La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, advirtió este martes que las acusaciones de presuntos descuentos salariales a empleados en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), que dirige Hecmilio Galván, para financiar un movimiento político, constituye una violación a las leyes electorales y al Código Penal.
Blanco sostuvo que, de comprobarse una falta administrativa por el Ministerio de Administración Pública (MAP), además de las sanciones que corresponden como la destitución del funcionario y la acción penal, le corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) analizar ese comportamiento que se está dando en la administración pública.
"Ya hemos visto dos casos – dijo Blanco, en referencia a las denuncias en el FEDA y el ITLA -. También le corresponde, por medio de la Procuraduría General Electoral, de la misma Procuraduría General de la República, investigar estos casos de delitos electorales. Estamos hablando de que aquí se está amenazando, intimando a servidores públicos para que utilicen recursos que ya son ganados propiamente para sostener campañas electorales".
La coordinadora Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, reiteró que dichas conductas constituyen un delito penal, tipificado en el nuevo Código.
"Entonces, aquí no es solamente que usted diga: ¡Ay! Yo le solicité al MAP que me ayude en una asesoría técnica. No, señor. Aquí es que el MAP tiene la obligación de investigar esta conducta y, si es cierta, aplicar las, los correctivos del lugar que da paso a la destitución y someter a esa persona a la autoridad", enfatizó.
Subrayó la responsabilidad que posee la JCE en la vigilancia del comportamiento de los partidos y movimientos políticos, así como lo que ocurre en la administración pública en términos electorales.
"Es un constante reflejo de que todavía nos falta mucho en temas de transparencia en temas electorales", lamentó.
Pide acompañamiento del MAP
Al igual que Féliz García lo hizo con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Galván solicitó este lunes el acompañamiento técnico del Ministerio de Administración Pública (MAP) para revisar los procesos administrativos y de nómina de la institución, tras las denuncias de cobros irregulares y presiones a empleados.
El ministro Sigmund Freund explicó que el MAP coordinará una audiencia con el FEDA para verificar la situación y, de confirmarse irregularidades, aplicar las medidas disciplinarias que establece la Ley de Función Pública.
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