Estamos frente a una continua hemorragia de exámenes de laboratorios, procedimientos médicos, hospitalizaciones y prescripción de medicinas innecesarias. Una tendencia de más de una década que cada vez se agudiza, a costa de la salud de los afiliados, elevando el gasto familiar de bolsillo y minando el equilibrio financiero del SFS.
La SISALRIL y la OPS informaron que entre el 2019 y el 2024 se produjeron 395,248 hospitalizaciones evitables, equivalentes al 16%, que costaron RD$12.4 mil millones.
En 2019 se registraron 3,731 procedimientos y 8,504 para 2024. Solamente por estas autorizaciones en el 2025, SENASA pagó 2,519, 665, 808.75 pesos, siendo el Régimen Subsidiado el más afectado según la SISALRIL.
Las estadísticas de la SISALRIL demuestran la duplicación de los estudios y diagnósticos por afiliados en la última década, sin haber elevado el nivel de salud de la población. Ello indica que casi dos décadas después, todavía estamos privilegiando la medicina curativa sin impulsar la promoción de la salud, ni la prevención de las enfermedades.
El Dr. Pedro Ureña denunció el establecimiento de una relación comercial médico-médico, dedicada a incentivar procedimientos innecesarios, priorizando el lucro por encima del bienestar y la seguridad del paciente. Una falta de ética concentrada en unos cuantos centros privados dedicados a desfalcar al SENASA y a otras ARS.
Los médicos entrevistados indican que el proceso comienza en los hospitales públicos donde una minoría de médicos inescrupulosos diagnostican y refieren a los pacientes subsidiados a centros privados para realizarles cateterismos o angioplastias y colocarles stents, a cambio de coimas o comisiones.
“El ejercicio de la cardiología intervencionista en el país se enfrenta actualmente a una crisis que trasciende lo médico para convertirse en un dilema ético profundo. Existe una corrupción institucionalizada y el elemento más devastador es el sistema de pago por referimientos o “coimas”, que involucran a emergenciólogos, cardiólogos e internistas, según el Dr. Ureña.
El Dr. Fulgencia Severino consideró grave el sometimiento de pacientes a procedimientos innecesarios. Una práctica fraudulenta de vieja data del conocimiento público, sin que ni las autoridades de Salud Pública, ni los gremios profesionales tomen cartas en este delicado asunto. La mayoría de los médicos y PSS cumplen con las Leyes 42-01 y 87-01.
Los especialistas e investigadores consultados mostraron gran preocupación por la falta en el Ministerio de Salud Pública de una vigilancia y supervisión robusta. Además, por la inexistencia del rigor suficiente en el cumplimiento de los protocolos establecidos para el tratamiento y el respeto al derecho de los pacientes.
Estas inconductas demuestran que no basta con eliminar el fraude interno dentro del SENASA. Es necesario detectar y condenar estas prácticas realizadas desde los propios hospitales públicos. Redes de profesionales boicotean los equipos para reducir su capacidad resolutiva y remitir a los pacientes a sus propios consultorios y centros privados.
El PLANDES 2030 del Ministerio de Salud Pública reveló que el 62% de los médicos directores de hospitales son, al mismo tiempo, dueños o directores de clínicas privadas. La gran mayoría de los especialistas que cobran en los hospitales públicos son exitosos profesionales privados con una clientela creciente, evidenciando un claro conflicto de intereses a expensas del sector público.
Estas prácticas desleales forman parte de una embestida constante contra las ARS y el PBS porque exigen mayor eficiencia, prácticas éticas, respeto a los pacientes y cumplimiento de los protocolos. Estas críticas constantes a las ARS obedecen al afán desmedido de lucro y al interés de mantener prácticas espurias y privilegios reñidos con la ética y el juramento hipocrático.
Estos hechos comprobados demuestran una vez más la necesidad de contar con una administración del riesgo bien robusta, capaz de prever y detectar esta hemorragia de prescripciones. En vez de proponer eliminarlas, debemos demandar mayor supervisión para sancionar y eliminar aquellas ARS que no cumplan con la Ley 87-01.
Además, demuestra la necesidad de una auditoría de los recursos humanos del sistema público de salud para premiar al personal dedicado y prescindir de quienes se dedican a ralentizar la cantidad, calidad y oportunidad de los servicios públicos, fomentando una privatización y mercantilización que acentúa el gasto familiar de bolsillo.
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