Hacia la transición democrática
El examen de los años posteriores al ajusticiamiento de Trujillo, en los que se enfrentaron los defensores locales y extranjeros del poder oligárquico, con los que asumían la transición democrática, revela una de las series de efemérides más relevantes en la memoria histórica dominicana. El primero de esos hitos tuvo lugar el 20 de diciembre de 1962, cuando fueron celebradas en el país las primeras elecciones nacionales democráticas y sin la manipulación de sus resultados. Juan Bosch participó en las elecciones como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados, el Partido Nacional, dirigido por Virgilio Vilomar, de los tiempos de Horacio Vásquez; y la Vanguardia Revolucionaria Dominicana, a cargo de Julio Horacio Ornes. Alcanzó el 58.72. % de los votos emitidos, más el 0.81% aportado por sus aliados. Por su alta votación, logró 22 senadores, de 28 posibles; 49 de 78 diputados y 62 de 77 alcaldías.
La segunda de las efemérides de la serie se registró con la juramentación de Bosch como presidente constitucional de la República, el 27 de febrero de 1963. Esta ceremonia, al tiempo anunciaba el fin de dictadura de Trujillo y el inicio de la construcción del sistema democrático, anhelo del pueblo dominicano.
Como se esperaba, el nuevo gobierno prestó atención a los principales sectores de la vida nacional: salud, educación, comunicación, manejo del agua, energía y otros. Mas, por razones coyunturales, sus iniciativas de mayor impacto fueron las de carácter político, como la independencia en el ejercicio del poder, el respeto al orden democrático y su determinación al instituirlo en la Constitución liberal promulgada el 29 de abril de 1963.
El Golpe de Estado del 25 de septiembre
Desafortunadamente, el reordenamiento de la propiedad de la tierra, el repudio a la firma de contratos leoninos, la defensa de las libertades ciudadanas, la pulcritud en el manejo de los asuntos de Estado, el apego por lo institucional y la defensa de la soberanía nacional asumidos por Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, fueron medidas rechazadas por los sectores comprometidos con la recomposición del trujillismo. Igual rechazo despertaron a los diseñadores de la política exterior de los Estados Unidos para la región.
En provecho de esta coincidencia, se sumaron ambas voluntades y, el 25 de septiembre de 1963 se anunció el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch. El golpe fue apoyado por los generales Elías Wessin y Wessin, Antonio Imbert Barreras, y por el resto de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, apoyados por la Unión Cívica Nacional, la Vanguardia Revolucionaria y la Alianza Social Demócrata. A estos se sumó la cúspide de la Iglesia católica, en rechazo a la pretendida orientación laica de la educación. La idea de que se trataba de un gobierno orientado por el comunismo sirvió de pretexto para la conspiración y el golpe, argumento que había sido utilizado en 1948 contra el presidente Rómulo Gallegos para instalar al dictador Pérez Jiménez en Venezuela; en 1954 contra Jacobo Arbenz para instalar a Castillo Armas y, en 1963, contra Idígoras Fuentes y a favor del dictador Peralta Azurdia, en Guatemala.
Los promotores del golpe demostraron sus limitaciones en la interpretación de la realidad social dominicana. La falta de civismo y la colocación de sus intereses sobre los del colectivo nacional, los condujeron a ejecutar un golpe de Estado que desvió el curso del porvenir de los dominicanos. Sin rumbo claro, instalaron el gobierno del Triunvirato presidido en sus inicios por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavárez Espaillat. Su gobierno se distinguió por:
– Apoyarse en la política del anticomunismo.
– Perseguir al liderazgo del PRD.
– Imponer el toque de queda.
– Militarizar el país.
– Disolver el Congreso.
– Desconocer la Constitución de 1963.
– Liberar las industrias del pago de impuestos.
– Sus prácticas despóticas.
– Traspasar las propiedades de Trujillo y su familia a funcionarios triunviros.
El contragolpe del 24 de abril
A raíz de la muerte de Trujillo, parte de la oficialidad joven comprendió que las circunstancias imponían un nuevo rol a las Fuerzas Armadas dominicanas: el de la profesionalización y el respeto al orden constitucional. Como muestra de este sentimiento, en enero de 1962, el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros compañeros de armas, tomó el Club de Oficiales de San Isidro para impedir la acción golpista planeada por Rodríguez Echavarría contra Rafael F. Bonnelly y Eliseo Pérez Sánchez, miembros del Consejo de Estado. Desde ese momento, se le dio seguimiento al desempeño de dicho Consejo en la organización de las elecciones nacionales pautadas para el 20 de diciembre de 1962. La convicción de los militares constitucionalistas era apoyar el gobierno que surgiera en esa fecha, y si era derrocado, reponerlo. Lamentablemente, su lucha se concentró en la reposición, para lo cual resultó determinante la participación del liderazgo y militancia del Partido Revolucionario Dominicano, junto a otras organizaciones políticas.
El Movimiento Militar Constitucionalista, conocido como Enriquillo o Movimiento Restaurador Democrático, creado y liderado por el coronel Fernández Domínguez, luchó por la reposición del gobierno de Bosch inspirado en la consigna: Que los militares devuelvan al pueblo lo que le han quitado. Su meta fue respaldada, entre otros oficiales, por Miguel Hernando Ramírez, Johnny Contín, Rafael Yege Arismendi, Héctor Lachapelle Díaz, Lorenzo Sención Silverio, Rafael A. Quiroz Pérez, José R. Jiménez Germán, Ernesto González y González, Jesús de la Rosa, Manuel Ramón Montes Arache y los Hombres rana, y Francisco Alberto Caamaño Deñó.
El contragolpe constitucionalista
El 24 de abril de 1965, el jefe de Estado Mayor, EN, general Marcos Rivera Cuesta, dispuso la cancelación de los miembros del Ejército Nacional, teniente coronel Geovanny Gutiérrez, de los mayores Juan M. Lora Fernández y Eladio Ramírez, y del capitán José Noboa Garnes, acusados de conspirar contra el gobierno. Esta medida incendió la chispa de la rebelión constitucionalista. Sin perder tiempo, sostiene Miguel Ángel Hernando Ramírez, teniente coronel (EN), que ordenó el rescate de esos oficiales al capitán Mario Peña Taveras, y que procediera a la detención del jefe de Estado Mayor y acompañantes. Asimismo, le solicitó llamar a José Francisco Peña Gómez para que, a través del programa Tribuna Democrática, transmitido por la emisora Radio Comercial, localizada entonces en la Ciudad Colonial, comunicara al país que había comenzado el restablecimiento del gobierno de Juan Bosch.
Al día siguiente, Rafael Molina Ureña juró como presidente de la República hasta el retorno de Bosch. Esta designación correspondía por su condición de presidente de la Cámara de Diputados, pues Juan Bosch (presidente), González Tamayo (vicepresidente) y Casasnovas Garrido (presidente del Senado), no estaban en el país. Horas después, presidió, junto al coronel Hernando Ramírez, una reunión celebrada en la Presidencia con el coronel piloto Bartolomé Benoit, en representación de la alta oficialidad de San Isidro. Este, al conocer el rechazo de los constitucionalistas al plan de instalar una junta militar, sentenció: la división de las Fuerzas Armadas es inevitable, por lo que al país le esperaba la guerra civil y la intervención foránea.
Contra el avance de los sublevados, Donald Reid apoyó el bombardeo a la sede presidencial la tarde del 25. Los días siguientes, las guarniciones militares y posiciones constitucionalistas en la margen occidental del Ozama fueron su blanco. Para el 27 de abril, ya no contaba el presidente del Triunvirato en la toma de decisiones, pues había sido sustituido por una Junta Militar con sede en San Isidro presidida por Bartolomé Benoit, según él, designado inconsultamente. Le acompañaron el coronel Enrique Casado Saladín, EN, y el capitán de navío Olgo Santana Carrasco. El mismo día, por instrucciones de Bosch, Molina Ureña posicionó al coronel Caamaño como comandante en jefe de los constitucionalistas, y el 4 de mayo, juró frente al Altar de la Patria como Presidente Constitucional de la República en armas.
El 27 de abril, el coronel Caamaño, acompañado de Molina Ureña, giró una visita a William Tapley Bennett, embajador de los Estados Unidos en el país. Su finalidad era la búsqueda de una salida no violenta a la decisión del general Elías Wessin y Wessin y otros oficiales, de tomar el puente Duarte con una unidad de tanques, ocupar el Palacio Nacional e instalar una Junta Militar como gobierno provisional.
La respuesta del embajador fue conminatoria: o deponen las armas o serán sometidos a los tribunales. Venciendo el pánico, el bando constitucionalista, encabezado por Caamaño, Montes Arache, Lora Fernández, Lachapelle Díaz, Marte Hernández…, decidió ir al puente Duarte para impedir, junto al pueblo, el avance de las fuerzas de San Isidro. Los resultados favorables de esta decisión consagraron a Caamaño como la primera figura militar de la insurrección.
Desembarco de los marines
Los avances de los constitucionalistas durante los primeros cuatro días de la guerra convencieron a los Estados Unidos de que sus aliados locales eran causa perdida, y de que el regreso de Bosch a la Presidencia era inminente. Para impedirlo, no para salvar la vida a sus connacionales, el presidente Lyndon B. Johnson autorizó el desembarco de 42 mil marines en Santo Domingo, cifra abultada con el fin probable de bajar la moral de los combatientes de Abril. De modo que, 405 marines llegaron como avanzada el 28 de abril de 1965 y, según oficial de enlace, para el 4 de mayo los marines ascendían a 16,000 en Santo Domingo, incluyendo infantería, paracaidistas y personal naval. A final de mayo superaron los 30 mil, con los cuales se creía que liquidarían la insurrección en ocho o diez horas.
Para el periódico The New York Times, reseñado por Tad Szulc, el número de soldados era superior a la necesidad. Esta cifra superaba la suma de las tropas emplazadas por los Estados Unidos en Panamá (1903), en Cuba (1906), en México (1914), en Haití (1915), en la República Dominicana (1916) y en Nicaragua (1927). Bosch llegó más lejos al destacar que para la fecha, los marines que ocupaban a Santo Domingo duplicaban a los enviados por Estados Unidos a Vietnam, uno de los hitos más complejos de la Guerra Fría. Desde Puerto Rico, el líder declaró que con los desembarcos desproporcionados de marines, el gobierno de los Estados Unidos buscaba defender el statu quo en Santo Domingo, sin ninguna consideración por la voluntad del pueblo dominicano.
El envío de marines a Santo Domingo fue una decisión unilateral del presidente Johnson, que demuestra su decisión de actuar primero e informar después. Informar, no deliberar. Con esta medida violaba la carta constitutiva de la OEA, especialmente su artículo 15, que desautoriza la ejecución de actos injustos de un Estado contra otro. Mientras que el artículo 17 dice: “Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica, con respeto a los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal.” A pesar de que violaba la esencia de la OEA, horas después de los primeros desembarcos, Estados Unidos le encargó la solución a la crisis que afectaba a Santo Domingo.
Para hacer menos visible la presencia militar y diplomática directa de los Estados Unidos en el país, simular la unilateralidad de la invasión militar y legalizar la violación de la soberanía dominicana, a través de la OEA, Estados Unidos forzó la creación de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), a pesar del voto en contra de México, Uruguay, Chile, Ecuador y Perú; Venezuela se abstuvo. Con esta Fuerza, “buscaba corresponsabilizar a los demás gobiernos de América Latina, santificar, legalizar la criminal acción de los Estados Unidos en Santo Domingo.” Como parte del camuflaje, el general brasileño Hugo Panasco Alvin fue su comandante, y el general Bruce Palmer, segundo al mando. Para recordarnos a Trujillo, entre las tropas de la FIP había soldados de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Los Somoza (Nicaragua) y del hondureño López Arellano.
Trascendencia de la intervención militar
Si el golpe del 25 de septiembre cambió el curso de la historia, la intervención militar iniciada por Estados Unidos el 28 de abril torció mucho más el camino a seguir: el defendido por los constitucionalistas. Se admite que su arsenal bélico y el peso de sus recursos diplomáticos potenciaron una crisis cuya solución debió surgir en poco tiempo y entre dominicanos. Esta muestra de fuerza reiteró nuestra ubicación en la ruta imperial, y nos recuerda por quién doblaron las campanas cuando, a principios y mediados del siglo XIX, padecíamos el dominio de España; y cuando, a principios y mediados del siglo pasado, el poeta Abelardo Vicioso convirtió a Santo Domingo en un canto vertical en el que reiteradamente exclamaba: ¡Yanqui, vuelve a tu casa!
Con los desembarcos de aquellos marines, y el complemento de los hombres de uniforme de la FIP, cobraba vida el tiempo de la diplomacia de la cañonera, o del gran garrote, como denominara el presidente Roosevelt sus intervenciones en el Caribe durante los inicios del siglo XX. En nuestro caso, con los marines yanquis se esfumaron nuevamente muchas horas de sacrificio por la construcción de la verdadera democracia dominicana. Nunca se probó la filiación comunista de los rebeldes constitucionalistas, tampoco que lo fuera Juan Bosch, líder de la revolución democrática y nacionalista truncada el 28 de abril de 1965.
A penas dos semanas después de aquel desembarco fatídico, Severo E. Colbert, académico y seguidor de Luis Muñoz Marín, en conferencia reseñada por el periódico puertorriqueño El Mundo, destacó que Estados Unidos debía una reparación moral al pueblo dominicano por su invasión militar. Pienso que 60 años después, sin la pasión que desatan procesos como el reseñado, se impone, con el mayor peso simbólico posible, retomar la iniciativa de Colbert por una reparación moral del país invasor y, por qué no, de los dominicanos que en aquellos días su vida era tan amenazante como un vendaval sin rumbo.
Como apoyo indirecto al sentimiento de Colbert, la bandera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cumple 60 años ondeando cada 28 de abril a media asta, también debiera cumplirlos nuestra enseña tricolor. Por lo menos, conforma saber que su distancia del tope no puede verse como signo de padecimiento, pesares ni lamentos, sino que invita a la resistencia firme por la defensa inquebrantable de la patria. Dejarla a media es una alerta de que la dominicanidad vive, pero no gime, y una advertencia a los despistados locales y sus aliados extraños, de que aquellos días aciagos no retornarán jamás.
** Palabras pronunciadas frente al edificio Copello, en la calle El Conde, por invitación de la vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 28 de abril de 2025
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