudad de Tena. Es que la zona es caliente… El 9 de mayo del 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en la zona del río Punino por hombres armados de los Comandos de la Frontera, un movimiento disidente de las guerrillas colombianas de las FARC. Esta mujer vive con miedo por oponerse a la entrada de los mineros ilegales en su comunidad.

“Al menos yo he tenido mucha amenaza. ¿Y sabe lo que me han dicho? Esa gente que está ahí minando, que están ligados con todos esos malos, me han dicho: ‘Usted anda poniendo mucha denuncia’. Porque es cierto que yo sí he puesto denuncias para protegerlo. Y me han dicho: ‘A usted lo que le van dar son balas en la frente”, manifiesta.  

Esta es una realidad que lamenta  Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

“Cuando algo no va bien, cuando algún servicio no se da, cuando alguien habla de más, cuando el material que tenían que traer se retrasa un poquito, ellos no se sientan a conversar, sino que hay un tiro en la cabeza”, dice.

Esa tensión no se siente solamente en el campo sino también en ciudades como Tena o Lago Agrio dónde los mineros y los carteles blanquean su dinero en tiendas y restaurantes de lujo. Alejandro Muñoz, de la ONG Hacku, explica :

“La última semana trataron de hacer explotar un comercio. Le pusieron una bomba. Este tipo de actividad ya es muy común, lo que no era habitual hace unos cinco años. La vacuna, la extorsión, los asesinatos, este tipo de actividad se ha vuelto mucho más común. Con la minería, en vez de desarrollo, lo único que se ve son esas camionetas grandes, sin placas, que pasean por la comunidad y por la ciudad”, denuncia.  

Si bien la minería ilegal siempre ha existido en Ecuador, se ha vuelto mucho más poderosa desde hace unos 10 años, según Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

“Es evidente también la penetración de los grandes cárteles de la droga en el país, que ahora no solo trafican droga. Una vez establecidos los aliados locales, una vez establecidos los canales de distribución, han diversificado su producción, lo cual pasa también por minería ilegal. El oro hace apenas un año estaba a 2.500 $ la onza, unos seis meses que está bordeando los 5.000, lo cual se hace muy atractivo también para la economía criminal”.

Economías criminales que son responsables de una competencia desleal para las compañías mineras legales, agrega Silva.

“Fíjate que la minería ilegal es un fenómeno que sucede en Sudamérica, Centroamérica y África. Siempre siguen exactamente el mismo esquema: el crimen organizado es la base. Empiezan por campañas de desprestigio a la minería formal, logran frenar proyectos cuando, obviamente, los recursos ya están descubiertos. Luego entran y devastan el ambiente, se llevan los minerales solamente. Los pasivos ambientales que dejan son enormes. La descomposición social que dejan en los territorios son enormes”, sostiene.

Un ejemplo de esto es la zona de Río Blanco en el sur del país.

“Río Blanco ya era una mina. En realidad, ellos ya empezaron a producir. Empezó un grupo de activistas diciendo que no se había hecho la consulta previa. En realidad, ahí no procedía la consulta previa porque no eran pueblos ancestrales. Sin embargo, lograron que un juez provincial parara el proyecto. Esto fue en el 2018, ahora estamos en 2026. El proyecto está tomado por la minería ilegal”, precisa.

Consciente de no enfrentarse solamente a mineros buscando ganarse la vida sino a bandas poderosas, cmo los Lobos, Choneros, Tiguerones, Comandos de la Frontera, el gobierno ha declarado que todos los sitios de minería ilegal son ahora objetivos militares. Una mañana de junio pasado, una patrulla sale para destruir una instalación de procesamiento de oro en la zona de La Merced de Buenos Aires, en los Andes al norte del país. Un campamento pequeño pero estratégico, según el teniente coronel Christian Ruales, comandante del grupo de Caballería 36 Yaguachi, parte de la brigada Andes.

“Consideramos que todavía existe una minería residual. La presencia ya no es masiva en lo que se refiere a actividades de explotación de minería ilegal. Sin embargo, existen remanentes. Estamos hablando de grupos pequeños, de tres a cuatro personas, que realizan una actividad tipo hormiga. Por información de fuentes humanas a través de inteligencia militar también se ha podido determinar la presencia del FOSO, es decir, el Frente Oliver Sinisterra, el cual buscaría de alguna manera a través de actividades como chantaje, extorsión, las famosas “vacunas” hacia aquellas personas que se dedican a la minería ilegal, obtener algún tipo de rédito económico. Se ha podido determinar que existe entre 15 y 30 elementos armados en este sector”, dice.

En esta zona considerada como hostil, la protección balística es obligatoria. Un dron es lanzado hacía las zonas de minería ilegal, en las montañas al frente del campamento de La Vicera. Pronto, su operador cuyo nombre es reservado por asuntos de seguridad, nota algo…

“Esto aquí, como usted puede ver, son plásticos que están recién templados. Los plásticos que están destruidos tienen otro color, son como más blancos, medio plomos, este es un color más brillante, color negro. Entonces ellos recién puede que hayan templado esos plásticos junto con el de acá. Ellos tratan de reingresar cada vez que vamos, nosotros vamos y ellos reingresan”, explica.

Mientras tanto, la patrulla se acerca a un cañon estrecho dónde la procesadora ilegal de oro ha sido detectada. Antes de su destrucción, el teniente coronel Christian Ruales hace visitar la instalación, rústica pero muy completa.

“En esta área de procesamiento, el material mineralizado es colocado en las chanchas, que son estructuras cilíndricas que cuentan con unas bolas de acero que sirve para moler el material. Una vez que se encuentra pulverizado, son transportados a través de canales a las diferentes piscinas de sedimentación, tanques de agitación. Posteriormente, a través de la mezcla con ciertos químicos, obtienen cierto producto refinado que es unido al carbón activado para que éste absorba la cantidad de oro necesaria”.

Los especialistas en explosivos instalan sus cargas, preparan sus mechas lentas y todos nos debemos alejar. Pocos minutos después del estallido, una nueva procesadora es descubierta a menos de 100 metros de la primera, pero muy bien escondida.

“Como pueden observar, ya ocasionan muy poco daño a la floresta propiamente dicha, lo que dificulta el poder ser detectados a través de medios aéreos. Son unas piscinas de sedimentación. Está en construcción, posiblemente estarán ubicando otro sector donde van a colocar las chanchas como pueden observar y dos tanques de agitación. Este lo detectamos hoy”, dice.

El sitio es inmediatamente destruido. Los militares hoy destruyen los equipos que encuentran, minas, procesadoras, retroexcadoras… en un combate qui parece nunca acabar, según la  presidenta de la cámara de Minería María Eulalia Silva.

“El hecho de que la minería ilegal ahora sea un producto del crimen organizado marca un antes y un después, en razón de la capacidad que tienen estos grupos delictivos de un montón de cosas, de corromper, de lavar, de arrasar con todo”.

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