La Junta Central Electoral (JCE) salió este viernes al paso de la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el financiamiento público a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y advirtió que la medida vulnera el marco constitucional y legal vigente, además de poner en riesgo los principios de legalidad, equidad e integridad electoral.
En un comunicado emitido este 8 de mayo, el organismo recordó que la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece en su artículo 224 que en un año no electoral —como es el 2026— el Estado debe destinar a las organizaciones políticas el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026, promulgada el 16 de diciembre de 2025, ya consignó apenas el 0.12 %, es decir, poco menos de la mitad de lo que manda la ley.
Un segundo recorte sobre uno ya irregular
El Gobierno del presidente Luis Abinader anunció a finales de abril, en el marco de un paquete de medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica internacional, su intención de recortar a la mitad los fondos asignados a los partidos políticos.
Según el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot , la iniciativa será sometida al Congreso Nacional a partir del 1.° de julio como una modificación a la Ley de Presupuesto, dado que —según explicó— "el dueño del presupuesto es el Congreso".
La medida busca generar un ahorro de aproximadamente RD$ 810 millones y se enmarca en un ajuste fiscal más amplio que procura liberar cerca de RD$ 40,000 millones ante el impacto del conflicto bélico en el Medio Oriente sobre la economía dominicana.
El rechazo ya es transversal
La propuesta generó rechazo en al menos 24 organizaciones políticas, tanto de oposición como aliadas al oficialismo, que manifestaron su desacuerdo en los días previos al pronunciamiento de la JCE.
El organismo electoral se sumó ahora a ese rechazo con argumentos jurídicos de peso: advirtió que una nueva reducción afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos, que contrajeron obligaciones con base en la certidumbre de la ley promulgada en 2025 y de la Resolución 01-2026, del 15 de enero pasado, mediante la cual la propia JCE aprobó la distribución de RD$ 1,620 millones entre las organizaciones políticas reconocidas.
La JCE invoca la Constitución
El comunicado cita los artículos 211 y 212 de la Constitución, que asignan a la JCE la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de los procesos electorales, así como velar por la equidad en las campañas y la transparencia en el uso del financiamiento.
"De materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia", advirtió el organismo.
La JCE cerró su pronunciamiento con un llamado a las autoridades competentes a actuar "conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes".
Compartir esta nota