El 11 de septiembre de 2001 yo estaba lejos de Nueva York. Había viajado desde Santo Domingo a Inglaterra para visitar a la familia que, apenas un par de años antes, me había recibido durante mi intercambio con AFS. Recuerdo que alrededor de las tres de la tarde, hora británica, estábamos frente al televisor tratando de entender unas imágenes que parecían irreales.
También recuerdo las llamadas. Había que confirmar que familiares y conocidos estuvieran bien, que nadie estuviera cerca de donde estaba ocurriendo aquello. Uno pensaba en las personas y en la magnitud de lo que veía. Era difícil imaginar todo lo que cambiaría después.
Unos días más tarde me tocó regresar a República Dominicana.
Regresaba vía Frankfurt y ahí comenzaron los controles. Me separaron del flujo normal de pasajeros. Una joven agente comenzó a hacerme preguntas. Muchas. Anotaba mis respuestas, revisaba información y después me permitía continuar hacia otros controles. Lo recuerdo porque daba la impresión de que ni quienes aplicaban las nuevas medidas sabían todavía muy bien cómo hacerlo.
Todos estábamos aprendiendo las reglas de un mundo nuevo.
Desde entonces he hecho más de cien viajes y he estado en unos 35 países. Los aeropuertos se me han vuelto lugares familiares. Uno termina aprendiendo qué sacar de la mochila, qué no llevar, dónde colocar el computador, cuándo tener el pasaporte en la mano. Muchas cosas que hoy hacemos automáticamente habrían resultado extrañas antes de aquel septiembre.
Nos acostumbramos.
Y quizás esa sea la parte que más me interesa veinticinco años después.
Nos acostumbramos a entregar parte de nuestra privacidad a cambio de seguridad. Nos acostumbramos a las cámaras y a los escáneres. Más recientemente nos estamos acostumbrando a sistemas biométricos capaces de reconocer nuestro rostro, a puertas migratorias automáticas y a bases de datos que registran cuándo entramos o salimos de un país.
No digo esto como una crítica automática a esos mecanismos. Muchos tienen una justificación evidente y nadie razonable puede desconocer la responsabilidad de los Estados de proteger a sus ciudadanos frente al terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas.
Pero cada avance plantea una pregunta que no deberíamos dejar exclusivamente en manos de quienes diseñan la tecnología o administran la seguridad.
¿Cuánta libertad estamos dispuestos a entregar para sentirnos seguros?
La pregunta no es nueva. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad tecnológica para ejercer control.
Hace veinticinco años, una cámara en un aeropuerto parecía una herramienta importante de vigilancia. Hoy un sistema puede identificar un rostro entre miles, cruzarlo con información de viaje y relacionarlo con otros datos en cuestión de segundos. Nuestros teléfonos conocen dónde hemos estado y las plataformas digitales saben qué buscamos y con quién interactuamos. La inteligencia artificial amplía todavía más esa capacidad.
A veces aceptamos esos cambios sin detenernos demasiado a pensarlos. Si una tecnología hace más cómoda nuestra vida, tendemos a adoptarla. Si promete seguridad, todavía más.
Yo mismo lo hago.
Me resulta cómodo pasar migración por un sistema automatizado. Y probablemente, como tantos, he aceptado condiciones de privacidad en aplicaciones sin leer más de unas pocas líneas.
La seguridad también es un derecho. El problema aparece cuando comenzamos a pensar que cualquier medida puede justificarse simplemente porque se presenta en nombre de ella.
Una democracia necesita controles, pero también necesita límites para esos controles.
Necesitamos saber quién recopila nuestros datos, para qué los utiliza, cuánto tiempo los conserva y con quién puede compartirlos. Necesitamos mecanismos para corregir errores, porque los sistemas también se equivocan. Y necesitamos proteger particularmente a quienes pueden convertirse en objeto de sospecha por su nacionalidad, su apariencia, su religión o su lugar de procedencia.
Aquí la discusión deja de ser abstracta para República Dominicana.
Tenemos desde 2013 la Ley 172-13 sobre protección de datos personales, pero esa ley no creó una autoridad general e independiente encargada de hacerla cumplir. La Superintendencia de Bancos quedó como órgano de control para los registros destinados a informes crediticios. Un análisis publicado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos señalaba que, siete años después de promulgada la ley, no se habían registrado inspecciones ni sanciones por esa vía.
Mientras tanto, nuestra capacidad tecnológica avanza rápido.
El paso automatizado con pasaporte electrónico, que ya funcionaba en Las Américas y el Cibao, se extendió recientemente a Punta Cana. El viajero coloca su documento en el lector y el sistema consulta sus datos biométricos en la base oficial de la Dirección General de Pasaportes. En los mercados binacionales, Migración también avanza hacia sistemas de reconocimiento facial conectados con sus registros biométricos para controlar el acceso.
Nada de esto es necesariamente incorrecto. Muchas de esas herramientas pueden mejorar la seguridad, hacer más eficientes los servicios y facilitar procesos que antes tomaban mucho más tiempo.
Pero precisamente por eso deberíamos hacer las preguntas ahora.
Cuando Migración anunció en julio su plan de modernización con asesoría técnica de los Emiratos Árabes Unidos, quedó sin precisar cómo se almacenarían y protegerían esos datos, durante cuánto tiempo permanecerían en poder de las autoridades y con cuáles instituciones podrían compartirse.
Son preguntas bastante simples. Y son exactamente las que deberíamos estar haciendo mientras ampliamos nuestra capacidad para recopilar y cruzar información de las personas.
Sería injusto desconocer el otro lado. En un país que enfrenta problemas reales de criminalidad, las cámaras, los sistemas de emergencia y las herramientas de identificación pueden ayudar a prevenir delitos, aportar evidencia y responder con mayor rapidez. El ciudadano que pide mayor seguridad tiene razones legítimas para hacerlo.
Precisamente por eso no creo que el dilema deba plantearse como seguridad contra libertad. Necesitamos ambas. La discusión está en qué límites establecemos y qué controles existen para que una herramienta creada hoy con un propósito legítimo no termine utilizándose mañana para otro.
Y por eso vuelvo a aquel paso por Frankfurt.
La joven agente que me interrogó probablemente estaba haciendo lo que le habían indicado. Yo entendía que acababa de ocurrir un ataque de dimensiones extraordinarias y que los aeropuertos del mundo estaban en alerta. No recuerdo haber sentido que aquello fuera una injusticia contra mí.
Pero sí recuerdo la incertidumbre.
¿Qué estaban buscando? ¿Por qué esas preguntas? ¿Qué hacía que una persona fuera seleccionada y otra no?
Son preguntas que hoy podemos trasladar a sistemas mucho más sofisticados. Cuando un algoritmo decide que alguien representa un riesgo, ¿sabemos cómo llegó a esa conclusión? Cuando un sistema de reconocimiento facial identifica equivocadamente a una persona, ¿quién responde?
No son preguntas contra la tecnología. Son preguntas que debemos hacernos como ciudadanos.
A veces creemos que ejercer ciudadanía consiste sobre todo en votar, respetar las leyes o participar en asuntos comunitarios. También consiste en preguntar cómo se ejerce el poder. Y hoy una parte creciente de ese poder pasa por la información que otros tienen sobre nosotros.
El 11 de septiembre cambió nuestra manera de viajar y también la forma en que entendemos la seguridad. Nos enseñó que amenazas que parecían lejanas podían alterar la vida cotidiana de millones de personas en cuestión de horas.
Veinticinco años después, quizás nos corresponde aprender otra lección: protegernos no puede significar renunciar sin preguntas a aquello que precisamente queremos proteger.
He viajado mucho desde aquel septiembre. Los aeropuertos son más seguros y más tecnológicos. Yo mismo agradezco muchas de esas mejoras.
Pero cada vez que entrego el pasaporte, miro una cámara o coloco mi rostro frente a un lector biométrico, aquella joven agente en Frankfurt vuelve por un instante a mi memoria.
Han cambiado los instrumentos. También cambió nuestra tolerancia a ser observados.
Quizás demasiado rápido nos acostumbramos.
La pregunta, sin embargo, sigue ahí: ¿cómo nos protegemos sin dejar de ser libres?
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