Hay acuerdos petroleros que se miden en barriles. Y hay otros que deben medirse en poder. El pacto anunciado por la Casa Blanca con North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, pertenece a la segunda categoría. La empresa obtuvo concesiones por 100 años sobre 17 campos con unos 65,000 millones en barriles de reservas probadas, con una participación del 35% para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, derechos preferenciales sobre parte de la producción y una inversión proyectada de hasta US$100,000 millones para reconstruir la industria petrolera venezolana.

La magnitud económica es enorme. Pero su verdadero significado está en otra parte. Washington está intentando convertir a Venezuela en una pieza de su arquitectura de seguridad energética. La pregunta, por tanto, no es solamente cuánto petróleo tiene Venezuela. La pregunta estratégica es qué petróleo tiene, qué refinerías pueden procesarlo y qué rutas debe recorrer para llegar al mercado.

Ahí aparece una de las claves menos visibles de esta operación. El petróleo venezolano es, en buena medida, pesado y agrio: contiene más azufre y requiere procesos de refinación más complejos que los crudos ligeros y dulces. Pero esa aparente desventaja se transforma en una ventaja cuando se observa la estructura industrial estadounidense.

Estados Unidos produce enormes cantidades de petróleo ligero y dulce, especialmente desde la revolución del “shale” o esquisto. Sin embargo, una parte importante de sus refinerías fue diseñada o adaptada para procesar crudos pesados y agrios importados. Las grandes instalaciones de la Costa del Golfo de México y de la Costa Oeste pertenecen precisamente a ese sistema.

Por eso Venezuela puede ofrecer a Estados Unidos algo que no se puede medir simplemente en reservas: compatibilidad industrial.

En 2025, el 88% del crudo importado desde los países productores del Golfo Pérsico correspondió a variedades medianas y agrias. Es decir, incluso una potencia petrolera como Estados Unidos continúa necesitando determinados tipos de crudo extranjero para alimentar eficientemente su aparato de refinación.

Venezuela aparece entonces como una pieza complementaria y la geografía hace el resto. El petróleo procedente del Golfo Pérsico está condicionado por una de las zonas más peligrosas del planeta. Para alcanzar los mercados internacionales debe atravesar rutas marítimas cuya estabilidad depende de equilibrios militares y políticos cada vez más frágiles. El estrecho de Ormuz es el ejemplo más evidente.

Venezuela está en otra posición. Se encuentra en el hemisferio occidental, relativamente cerca de las grandes refinerías estadounidenses y fuera de las principales rutas energéticas sometidas a las tensiones militares de Oriente Medio. Eso no significa que Caracas pueda reemplazar a Arabia Saudita, Irak o los demás productores del Golfo Pérsico. Sería una exageración hacer tal aseveración.

Pero sí significa que Venezuela puede convertirse en una reserva estratégica hemisférica de crudo pesado, capaz de ofrecer a Washington una alternativa adicional cuando las rutas tradicionales estén bajo presión. Y en geopolítica energética, tener alternativas equivale a tener poder de negociación.

Pero existe otra dimensión todavía más profunda. Durante años, Venezuela fue escenario de una competencia silenciosa entre Washington, Moscú y Beijing. China y Rusia aprovecharon el aislamiento de Caracas para construir posiciones financieras, comerciales y energéticas. Ahora Estados Unidos intenta recuperar ese espacio.

La entrada masiva de capital estadounidense en la industria petrolera venezolana no representa solamente una oportunidad empresarial. Puede significar un cambio en quién controla la infraestructura, la tecnología, los flujos de producción y, finalmente, la orientación estratégica de uno de los mayores depósitos de hidrocarburos del planeta.

El petróleo deja entonces de ser simplemente una mercancía. Se convierte en infraestructura de poder. Pero Washington enfrenta una dificultad que ningún anuncio político puede resolver: las reservas venezolanas no se transformarán automáticamente en producción.

Décadas de deterioro, falta de inversión, pérdida de capacidad técnica y problemas de infraestructura han reducido considerablemente la capacidad de la industria. Reconstruirla requerirá enormes cantidades de capital, tecnología, personal especializado y tiempo.

Especialistas como Jorge Piñón, Erick Sánchez Salas y José Toro Hardy o firmas energéticas como Rystad Energy, estiman que una recuperación plena podría tomar entre 10 y 15 años, lo que nos obliga a mirar este acuerdo con una perspectiva distinta.

No se trata únicamente de cuánto petróleo puede producir Venezuela mañana. Se trata de quién estará mejor posicionado para controlar ese petróleo cuando el mercado energético mundial vuelva a enfrentar una crisis.

Ahí está la verdadera apuesta de Trump. Estados Unidos ya tiene a Canadá y México como proveedores fundamentales del hemisferio. Venezuela podría añadir una tercera dimensión: enormes reservas de crudo pesado relativamente próximas a su sistema de refinación.

No es sustitución, es diversificación y la diversificación energética es parte de la seguridad energética que es un componente fundamental de la seguridad nacional. Por eso este acuerdo no debería analizarse únicamente desde la perspectiva de los precios de la gasolina o de la recuperación económica venezolana. Su alcance es mucho mayor.

Washington está intentando construir una especie de segunda línea de defensa energética frente a un mundo en el que las guerras, las sanciones, los bloqueos y las interrupciones marítimas pueden alterar el mercado petrolero en cuestión de días.

Si la estrategia funciona, Venezuela podría pasar de ser una potencia petrolera aislada a convertirse en un componente estratégico de la seguridad energética estadounidense y eso modificaría también el equilibrio de poder en el hemisferio. Porque el nuevo mapa energético mundial no se dibuja únicamente sobre los yacimientos.

Se dibuja sobre las refinerías, los oleoductos, los puertos, los barcos, las rutas marítimas y, sobre todo, sobre la capacidad de decidir quién controla cada eslabón de la cadena. Trump no está mirando solamente los barriles que Venezuela tiene bajo tierra. Está mirando el poder que esos barriles pueden representar sobre la superficie. Y en la geopolítica del petróleo, quien controla las alternativas controla buena parte del futuro.

Alfredo de la Cruz

Alfredo De la Cruz, es un politólogo e ingeniero con maestría en relaciones internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en defensa y seguridad nacional por el Instituto Superior para la Defensa general Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE). Posee estudios especializados en sistemas de información geográfica por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es consultor de la Comisión Nacional de Energía.

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