Tu pensión no está debajo del colchón

El debate sobre los fondos de pensiones volvió a calentarse. Y, como tantas veces en el país, entre cifras, consignas y posiciones interesadas, el ciudadano termina con una sola pregunta: ¿dónde diablos está mi dinero?

Vamos a explicarlo en buen dominicano. Cada mes que usted trabaja formalmente, una parte de su salario entra al sistema. De cada RD$100 de salario cotizable, el trabajador aporta RD$2.87 y el empleador RD$7.10: RD$9.97 en total. De esa suma, RD$8.40 van hoy a su Cuenta de Capitalización Individual. El resto financia el seguro de discapacidad y sobrevivencia, el Fondo de Solidaridad Social y la operación del sistema.

Usted ahorra. Su empleador aporta. Y ese dinero tiene que empezar a trabajar.

El dinero no puede dormirse. Su fondo no es una caja fuerte con su nombre, donde la AFP guarda los mismos billetes durante treinta años. Si fuera así, la inflación se comería una parte grande de su valor.

Piense en el banco. Cuando deposita RD$100,000, no guarda esos mismos billetes en una gaveta: presta e invierte, dentro de las reglas, y le reconoce un rendimiento. Con las pensiones la lógica económica se parece, aunque no sea jurídicamente lo mismo. La AFP no es dueña de su dinero. La cuenta es del afiliado. La administradora invierte bajo la ley y la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, dentro de los límites y clasificaciones de riesgo establecidos.

Además, la ley obliga a cada AFP a garantizar una rentabilidad mínima del fondo, calculada por la Sipen respecto del promedio del sistema. Si el rendimiento queda por debajo de ese mínimo, la administradora debe cubrir la diferencia con su Cuenta de Garantía de Rentabilidad y, si esta no alcanza, con su propio patrimonio. Eso no garantiza cada inversión ni elimina las fluctuaciones temporales.

¿Dónde se coloca? En títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, instrumentos financieros, bonos de empresas, fondos de inversión y otros activos autorizados.

En criollo: una parte importante de nuestros fondos está prestada e invertida en la propia economía dominicana. Financia al Estado, al sistema financiero y, cada vez más, proyectos privados. Quienes reciben ese financiamiento pagan intereses, mientras otras inversiones generan rendimientos. Ese dinero vuelve al fondo.

El tercer aportante que usted no ve. A su pensión no aporta solo usted ni solo su empleador. Hay un tercer aportante: el tiempo, a través de la rentabilidad.

Andrés Dauhajre hijo acaba de ponerlo en números. Con datos a junio de 2026, las cuentas de capitalización individual sumaban unos RD$1.32 billones. De ese total, unos RD$263,400 millones correspondían a aportes de los trabajadores; RD$555,400 millones, a aportes de los empleadores; y RD$500,900 millones los había generado la rentabilidad.

En números redondos, de cada RD$100 acumulados, unos RD$20 los aportó usted, RD$42 el empleador y RD$38 los generaron las inversiones. Casi cuatro de cada diez pesos no corresponden a aportes directos del trabajador ni del empleador: los produjo el dinero trabajando.

Y mientras más joven se empieza a cotizar, más pesa ese tercer aportante. Es el interés compuesto: el rendimiento también empieza a producir rendimiento.

Entonces, ¿por qué la pensión puede quedar baja?

Que la capitalización funcione no quiere decir que el sistema esté bien resuelto. El primer problema es simple: aportamos poco. La tasa total es 9.97 % y solo 8.40 % llega a la cuenta individual. Es baja frente a otros sistemas —aunque sus diseños no sean idénticos—: 12.4 % en Estados Unidos, 16 % en Colombia y El Salvador, y 22.5 % en Uruguay.

El segundo puede ser peor: cotizamos poco tiempo. La informalidad hace que un dominicano pueda trabajar treinta años sin haber cotizado treinta. La propia Sipen ha advertido que, en promedio, se cotiza alrededor de cuatro de cada diez meses de la vida laboral.

La pregunta es elemental: ¿cómo vamos a sacar una pensión digna si aportamos poco y, encima, dejamos hoyos enormes en el camino? No hay ingeniería financiera que haga ese milagro.

Por eso el debate serio está ahí: cómo subir gradualmente la tasa de aporte, incorporar más trabajadores independientes e informales, aumentar la densidad de cotización, bajar costos, mejorar la competencia entre las AFP y diversificar mejor las inversiones. La Superintendencia ha planteado llevar la cotización total, de forma gradual, desde 9.97 % hasta cerca de 15 % en ocho años. Ese sí es un debate de país.

Formalizar una empresa no consiste únicamente en registrarla para que pague impuestos. Formalizar un empleo no es llenar papeles ni aumentarle cargas al pequeño empresario. La formalización es la puerta de entrada del trabajador a la seguridad social: pensión, seguro de salud, cobertura frente a accidentes laborales y protección para su familia en caso de discapacidad o fallecimiento.

Cuando una empresa permanece informal, no solo deja de contribuir al fisco: con frecuencia deja al trabajador envejeciendo sin pensión. Y cuando el Estado impone trámites, costos y reglas que hacen demasiado difícil formalizarse, empuja a miles de pequeños negocios y trabajadores fuera del sistema que debería protegerlos.

Formalizar exige las dos puntas. Las empresas deben cumplir sus responsabilidades laborales y sociales. El Estado debe simplificar procesos, reducir costos de entrada, facilitar el registro de las mipymes y diseñar mecanismos flexibles para los trabajadores independientes y para quienes tienen ingresos variables.

La formalidad no puede sentirse como un castigo: tiene que ser una oportunidad para crecer, acceder al crédito, contratar con seguridad y proteger al trabajador. Sin más empresas formales y más empleos formales, cualquier reforma de pensiones estará tratando los síntomas sin corregir la enfermedad.

¿Y por qué no me dan mi dinero ahora?

Es la pregunta más fácil de vender: “Si es mío, entréguenmelo”. La primera parte es cierta: el dinero es del trabajador. La segunda no se sigue sola. Una cuenta de pensión no es una cuenta de ahorro a la vista. Tiene un propósito: sostener el ingreso cuando usted deje de trabajar.

Si convertimos el fondo en caja chica para cada apuro de hoy, resolvemos una necesidad presente y fabricamos otra mayor mañana. Cuando usted saca RD$100 a los 30, 40 o 45 años, no pierde solo esos RD$100: pierde también lo que habrían producido en los siguientes veinte o treinta años. No se saca únicamente capital. Se saca tiempo.

Tampoco aparece riqueza nueva. Un retiro masivo puede sentirse como alivio porque el dinero llega a la cuenta. El país no se hizo más rico: transformó ahorro de largo plazo en consumo de corto plazo. Para entregar ese efectivo, parte de los activos tendría que vencerse o venderse. Una salida grande puede presionar las tasas, los precios de los activos, el financiamiento e incluso la inflación. No hay almuerzo gratis.

Esta lógica no termina en el afiliado: la misma disciplina que se exige al dueño del ahorro debe exigírsele, con mayor razón, al Estado.

Pero tampoco hay cheque en blanco para las AFP

Defender el ahorro previsional no es defender a ciegas a las administradoras. Son empresas privadas y cobran por administrar. En 2026 la comisión anual sobre saldo puede llegar hasta 0.90 % y debe seguir bajando hasta 0.75 % en 2029.

El ciudadano tiene derecho a preguntar: ¿estamos obteniendo la mejor rentabilidad posible para el riesgo que se asume? ¿Hay competencia de verdad? ¿Son transparentes todos los costos? ¿Se pueden lograr mejores pensiones pagando menos por administrarlas?

Y hay una pregunta todavía más importante: ¿para qué se está utilizando el ahorro más grande y de más largo plazo que ha acumulado la sociedad dominicana?

Fondos de pensiones para financiar desarrollo

La Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley en 2012, plantea una economía sostenible, integradora y competitiva; un sistema efectivo de protección social; empleos dignos; y la movilización del ahorro interno hacia la inversión productiva. El sistema de pensiones coincide con esa visión. Pero esa coincidencia no debe quedarse en el papel.

La magnitud de los fondos obliga a establecer reglas claras para que, preservando la seguridad, la rentabilidad y la diversificación que corresponden a los trabajadores, una proporción creciente —y mucho mayor que la actual— financie proyectos privados productivos e infraestructura pública capaz de aumentar la capacidad económica del país.

El riesgo no es teórico. En junio de 2026 la Sipen informó que cerca del 60 % de los fondos estaba invertido en el sector público —bonos de Hacienda y del Banco Central—, mientras alrededor del 20 % se destinaba a proyectos privados a través de fondos de inversión.

Conviene distinguir: los títulos del Banco Central responden a objetivos de política monetaria; la preocupación fiscal se concentra en la deuda de Hacienda y en el destino que finalmente se da a esos recursos.

Financiar al Estado no es el problema. El problema es para qué se usa el dinero. No es lo mismo una carretera, un acueducto, un puerto u otra obra que aumente la capacidad productiva, que utilizar el ahorro de los trabajadores como fuente habitual para cubrir nóminas, subsidios permanentes o déficits corrientes.

Cuando esos recursos sostienen el gasto corriente, no dejan una empresa, una infraestructura ni un activo capaz de ayudar a pagar mañana la deuda asumida hoy. Convierten ahorro de largo plazo en alivio presupuestario de corto plazo. Lo que hoy parece un bálsamo fiscal puede convertirse en un cáncer financiero para las próximas generaciones.

No sería responsable permitir que el afiliado retire su ahorro para gastarlo hoy. Tampoco lo es mantenerlo cautivo como fuente cómoda de financiamiento del gasto corriente estatal. Si al dueño se le impide consumirlo para no hipotecar su vejez, al Estado no se le puede permitir absorberlo para hipotecar las cuentas públicas de mañana. Esa creciente dependencia puede estar convirtiéndose en uno de los principales riesgos fiscales y productivos del país.

El ahorro previsional es dinero de largo plazo y debe financiar desarrollo de largo plazo. El objetivo no es obligar a invertir en proyectos malos por llamarlos “obras de desarrollo”. La primera obligación sigue siendo proteger el dinero del trabajador y obtener una rentabilidad adecuada.

Dentro de ese marco, el país debe crear suficientes instrumentos seguros y rentables, con límites prudentes a la concentración, transparencia y rendición de cuentas sobre cuánto se coloca en el Estado, cuánto llega al sector privado y qué resultados genera.

Así ganan las dos puntas: el trabajador obtiene rendimiento para su retiro y el país recibe financiamiento de largo plazo para crear empresas, infraestructura y empleos. Más empleos formales producen más cotizantes y fondos más sólidos. Ese es el círculo virtuoso que debemos construir.

Ni “me lo robaron” ni “todo está perfecto”

Ese es el hueco del debate dominicano: nos empujan a dos extremos. De un lado, que las AFP se llevaron los cuartos. Del otro, que no hay nada que cambiar. Ninguno describe la realidad.

Los fondos existen. Están en cuentas individuales, están invertidos y producen rentabilidad. También es cierto que aportamos poco, cotizamos poco, tenemos una informalidad demasiado alta y el sistema todavía puede ser más competitivo, más barato y más productivo.

El problema no es que el dinero esté invertido. Precisamente tiene que estarlo. El problema es lograr que cada trabajador ahorre lo suficiente, durante suficiente tiempo, con buenos rendimientos y costos razonables, para retirarse con dignidad.

Y, al mismo tiempo, que ese inmenso ahorro financie el país que esos mismos trabajadores necesitarán ahora y cuando se retiren: con más infraestructura, más empresas, más productividad y más y mejores empleos formales.

En buen dominicano: su pensión no debe estar debajo del colchón. Tiene que trabajar. Lo que debemos vigilar es que trabaje, sobre todo, para usted; y que el Estado no la use como atajo fiscal. Sin ponerla en riesgo, debe ayudar a construir un mejor país para todos.