La discusión sobre la reelección se relaciona directamente con la sostenibilidad del sistema propio de pensiones de la UASD. La institución cuenta con una estructura destinada a garantizar la jubilación de sus servidores universitarios. Como todo sistema previsional, su estabilidad depende del equilibrio entre ingresos, aportes, número de beneficiarios, monto de las pensiones, esperanza de vida, crecimiento de la nómina y capacidad financiera institucional.
De acuerdo con las cifras planteadas en este análisis en agosto (2026) fueron aprobadas pensiones para 153 docentes y 117 servidores administrativos. Si se utiliza, únicamente como ejercicio hipotético, una pensión promedio mensual de 100,000.00 pesos para cada docente, el costo mensual ascendería a 15,300,000 millones pesos. Esta cifra no incluye las pensiones del personal administrativo, ni otros costos asociados al retiro, como sustituciones, prestaciones, ajustes y nuevas designaciones.
El cálculo debe interpretarse con prudencia. Una pensión promedio uniforme puede no reflejar la realidad salarial de todos los beneficiarios, y las cifras definitivas deben ser verificadas mediante las nóminas oficiales y un estudio actuarial. No obstante, el ejercicio permite advertir la dimensión financiera del problema.
La presión aumenta cuando se observan simultáneamente tres fenómenos: Crece el número de pensionados, disminuye proporcionalmente la cantidad de servidores activos que sostienen el sistema y la institución debe contratar o designar nuevos docentes para cubrir las vacantes.
Por tanto, el costo real no se limita al pago de las pensiones. También incluye el costo de reemplazo, la incorporación de personal nuevo y la necesidad de financiar la formación de quienes ocuparán las posiciones vacantes.
La necesidad de un estudio actuarial independiente
Ninguna reforma del sistema de pensiones debe basarse exclusivamente en percepciones políticas o cálculos aproximados. Se requiere un estudio actuarial integral, actualizado y público, que permita determinar: El número actual de afiliados activos y pensionados, la edad promedio de los servidores universitarios, los años de servicio acumulados, la relación entre cotizantes y beneficiarios, el valor presente de las obligaciones futuras, las fuentes permanentes de financiamiento y el impacto de las nuevas pensiones durante los próximos 10, 20 y 30 años.
Ese estudio debe servir para construir distintos escenarios. En el escenario inicial, se mantiene la tendencia actual de jubilaciones y nuevas designaciones. En el escenario de reforma, se aplican medidas para prolongar voluntariamente la permanencia de docentes activos, mejorar la planificación del retiro y fortalecer los ingresos del fondo. La comparación permitiría determinar qué medidas son financieramente sostenibles.
No sería prudente trasladar automáticamente toda la responsabilidad al Estado, aunque la participación estatal puede ser necesaria por la naturaleza pública de la UASD. La solución debe combinar responsabilidad institucional, apoyo presupuestario público, eficiencia administrativa, gestión profesional del fondo y reglas previsionales transparentes.
La futura legislación del sector educativo podría constituir una oportunidad para discutir el financiamiento del sistema de pensión de la UASD. Sin embargo, la universidad no debe esperar pasivamente una respuesta legislativa. Debe producir sus propios diagnósticos, formular propuestas y demostrar técnicamente la necesidad de cualquier apoyo financiero.
Reforma integral y protección del capital humano
La reforma de la UASD debe superar la discusión limitada a la duración de los mandatos. La reelección por dos períodos puede ser una herramienta útil, pero no resolverá por sí sola la descapitalización intelectual ni la crisis previsional.
Se necesita una política integral basada en cinco líneas de acción:
Al mismo tiempo, la sostenibilidad del sistema propio de pensiones exige una intervención urgente. La universidad necesita conocer con precisión sus obligaciones futuras, fortalecer su planificación financiera y evitar que cada ciclo de jubilaciones produzca una combinación insostenible de pensionados, nuevas designaciones y pérdida de experiencia académica.
La UASD no puede darse el lujo de perder a sus docentes más formados sin una estrategia de transición. Tampoco puede continuar funcionando como un campo electoral permanente, en el que la lucha por los cargos desplace la misión esencial de crear conocimiento y formar ciudadanos.
El desafío consiste en modernizar la universidad sin desprenderla de su historia, renovar sus liderazgos sin destruir su memoria institucional y garantizar la alternabilidad sin sacrificar la continuidad. La defensa de la UASD exige conservar y multiplicar su principal riqueza: el capital intelectual que la convierte en reservorio científico, educativo y cultural de la nación dominicana.
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