La propuesta del Gobierno de recortar en un 50% el financiamiento a los partidos políticos ha abierto un frente de tensiones entre organizaciones políticas, que oscilan entre el respaldo condicionado y el rechazo frontal, en medio de cuestionamientos sobre el alcance real de una medida que representaría apenas el 1.5% del ajuste fiscal anunciado.
El recorte que concentra el debate
El financiamiento público a los partidos asciende a RD$1,620 millones en 2026, de los cuales ya se han ejecutado RD$405 millones en el primer trimestre. La reducción planteada implicaría un recorte de unos RD$810 millones, o alrededor de RD$607.5 millones sobre el monto restante.
En el contexto de un ajuste global de RD$40,000 millones, la cifra coloca el foco en una partida de alto impacto mediático, pero de bajo peso fiscal. Aun así, la medida ha sido una de las más visibles dentro del paquete de austeridad impulsado por el gobierno para enfrentar el impacto del alza en los precios del petróleo.
Apoyo con condiciones desde el PRSC
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) expresó su respaldo al recorte, aunque introdujo matices que amplían el debate. Su delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, consideró que la reducción es válida, pero planteó que debe ir acompañada de una redistribución más equitativa de los fondos.
Propuesta de cambiar la regla del 80%
El PRSC propone reducir del 80% al 50% la proporción que reciben los partidos mayoritarios —PRM, PLD y Fuerza del Pueblo— y asignar el restante 50% a las organizaciones minoritarias. La posición introduce un elemento adicional: no solo cuánto se recorta, sino cómo se reparte.
Perdomo también advirtió que la medida es limitada frente a problemas estructurales como la evasión fiscal o las pérdidas en el sistema eléctrico, sugiriendo que el ajuste debería ser más amplio.
Rechazo frontal de la Fuerza del Pueblo
En contraste, la Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la iniciativa, calificándola como insuficiente para enfrentar la coyuntura económica.
El partido argumenta que, aunque la medida puede resultar popular, su impacto fiscal es reducido frente al tamaño del ajuste anunciado. Desde la organización se planteó que el enfoque debería centrarse en proteger el costo de vida de la población, especialmente en áreas como combustibles, transporte y energía.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas sostuvo que cualquier ajuste debe tener como eje la estabilidad de precios y no medidas de bajo impacto que no modifiquen de forma sustancial la carga económica sobre los ciudadanos.
Entre la legalidad y la señal política
El financiamiento público a los partidos está establecido en la Ley 33-18, lo que limita el margen de acción del Gobierno para modificarlo sin implicaciones legales o presupuestarias. Sin embargo, más allá del aspecto jurídico, el debate se ha desplazado hacia el terreno político.
La medida se produce en un contexto donde el financiamiento a partidos genera rechazo en amplios sectores, lo que convierte su reducción en una señal de austeridad fácilmente comunicable.
Lo que revela el conflicto
Las posiciones encontradas entre partidos reflejan algo más que una discusión presupuestaria.
Por un lado, hay quienes respaldan la reducción, pero buscan reconfigurar el sistema de distribución. Por otro, sectores que la rechazan por considerarla simbólica e insuficiente.
Si el recorte al financiamiento político representa apenas una fracción del esfuerzo fiscal, su centralidad en el debate público plantea una interrogante de fondo:
¿Se trata de una medida que contribuye de manera significativa al ajuste o de una decisión que busca enviar una señal política en un contexto de presión económica? La respuesta no solo depende de los números, sino de cómo se distribuye el resto del sacrificio que aún no ocupa el centro de la discusión.
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