La República Dominicana no es ajena a los choques externos. Dos conflictos bélicos en distintos rincones del mundo, primero la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, y ahora la crisis en Medio Oriente en 2026, han obligado al gobierno del presidente Luis Abinader a diseñar planes de emergencia para proteger la economía nacional. Aunque el diagnóstico en ambos casos fue similar, alza del petróleo, presión inflacionaria y amenaza a la canasta básica, las recetas aplicadas revelan un cambio significativo en la filosofía de respuesta del Estado.
2022: el Estado como escudo directo
Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, los mercados internacionales reaccionaron de inmediato. El precio del petróleo se disparó, los granos escasearon y la inflación importada comenzó a golpear a economías pequeñas como la dominicana.
El 7 de marzo de 2022, en una alocución nacional, Abinader anunció 10 medidas de emergencia orientadas a absorber el impacto directamente desde el Estado, protegiendo los precios que los ciudadanos pagaban en el mercado.
La medida más costosa y visible fue el subsidio a los combustibles: mientras el precio del barril West Texas Intermediate (WTI) se mantuviera entre US$85 y US$115, el gobierno congelaría los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo de 2022. El sacrificio fiscal estimado era de entre RD$600 y RD$1,000 millones semanales, entre RD$9,600 y RD$16,000 millones durante los cuatro meses de vigencia inicial.
A eso se sumaron medidas de alcance directo sobre la canasta básica:
- Reducción a cero de los aranceles a la importación de productos esenciales.
- Subsidios a materias primas como maíz, trigo y soya.
- Aumento del gasto social en un 2% del PIB (unos RD$150,000 millones).
- Subsidio al transporte público.
- Facilidades crediticias desde el Banco Agrícola.
- Simplificación de trámites para garantizar abastecimiento.
La lógica era clara: el Estado absorbía el golpe para que el ciudadano no lo sintiera en su bolsillo.
2026: el Estado se aprieta el cinturón
Cuatro años después, el escenario es distinto. La crisis en Medio Oriente elevó en más de un 80% el precio del petróleo, mientras tensiones en rutas clave como el estrecho de Ormuz agravaron el panorama global.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la situación como "uno de los mayores choques de precios de la historia reciente". Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que cada aumento sostenido de USD 10 por barril implica unos USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país.
Esta vez, la respuesta no fue expandir el gasto, sino contenerlo.
El 30 de abril de 2026, el Gobierno anunció un paquete de austeridad para liberar cerca de RD$40,000 millones, según explicó el director de Presupuesto, José Rijo Presbot.
Las medidas incluyen:
- Reducción de gastos operativos.
- Limitación en compra de vehículos (con excepciones sociales).
- Menos gastos en mantenimiento, eventos, viáticos y publicidad.
- Racionalización del consumo de combustible.
- Recorte del 50% al financiamiento de partidos políticos.
- Reducción de transferencias a entidades públicas con ingresos propios.
El enfoque: ajustar el Estado para resistir el impacto.
Dos crisis, dos respuestas
Las diferencias entre 2022 y 2026 no son solo técnicas, sino de enfoque.
En 2022, el Gobierno optó por una política expansiva: subsidios, reducción de impuestos a alimentos y aumento del gasto social para proteger directamente a los ciudadanos. El costo fiscal fue elevado, pero el impacto en precios se amortiguó.
En 2026, la estrategia cambia hacia la austeridad. No hay congelamiento de precios ni eliminación de aranceles anunciada. En lugar de transferir recursos al ciudadano, el Estado busca liberar recursos internos recortando gastos.
También cambia la lógica fiscal: en 2022 se asumieron costos que superaban los RD$9,600 a RD$16,000 millones solo en combustibles, mientras que en 2026 el objetivo es generar disponibilidad por RD$40,000 millones mediante recortes.
Otra diferencia clave es política: mientras en 2022 la medida más debatida fue el subsidio masivo a los hidrocarburos, en 2026 lo es el recorte al financiamiento de partidos.
El contexto que cambió
Entre ambas crisis, el país fortaleció su estabilidad macroeconómica: mayores reservas internacionales, crecimiento sostenido y estabilidad cambiaria. Pero también acumuló presiones fiscales, una deuda más alta y un subsidio energético difícil de sostener.
Ese nuevo contexto explica por qué el Gobierno no repite la fórmula de 2022. Como advirtió Paliza, las medidas de protección tienen un costo fiscal significativo que ahora debe manejarse con prudencia.
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